¿Quién gana con la reforma migratoria?

Barack Obama no se ha rendido con la reforma migratoria, una de las promesas que lo llevó a la Casa Blanca. Pero el tema no parece ser prioridad para un Congreso dividido, donde los republicanos buscan frenar cualquier iniciativa del presidente.

El Senado aprobó en julio un proyecto de ley que ofrecería caminos para la legalización de los más de once millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, pero desde entonces la medida está estancada en la Cámara de Representantes.

Una vez superado el “cierre” parcial del gobierno, Obama retomó con fuerza el asunto y en casi todos sus discursos insiste en la  inmediata aprobación de la reforma.

“Esto tiene un fuerte apoyo bipartidista”, afirmó recientemente. “Mi  predecesor, George W. Bush, fue un gran defensor (de la idea).  Tenemos un fascinante conjunto de gente, algunos muy liberales, otros muy conservadores, que creen que ahora es el momento para hacerlo”.

La semana pasada, en una reunión con los principales ejecutivos de  empresas como Motorola o McDonalds, Obama afirmó que no busca “una ventaja política”, sino “una sustancial victoria para la economía estadounidense”.

Las consecuencias económicas de la reforma marcan algunos debates en torno a su aprobación o no. “Aunque se producen efectos económicos positivos y negativos, que pueden variar por regiones y sectores de Estados Unidos, en mi opinión el saldo de los flujos migratorios es positivo”, dijo a Cubahora el doctor en Ciencias Económicas Luis René Fernández Tabío, del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos (CEHSEU) de la Universidad de La Habana.

“Es un aporte sustancial al crecimiento”, remarcó. “Provee no solamente fuerza de trabajo joven y suma decisivamente al aumento de la demanda, sino que aporta cerebros para el desarrollo de la técnica, la educación y las investigaciones”.

El proyecto aprobado por el Senado no garantiza la ciudadanía inmediata a todos los indocumentados; eso sería un largo camino y en algunos casos tendrían que conformarse con residencias o permisos de trabajo. Esto último es también polémico, pues algunos opinan que los inmigrantes desplazan a la fuerza de trabajo nativa, algo sensible en un país donde el desempleo alcanza al 7,3 por ciento de la población.

Sin embargo, Fernández considera que esa interpretación desconoce la segmentación del mercado laboral. “En la mayoría de los casos los inmigrantes se emplean en puestos que no acepta la mayoría de los estadounidenses y solucionan múltiples problemas, desde el trabajo agrícola, jornaleros en cosechas de estación, construcción, hasta el servicio doméstico, o en cafeterías y otros negocios de esa índole”.

Según un estudio del Centro de Política Bipartidista (BPC, por sus siglas en inglés) —un tanque pensante con sede en Washington DC—, la aprobación de la reforma migratoria incrementaría el crecimiento económico en 2, 8 por ciento en la próxima década y en 4,8 por ciento en un periodo de 20 años. Además, ayudaría a contrarrestar el envejecimiento poblacional, pues el 94 por ciento de los nuevos residentes legales sería menor de 65 años.

La contribución que ya hacen con su trabajo los indocumentados en Estados Unidos, aumentaría si fueran legalizados. Crecería la transparencia y justeza de los salarios que pagan los empleadores, lo cual se traduciría en más impuestos y mayor demanda.  

El rechazo a la aprobación de la reforma es más ideológico que económico. Inmigrantes regularizados, algunos de ellos naturalizados, significan votantes latinos —sobre todo— contentos con Obama. Por otra parte, los más conservadores temen que se altere la composición demográfica de la sociedad estadounidense, y la identidad nacional que defienden y caracterizan como “blanca, anglosajona y protestante”. 

Así, el objetivo de un eventual cambio legislativo sería, según Fernández, “aceptar y filtrar en todo lo posible los inmigrantes y legalizar, o controlar los trabajadores que son necesarios y convenientes, y al mismo tiempo retardar o minimizar el proceso de incorporación a la sociedad con plenos derechos. De esa forma se logran los beneficios económicos y se reducen los efectos políticos y sociales negativos desde la perspectiva del sistema de valores aceptado como propio dentro de esa sociedad”.

Por el momento, habrá que esperar para conocer el futuro de los indocumentados en Estados Unidos. Parece difícil que el tema se mueva en el Congreso en lo que queda de año y será aún más complejo mientras se acerquen las elecciones de medio término de noviembre de 2014.