Brasil-Colombia: Estrategias políticas contra movimientos sociales

Los movimientos sociales juegan un importante rol en la movilización política y social a nivel planetario, un fenómeno que también involucra a América Latina, lo cual quedó demostrado en los últimos tres meses en Brasil y Colombia, este último país aún en un paro nacional agrario que resiste las embestidas gubernamentales.

En junio pasado, como un gigante que se mueve lentamente hasta ponerse de pie, la opinión pública mundial fue sorprendida con las manifestaciones de millones de personas en Brasil, quienes exigían al gobierno de la petista Dilma Rousseaf transparencia en los gastos públicos, atención a la salud y la educación, reducción en los precios de los pasajes, entre una larga lista de necesidades sociales que, al parecer, no constituyeron hasta entonces prioridades del Gabinete.

Apareció como líder de las movilizaciones la organización Pase Libre, integrada por estudiantes que, como sus homólogos chilenos, reclaman una educación gratuita, digna y de calidad. Pero a estos miles de alumnos se unieron otros movimientos de diverso carácter, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos.

Sabiendo que estaba en juego la estabilidad nacional, pues mientras el papa Francisco de visita en Río de Janeiro ofrecía misas, la gente seguía en la calle, la presidenta Rousseaf se pasó al bando de los movilizados, acusó al Congreso Nacional de no dejarla gobernar, y lo que hubiese sido un revés la fortaleció políticamente. Sin embargo, el mensaje fue claro: el pueblo no está dormido, y, o cumplen sus promesas electorales o salen del Palacio del Planalto, de las gobernaciones y de las alcaldías.

Además, para empezar a apaciguar la ira de los indignados brasileños, la jefa de gobierno hizo de inmediato reuniones con los involucrados en las manifestaciones, concertó un pacto nacional y prometió impulsar los cambios pedidos por los movimientos políticos y sociales. Una jugada política con la que convenció a las masas, al menos de momento. El gobierno respiró aliviado, pues dominó las calles, aun cuando hubo varios muertos y cientos de detenidos, además de una imagen poco creíble del país que acogerá las Olimpiadas de 2016.

Los propietarios de empresas de ómnibus, aunque a regañadientes, bajaron los precios del pasaje y dieron un pase libre de transporte a los estudiantes; mientras, el Congreso Nacional, en lo que la presidenta catalogó de “victoria histórica”, consideró la aprobación de una ley que destina el 75 % de las regalías del petróleo a la educación y el 25 % a la salud. Es mucho el dinero que corre en las cámaras brasileñas como para poner en riesgo un escaño.

La mandataria destacó que, aparte del dinero de las regalías, su gobierno destinará a esos dos importantes sectores la mitad de un fondo social creado en 2010, además de recursos de los nuevos yacimientos petroleros descubiertos en aguas ultra profundas de la costa brasileña.

Las regalías por concepto del petróleo equivalen a más de 45 mil millones de dólares, cifra que se hará efectiva en el presupuesto de 2014, con los primeros 800 millones de dólares.

¿Qué le faltó a la presidenta, cuya popularidad se despeñó en aquellos días a casi un 25 %? No prosperó la solicitud hecha al Congreso para instalar una Asamblea Constituyente que redactara una nueva Carta Magna para reestructurar el país. De eso nada, dijeron diputados y senadores, que se inclinaron por una consulta popular al respecto, sin fecha fija.

Ahora, Colombia vive, pero con más tensión, dada la represión del gobierno de Juan Manuel Santos, una situación similar a la de Brasil, pero con características propias. Un paro nacional agrario, iniciado hace más de una semana por grupos productores, reclama la entrega de tierras que serán vendidas a trasnacionales y rápidas transformaciones que mejoren la vida del campesinado, como exigen en Catacumbo desde hace meses, sin solución a la vista.

Manifestaciones, marchas, plantones, bloqueos de carreteras y otros signos de rebeldía se han evidenciado en los 25 departamentos colombianos, donde los campesinos han tenido la solidaridad de trabajadores de otras ramas de producción y servicios, entre ellos más de 300 mil docentes.

Con gran dignidad, los protagonistas del paro —de gran importancia nacional pues involucran también a indígenas, afro-descendientes y mestizos, que son pequeños productores de leche, café, cebolla, papa, y otros alimentos— se mantienen luchando.

Los resultados, sin embargo, no han sido —opinan analistas internacionales— tan importantes como los logrados por las movilizaciones brasileñas. La represión desplegada por el aparato militar colombiano y la estrategia del gobierno de ir desmembrando el movimiento con reuniones sectoriales, la carencia de un pliego de demandas único, sin liderazgo definido, minimizan la repercusión a nivel social de las protestas, invisibles además para la prensa colombiana, salvo excepciones.

El mandatario, al contrario de Rousseaf, quien condenó la represión de la Policía Militar, mostró su mano dura y advirtió que no permitiría un paro nacional “cueste lo que cueste”, a fin de debilitar los procesos de organización popular.

Este “cueste lo que cueste” ya ha sumado tres muertos y cientos de detenidos. El presidente, exministro de Defensa del derechista y acusado de sicario Álvaro Uribe, ordenó darle “tratamiento de guerra” a la protesta de la sociedad colombiana, tratando de atemorizar a los indignados.

Incluso las fuerzas del Ejército y la Policía (ESMAD) tratan de desbloquear las carreteras, donde aún hay resistencia, a fuerza de golpes y gases lacrimógenos, dada la orientación de realizar un “operativo contundente”. La crueldad de los soldados es tanta que han invadido los pequeños campamentos donde los movilizados guardan su comida y la han robado para tratar de matarlos de hambre y hacerlos retornar a las empobrecidas áreas donde viven.

Esta última semana hubo grandes movilizaciones, en especial campesinas, en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Santander, norte de Santander, sur de Bolívar, Casanare, Arauca, Meta, Caquetá, Putumayo, Cauca, Nariño, Huila y Tolima.

Sin embargo, son municipios lejanos de Bogotá, obstaculizados por la fuerza militar del gobierno que les impiden concentrarse en vías de comunicación centrales, mientras los estigmatizan en los medios privados de comunicación.

Esta es parte de la estrategia del gobierno de Santos para destruir el paro nacional. Su posición ahora, además de responsabilizar a los movimientos sociales con obstaculizar el libre tránsito de ciudadanos, es hacer pactos bilaterales para debilitarlos, en especial con los campesinos que más presionaron, o con sectores importantes, como los de los camioneros; tratando de impedir la reactivación de las protestas que comenzaron los cafetaleros en febrero y marzo pasados.

Este paro nacional recibe el apoyo no solo de los docentes, sino también de trabajadores de la salud, estudiantes, obreros, y otros sectores populares, que se les han unido de manera masiva con consignas tan importantes como “Abajo los TLCs” (Tratados de Libre Comercio firmados con Estados Unidos, y la Alianza del Pacífico), y “Devuelvan lo nuestro”, lo cual demuestra el rechazo popular a las políticas neoliberales y antipopulares que defiende Santos.

Cada día gana más adeptos en Colombia la estrategia de consignas unitarias, pues la política del gobierno de Santos, como antes de Uribe —quien permitió la instalación de siete bases militares estadounidenses— solo compromete al país a mayor índice de pobreza y miseria, y a la supresión de los derechos humanos.

Luego de las demostraciones dadas por los movimientos sociales en América Latina en otras circunstancias —apoyo a los gobiernos progresistas, concentraciones ante peligros de golpe de Estado—, y ahora en reivindicación de los derechos ciudadanos en varios países, se demuestra que la fuerza del pueblo está siempre latente y que mucho trabajo le costará a Estados Unidos apoderarse de nuevo de esta región, a pesar de la fuerza embestida de los últimos meses.