El tsunami político en Colombia

Desde hace ocho semanas, la gran masa campesina de Colombia, y maestros, médicos, mineros, indígenas y afrodescendientes, entre otros grupos y sectores que se le han sumado, revelaron la crisis económica y social de esa nación suramericana, atada a tratados de libre comercio con Estados Unidos, con la Alianza del Pacífico, y a partir de esta semana con Panamá.

Para el presidente Juan Manuel Santos, ministro de Defensa del ex mandatario Álvaro Uribe —un títere de Washington presuntamente vinculado al narcotráfico—, la explosión social que bloqueó carreteras y paralizó 22 departamentos resultó una sorpresa, pues desde hacía décadas no surgía en Colombia un movimiento organizado de tan amplio espectro.

En un esfuerzo por derrotar esa ola popular, que comenzó con los campesinos, de los cuales seis millones viven en pobreza, el mandatario creó las llamadas mesas de diálogo y el Pacto Nacional Agrario. En las primeras se ha tratado de conciliar los antagónicos intereses de las partes, integradas por latifundistas vinculados al gobierno y hombres y mujeres del campo, la gran mayoría sin muchas esperanzas de que se cumplan las promesas oficiales.

Incluso, los altos dirigentes de las movilizaciones ni siquiera quisieron asistir la pasada semana al encuentro con el Presidente en Bogotá, donde se suscribiría un Pacto Nacional, pues dijeron no sentirse representados por los gremios. Voceros de la Mesa de Interlocución Agrícola (MIA), aclararon que, si bien desbloquearon las vías en el sur del país, ello no significaba que se suspenderían las movilizaciones.

Santos firmó el primer día de la cita una serie de decretos, sin escuchar las demandas campesinas. El ministro del Interior, Aurelio Iragorri, apuntó después que en las primeras horas del encuentro reinaban el descontento y la desconfianza entre los gremios rurales.

Entre las medidas, el Presidente adoptó las de dejar en cero el arancel para productos agrícolas y control del precio de los insumos, el fortalecimiento del Ministerio de la Agricultura y otras dirigidas a mejorar la situación en las zonas productoras.

Pero la respuesta del ejecutivo colombiano —del cual fueron despedidos cinco ministros en el auge de los enfrentamientos— fue tardía, luego de seis semanas de paralización nacional. El saldo de la violencia militar fue desolador: 12 muertos, cuatro desaparecidos, 485 heridos, 21 de ellos con armas de fuego; 600 casos de violaciones a los derechos humanos e individuales; 262 detenciones arbitrarias y 51 casos de ataques indiscriminados de los uniformados a la población.

Los  reclamantes, que quieren impedir que el gobierno entregue más tierras a las empresas trasnacionales, despojándolos de su precario medio de sustento, sufrieron, por orden del jefe de gobierno, las agresiones de soldados y policías, quienes se ensañaron disparándoles a personas desarmadas, cuya principal arma fue el bloqueo de vías para impedir la comunicación entre departamentos.

El Paro Nacional Agrario y Popular, que puso en jaque a Santos y su equipo, constituye una respuesta a la crisis del campesinado y de la nación en su conjunto, pues las políticas neoliberales han empobrecido a una gran parte de la población rural. Los campesinos acusan al gobierno de emplear modelos económicos que favorecen a los terratenientes, ganaderos y trasnacionales, y de importar productos subsidiados que quiebran sus débiles economías.

La gran minería trasnacional —insertada en el programa económico neoliberal— ha engullido a los pequeños mineros, destruyendo comunidades y apropiándose de territorios.

El despojo en el campo ha sido tal que los agricultores ya no pueden guardar sus propias semillas para producir, lo cual amenaza la soberanía alimentaria y favorece a los grandes monopolios, ahora dueños de semillas e insumos agrícolas.

Para resolver estos acuciantes problemas, que chocan con los intereses del gobierno y de sus socios capitalistas e imperialistas, sería preciso reestructurar a fondo el Estado, propósito que no parece tener en mente el presidente Santos.

Mientras, las demandas campesinas, devenidas propuestas en las Mesas, son claras. Entre las primeras están avanzar hacia una reforma agraria que elimine los grandes latifundios, donde se concentra la mayor cantidad de la tierra cultivable; anulación de los Tratados de Libre Comercio, que afectan a los productores nacionales, y avance en la integración de Colombia, de manera justa y solidaria, con el resto de América Latina. 

Como el movimiento agrario y popular no da por cerrada esta lucha por sus derechos, el próximo mes celebrarán una Cumbre Agraria y Popular, que tendrá a Bogotá como sede y cuyo lema es Paz con justicia social.

Como consecuencia del estallido popular, el presidente Santos ha visto reducirse sus índices de popularidad. Encuestas de opinión muestran que temas sensibles como el desempleo están manipulados por el gobierno, que solo considera desocupados a 2,2 millones de personas. De ahí que, en agosto pasado, el 74 por ciento de los colombianos reprobara la manera en que el problema fue manejado por el Presidente.

La pobreza, también según el gobierno, se redujo, pero si se midiera por índices usados antes se vería que en realidad creció un cinco por ciento. Ello explica que un 63 por ciento de entrevistados consideró que empeora la lucha oficial contra ese flagelo.

El 81 por ciento de la población estima que cada vez más empeora más el costo de la vida y menciona entre los productos más caros cemento, medicamentos, fertilizantes, gasolina y energía industrial.

Analistas coinciden en que el llamado Pacto Nacional no es de fácil aplicación, pues —argumentan—, además de que obvia una mayor participación campesina, no se trata realmente de un pacto, sino de una maniobra presidencial para tratar de acallar a los grupos sociales.

En ese sentido, Orlando Beltrán, representante de la Dignidad Cafetera en el Huila, quien asistió a la reunión con Santos, indicó que espera propuestas concretas para una política de Estado que favorezca al agro en Colombia, pues el país no aguanta más dilaciones.

Los campesinos, afirmó Beltrán, estamos esperando el cumplimiento de los pactos y una política de Estado para que los agricultores no tengamos que hacer paros cada seis meses; esperando el cumplimiento de las actas que se acaban de firmar.

El representante a la Cámara Buenaventura León, afirmó mientras que para cumplir el pacto agrario hay que salir del libro y dejar que la participación de los campesinos sea espontánea.  Se necesita fijar una verdadera política del sector agropecuario, que no hemos tenido, concretó.