En estos momentos, el presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien desea dar a la comunidad internacional la idea de ser un político progresista en busca de la paz, muestra su lado oscuro al no solo desoír las peticiones válidas de distintos sectores productivos de la nación que reclaman sus derechos, sino usar contra ellos medidas violentas con saldo de cuatro civiles muertos, y decenas de heridos y detenidos.
“Puedo tender la mano negociadora, pero también el garrote, y no me temblará la mano”, advirtió el mandatario hace pocas horas ante la prensa nacional.
El punto más caliente de las protestas se encuentra en la región de Catatumbo, donde desde hace siete semanas reclaman atención del gobierno central, en medio de un inminente desalojo de la fuerza militar, que para detener las protestas utilizan armas reglamentarias y gas lacrimógeno, además de las consabidas detenciones de los manifestantes.
Los campesinos, que están abandonados a su suerte desde hace 70 años, —según expresan sus líderes— mantienen bloqueadas vías y carreteras como condición para iniciar nuevas negociaciones con las autoridades. Diálogos realizados en semanas previas quedaron en nada, ante la posición gubernamental de no acceder a las demandas.
En Catatumbo, situado en el estado de Santander, están movilizados de manera permanente la Policía, el Ejército y grupos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), en tanto los campesinos y sus familias resisten en situaciones precarias luego de más de 40 días de huelga y movilizaciones, y sin portar armas de tipo alguno.
El líder agrario César Jérez, confirmó a la Agencia de Prensa Rural, que “la actitud del mandatario Juan Manuel Santos de condicionar los diálogos al desbloqueo de vías recuerda mucho la de su antecesor, Álvaro Uribe”, quien empleó siempre la fuerza antes que el entendimiento.
Jérez indicó que uno de los reclamos que el gobierno desoye es la creación de una Zona de Reserva campesina, con la cual se impediría el avance del latifundio de las trasnacionales en esa zona. Centenares de agricultores han perdido sus tierras por esa causa, pero Santos, dijo, no transige aun cuando en el Catatumbo hay una crisis social y humanitaria.
Las imágenes transmitidas por la cadena Telesur permiten comprobar la bestialidad de las llamadas fuerzas del orden. En el municipio de Tibú, en el norte de Santander, donde comenzaron las protestas, se pudo observar a efectivos del ESMAD golpeando a un joven que luego fue hospitalizado. También la policía golpeó a un médico que trataba de sacar personas heridas en una ambulancia.
Este lunes, en una carta al presidente Nicolás Maduro, la Asociación Campesina del Catatumbo, región fronteriza con Venezuela, solicitó que “su gobierno nos permita ejercer el derecho internacional al refugio, acogiéndonos a la ley orgánica venezolana sobre refugiados y asilados, al Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados y a la Declaración de los Refugiados de Cartagena, esto ante la eventualidad de una operación militar contra nuestra justa protesta, acción represiva que dejará víctimas inocentes. De antemano agradecemos la comprensión, la humanidad y la solidaridad del pueblo y del gobierno de Venezuela para con el campesinado del Catatumbo”.
La institución explicó la situación en que se encuentran, y advirtieron que “las últimas declaraciones del presidente Santos —afirma la comunicación— nos hacen prever que nuestra protesta será duramente reprimida en las próximas horas. Situación que dejaría vulnerables a miles de mujeres, ancianos, enfermos y niños que participan de la movilización”.
La solicitud del campesinado del Catatumbo ocurre el mismo día en que Maduro y Santos celebran una reunión de presunta aclaración por parte del Mandatario colombiano sobre el recibimiento oficial que diera al líder derechista opositor de Venezuela, Henrique Capriles Radonsky, —aun cuando Bogotá reconoció como legítimo al presidente Maduro— en lo que fue considerado un acto de traición por parte de los líderes caraqueños.
Pero amén de las protestas en la región de Catatumbo, Santos se enfrenta a un escenario único en sus tres años de gobierno, luego de que los mineros de cinco departamentos se opusieran a los uniformados en señal de protesta por un decreto presidencial que criminaliza su trabajo y ordena la destrucción de retroexcavadoras y dragas que emplean para extraer oro de ríos y selvas.
Dirigentes de estos miles de mineros, que viven en gran pobreza con sus familiares, afirmaron que aunque esa labor es considerada ilegal por el gobierno, el plan de Santos es entregarle los recursos naturales a trasnacionales y acabar con un sector que siempre ha existido en Colombia. El oro que encontramos por medios artesanales no conspira contra la economía nacional, según los líderes del sector.
Este sábado, los mineros respondieron a un llamamiento de la organización Marcha Patriótica en distintas ciudades y localidades del país para realizar manifestaciones en solidaridad con los campesinos de Catatumbo.
Mientras, los transportistas colombianos de carga por carretera se unirán al paro convocado por el sector agrario el próximo 19 de agosto, ya que según los líderes de esos sectores, el presidente ha incumplido sus demandas hechas hace varios meses.
La presidenta de la Asociación de Transportadores de Carga, Alejandra Baquero, dijo que detendrán los vehículos “ante la falla reiterada de los compromisos asumidos por las autoridades en temas como el precio de los combustibles, el descontrol continuado del ACM (aceite para motores) y los fletes.
Este lunes, Santos —que es incapaz de detener los disturbios por su obstinada política— afirmó que los ataques contra uniformados en Arauca y Caquetá este fin de semana tendrán un castigo ejemplar y no suspenderá las acciones militares mientras no se capture a todos los responsables.
Según el Mandatario, “son las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) las que causaron la muerte de 19 militares”, aunque esa organización está implicada en un proceso de paz con su gobierno en una mesa de negociaciones en La Habana desde hace ocho meses.
Analistas consideran que la red de protestas en gran parte de la nación, unido al golpe propinado por un grupo que aún no se identificó públicamente como autor del ataque, ha restado popularidad al gobierno de Santos, en especial entre los empresarios y comerciantes que pierden dinero a diario, sin que se vislumbre una solución a la crisis.
Para Santos, la solución a las disímiles acciones de protesta y sus consecuencias podrían haberle convertido en el estadista negociador por el cual votó su pueblo. Sin embargo, el presidente ha mostrado su lado más oscuro al utilizar métodos de corte neofascista contra civiles que reclaman sus legítimos derechos.
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