Ecuador dispuesto a castigar a Chevrón

Ecuador lanzó la campaña “La mano sucia de Chevrón” para denunciar una vez más ante organizaciones regionales y mundiales los graves daños ocasionados a unos 30 000 residentes en la zona amazónica del país, donde la compañía estadounidense vertió 80 millones de toneladas de residuos tóxicos durante 26 años, en detrimento también de la flora y la fauna.

Hace pocos días, el presidente ecuatoriano Rafael Correa viajó acompañado de periodistas a la selva para que confirmaran el desastre ambiental dejado por la Chevrón en esa área. Con la mano derecha levantada, llena de brea y residuos de crudo, Correa demostró al mundo la falsedad de esta trasnacional que rechaza la millonaria demanda de los habitantes de la Amazonía enfermos a causa de la contaminación ambiental.

En 2012, la Corte ecuatoriana de Sucumbíos, en el Amazonas, sentenció al ente petrolero que había comprado Texaco en 1991 —la que operaba en el país andino— al pago de una indemnización de unos nueve mil millones de dólares a los pobladores amazónicos, ya que sus dolencias —enfermedades de la piel, cáncer, pérdidas de embarazo, niños nacidos con malformaciones congénitas— más la destrucción del medio, son el resultado de las pésimas prácticas extractivas utilizadas.

Con ese dinero se contemplaba resolver la situación ambiental y personal de las víctimas de la empresa, con una especificación en cuatro puntos: reparación del medio ambiente, que incluye limpieza de ríos, suelos y pantanos; obras de agua potable para la comunidad, sistema de salud para gente enferma y reconstrucción étnica de las naciones originarias afectadas.

La Justicia de Ecuador dijo que si, 15 días después de la sentencia, Chevrón no se disculpaba públicamente y pagaba, se duplicaba el monto del veredicto. Por eso subió el valor de la indemnización hasta la cifra actual.

Sin embargo, la transnacional negó su responsabilidad, dijo que no entregaría un centavo, e impuso una contrademanda contra Ecuador en los tribunales de Nueva York y de La Haya.

El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, negó que un reciente laudo parcial emitido por el Tribunal de La Haya exima de culpa a la transnacional petrolera, y aseguró que la batalla recién comienza. “El fallo manifiesta claramente que Texaco-Chevron no está eximido por daños ocasionados a ciudadanos en el país”, afirmó el jefe de la diplomacia ecuatoriana en su cuenta en Twitter.

A contrapelo de una verdad incuestionable, Chevrón demandó en tres ocasiones al Estado ecuatoriano, emprendiendo asimismo una campaña de desprestigio contra las autoridades judiciales de la nación andina, según denunció Patiño, quien presentó el caso en la Comisión de Derechos Humanos, Medio Ambiente y Trasnacionales que sesionó de manera paralela a la recién concluida 68º Asamblea General de Naciones Unidas.

Chevron basó su defensa en que cuando Texaco empezó a buscar crudo en la provincia de Sucumbíos, en 1964, el gobierno ecuatoriano de turno —orientado por Estados Unidos— la liberó de cualquier responsabilidad ante un posible reclamo ambiental, ratificado en nuevos documentos firmados en 1994 y 1996.

Sin embargo, la posición de la actual administración política liderada por Correa es que haya justicia para sus ciudadanos, y anunció que no escatimará esfuerzos para que la verdad salga a relucir y el mundo conozca el daño ocasionado por la petrolera.

Expertos consideran que el derrame de petróleo en la Amazonía ecuatoriana es el mayor de la historia. Algunos calculan que es 87 veces superior al causado por la British Petroleum en el Golfo de México en 2010.

En absoluto acuerdo con la postura gubernamental, el dirigente de las comunidades indígenas en el Amazonas, Juan Pablo Saénz, informó que “no reconoceremos la sentencia del Tribunal de La Haya” y recordó que Chevrón-Texaco dejó más de mil pozos y piscinas (charcos gigantes de petróleo en el medio de la selva).

Alrededor de los pozos abandonados viven comunidades, donde la gente bebe de sus aguas contaminadas y los niños juegan cerca de residuos tóxicos. El desastre ambiental hizo que pueblos indígenas abandonaron la zona, ya que hay cerca de 500 000 hectáreas comprometidas.

No es la primera vez que esta gigantesca empresa internacional es denunciada por sus crímenes contra el medio ambiente y las poblaciones.

Desde 1967, cuando encontró el primer yacimiento llamado Lago Agrio 1 y hasta 1990, cuando dejó de operar, el desastre dejado atrás tenía un costo de 27 mil millones de dólares, según estableció en 2008 una comisión de expertos. A principios de 1990 se creó en la Amazonía la Unión de Afectados por Chevron-Texaco.

En el 2009, la estadounidense experta en medio ambiente, Kerry Kennedy, investigó las áreas afectadas, y concluyó que “Bajo el manto de nubes, la selva es una maraña de manchas negras de petróleo, fango purulento y tuberías oxidadas. El humo brota del suelo, arrojando vapores al aire que queman la garganta. Las aguas residuales de estanques sin encofrar se traspasan a las aguas subterráneas y transitan a los ríos y los arroyos, donde los nativos toman agua, pescan y se bañan”.

Por su ataque al medio ambiente, Chevrón, que constituye una parte del poder de Estados Unidos en otras naciones, es la segunda peor compañía en el mundo en cuanto a la destrucción de la Naturaleza, indicaron expertos de la ONU.

Es innegable que en esta lucha contra Ecuador, la trasnacional cuenta con la anuencia de jueces y políticos e influencia de figuras importantes del capitalismo mundial, como la ex Secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleeza Rice, quien fue una de sus directoras en los años 90.