Primer juicio por ecocidio en la Unión Europea: pertinente, pero a destiempo

Vivimos a destiempo. Nos percatamos de la importancia de nuestros actos cuando sufrimos sus consecuencias. Valoramos nuestros privilegios cuando los perdemos. La rápida evolución del mundo, la industria, la tecnología nos ha convertido en seres inconscientes de nuestro lugar en la vida y en la Tierra. Creemos en el carácter infinito de los recursos naturales, mientras el planeta cada día se reciente más por nuestro irresponsable ejercicio.

Por estos días, Francia se ha convertido en la protagonista de las noticias medioambientales luego de ser el primer país de la Unión Europea en llevar a cabo una investigación por ecocidio y en condenar a empresas dentro de sus fronteras. Según Euronews el análisis jurídico ocurrió en el pueblo de Grézieu-La-Varenne, donde se detectó contaminación por sustancias químicas. El componente en cuestión fue el tricloroetileno, disolvente industrial utilizado en las lavanderías y un cancerígeno en potencia: la exposición prolongada a él puede ser mortal.

La nación europea se encuentra inmersa en la puesta a prueba de la Ley de Clima y Resiliencia, propuesta el año pasado y que establece hasta una década de prisión para quien cometa ecocidio en el país.

Para seres que han logrado enviar al humano a otros mundos resulta incoherente que no preserven el suyo. En la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, también conocida como Conferencia de Estocolmo, celebrada en 1972, fue donde se abogó por primera vez por la penalización nacional e internacional por crímenes ecológicos. Hoy, cincuenta años después, solo la primera de esas demandas comienza a materializarse de forma incipiente. Mientras, la segunda, la que compete a las grandes empresas y a los organismos internacionales, parece todavía un deseo onírico.

UN DEBATE DILATADO EN EL TIEMPO

El término ecocidio emergió de la antes mencionada Conferencia de Estocolmo, en 1972. El entonces primer ministro de Suecia, Olof Palme, utilizó la categoría para referirse al daño ambiental sufrido en Vietnam a causa de la guerra con Estados Unidos. En este conflicto bélico, el país norteño utilizó el agente naranja, un herbicida de alta toxicidad, rociándolo sobre los bosques del Sudeste Asiático y causando estragos tanto medioambientales como humanos.

A partir de la combinación del prefijo eco ―acepción griega para referir casa y, contextualmente, medio ambiente― y el sufijo cida ―en latín, matar―, Palme definió los actos destructivos de la ecología propiciados por diversas acciones humanas: desde bombardeos hasta el uso de químicos en la industria que atentan contra el bienestar ambiental.

Luego, en diferentes eventos relevantes de carácter internacional como el Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas (ONU), celebrado en 1978, o los debates posteriores en el marco de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, el término fue adquiriendo importancia al proponerse como equiparable al genocidio y a los crímenes de guerra.

Sin embargo, las menciones no quedaron acogidas en regulaciones o propuestas hasta la segunda década de este siglo que se contempla un avance en materia jurídica y los debates en torno al ecocidio alcanzan cierta notoriedad. Lo cual nos vuelve a enmarcar la insensatez humana de tomar decisiones a destiempo.

La palabra greco-latina ha ganado carga semántica esta década gracias, en parte, a la labor desplegada por la organización Stop Ecocidio Internacional (SEI) quienes, desde 2017, han mantenido una actividad constante para que sea considerado un delito transfronterizo. Según SEI el ecocidio se define como “actos ilícitos o gratuitos cometidos a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que dichos actos causen daños graves y generalizados o a largo plazo al medio ambiente”.

SEI está conformada por una red internacional de abogados, diplomáticos y expertos en Derecho Penal y Ambiental para concientizar y presionar a los organismos mundiales sobre la realidad del planeta. En esa tarea elaboraron el pasado año una propuesta concreta para la reforma al Estatuto de Roma mediante una enmienda que debe ser aprobada por la Corta Penal Internacional (CPI).

La mayoría de los países que actualmente recogen regulaciones ambientales lo hacen mediante la vía administrativa y no criminal, según SEI. A excepción de una minoría de naciones entre las que se encuentran Vietnam y Rusia quienes, desde finales del siglo pasado, reconocen el daño al medio ambiente como crimen en sus respectivos códigos penales.

El porcentaje más alto de Estados ―salvo en casos concretos como el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre o acciones contra especies en peligro de extinción―carecen de marcos legales que permitan frenar la actividad criminal contra el ecosistema.

SEI en su página oficial en español recoge algunas naciones que han avanzado en cuanto a incluir el ecocidio en sus agendas legales durante el 2021 y el 2022, mediante proposiciones de leyes, discursos parlamentarios o resoluciones. Algunos de esos territorios son: Bélgica, España, Finlandia, Papúa Nueva Guinea, Chile, México, Kenia, entre otros.

EL IMPERATIVO CARÁCTER INTERNACIONAL

La pesca industrial, los vertidos de petróleo y la contaminación por plástico constituyen actividades frecuentes en la maquinaria fabril a nivel global que traspasan las fronteras divisorias en los países y atentan el bienestar ecológico.

Emisiones de gases a la atmósfera en detrimento de la calidad del aire en territorios colindantes o incendios forestales que no se cesan al llegar a las fronteras artificiales construidas por las personas para dividir los Estados, explican la urgencia de confeccionar marcos legales más allá del plano nacional. Por otro parte, la acidificación de los océanos, las sequías, los huracanes, ciclones ¡El planeta pide ayuda a gritos! Pero la impunidad y el anonimato siguen primando ante estas acciones.

El Dr. Miguel Ángel Asturias, especialista argentino en derecho ambiental y Director de la Asociación de Investigadores de Derecho Penal Ambiental y Climático (AIDPAC), advirtió en el diario Perfil que en la actualidad “no existe un marco legal para abordar el ecocidio a escala internacional (como ejemplo de crimen ambiental internacional o ecocidio, podemos contemplar el incendio en la Amazonia) y, por lo tanto, no existe un sistema para responsabilizar a quienes toman las decisiones en las corporaciones y en los gobiernos que causan daños y abusos ambientales, tales como los derrames de petróleo, la deforestación masiva, los daños a los océanos o la contaminación grave del agua y el ambiente en general”.

La propuesta de enmienda para el Estatuto de Roma, liderada por SEI, busca incluir el ecocidio como el quinto crimen contra la paz junto con el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Para aprobar dicha reforma deben estar a favor y proponer sus enmiendas dos tercios de los Estados Parte de la CPI. En la actualidad, ese grupo lo conforman 123 países de los cuales 82 debieran ratificar la enmienda.

Uno de los mayores inconvenientes que pudieran enfrentar las naciones para la aprobación del ecocidio como crimen sería encararse a los grandes consorcios altamente contaminantes y de gran peso económico. Pero, a los mismos, según la propuesta de la SIE se les brindaría un periodo de transición para que redirijan sus producciones y así evitar, en definitiva, el colapso humanitario.

SEI estará presente en la XV Reunión de las Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP15) que se celebrará a partir del 11 de diciembre en Montreal. Allí, los expertos aspiran a ganar adeptos mediante la concientización de la importancia de incluir el ecocidio en la lista de crímenes internacionales.

Por otro lado, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, pretende llegar a acuerdos beneficiosos para el planeta durante esta reunión ya que nos encontramos “a un paso del abismo”. En una entrevista realizada en 2021 al secretario por la agencia EFE a la pregunta de ¿cuán factible sería incorporar el ecocidio como delito en la CPI? Guterres contestó: “En mi opinión sería muy deseable. No es una decisión fácil y no podemos esperar por eso. Hay que actuar inmediatamente y hay que actuar inmediatamente en todas las acciones, no solo de futuro, sino las que se requieren ya”.

De momento, nos toca esperar en esta cuenta regresiva en la que estamos inmersos y cruzar los dedos para que, por una vez, las palabras no se las lleve el viento contaminado.