En el entorno de una retomada del diálogo nacional entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición, este domingo las etnias de las regiones del Caribe Sur y del Caribe Norte de Nicaragua celebrarán elecciones para elegir 90 diputados, quienes serán los coordinadores del Gobierno de esas áreas.
El Consejo Supremo Electoral (CSE) del país centroamericano explicó que esta es la octava ocasión en que se ratifica el ejercicio del derecho político histórico restituido por la Ley de Autonomía, que garantiza a los pueblos indígenas, negros y mestizos de la Costa Caribe elegir sus propias autoridades.
Lumberto Campbell, vicepresidente del CSE, ratificó que la acción “significa a su vez que el derecho democrático recuperado en 1987 está avanzando en su consolidación”, mientras reiteró que se espera una participación en las urnas de casi medio millón de costeños convocados.
Autoridades electorales precisaron que participarán en la lid 19 partidos políticos, 2 de ellos en alianza y 11 de manera independiente. En juego están 30 circunscripciones electorales, 15 para el Caribe Sur e igual número para el Norte, y 45 concejales para cada zona.
La magistrada del CSE, Mayra Salinas, explicó que en la Costa Caribe estarán habilitados 419 centros de votación con todas las garantías para el cumplimiento de ese ejercicio ciudadano. En 1987 fueron creadas dos regiones autónomas a partir del antiguo departamento de Zelaya, llamadas del Atlántico Sur y Atlántico Norte, regidas por un gobernador regional y un concejo a ese nivel.
La reforma a la Constitución Política de Nicaragua del 2014 modificó el nombre de esas áreas autónomas por Costa Caribe. El gobierno comunitario opera con las normas propias de esas culturas autóctonas.
Los últimos comicios se celebraron en 2014, cuando los representantes del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) recibieron la mayoría de los votos, con un 57 % de respaldo ciudadano.
NUEVO INTENTO DE DIÁLOGO
El gobierno sandinista y la oposición que fomentó una violenta crisis interna en abril del pasado año —con saldo oficial de 185 muertos— reanudaron un diálogo nacional (roto en junio del pasado año por carencia de consenso), acordado el pasado miércoles, en busca de que la nación retorne a una paz duradera.
Nicaragua es uno de los países progresistas de Latinoamérica en la mira de Estados Unidos (EE. UU.), que intenta apoderarse de la geopolítica centroamericana y ha impuesto sanciones económicas —como la Nica Act, que impide la entrada de inversiones al volcánico país— y diplomáticas, y advirtió que irá tras la Revolución Sandinista, ya que el líder del imperio, Donald Trump, advirtió en un reciente discurso que desea eliminar el socialismo en América Latina.
Detrás de las operaciones desestabilizadoras está también el interés de la Casa Blanca de eliminar la presencia de China en negocios con el gobierno del FSLN y lo que consideran, injustificadamente, como una negativa influencia a sus intereses nacionales.
Para el analista argentino Atilio Borón, Washington busca la caída del sandinismo para debilitar el entorno político de la brutalmente agredida Venezuela, y con ello aumentar las chances para la generalización de la violencia en toda la región.
Es en ese contexto que el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, en nombre de la Iglesia católica, actuante en busca del diálogo nacional, informó que de una propuesta de 12 puntos fueron aprobados nueve por las partes.
Ni el gobernante FSLN ni la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) precisaron cuáles fueron los temas desechados en la reunión, que se efectúa a puertas cerradas en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, en el sur de Managua, la capital.
En las conversaciones, el gobierno sandinista está representado por el canciller Denis Moncada, el juez Francisco Rosales, los diputados Edwin Castro, Wilfredo Navarro y José Figueroa, y Luis Andino, presidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua. Por la oposición participan los empresarios José Adán Aguerri, Mario Arana y Juan Sebastián Chamorro, el catedrático Carlos Tunnermann, el político José Pallais y el estudiante Max Jerez.
“Es un buen día para nuestra Nicaragua”, afirmó la vicepresidenta y portavoz oficial, Rosario Murillo, al referirse a la reanudación de las negociaciones. Previo a la instalación de la mesa, el gobierno liberó a 100 de los opositores detenidos que participaron en las acciones violentas contra el gobierno liderado por el comandante del FSLN Daniel Ortega. Sin embargo, la ACJD planteó la liberación de todos los presos considerados terroristas.
El presidente, que cumple su tercer mandato por elección popular, recordó durante la llamada crisis de abril que “no toda la Conferencia Episcopal es parte de la conspiración para derrocar la Revolución Sandinista, ya que fueron casos de algunos sacerdotes que prestaron sus templos para que se convirtieran en cuarteles. Incluso —afirmó—, torturaron gente que capturaban con la presencia de un sacerdote”.
El jefe de gobierno acusó a “bandas organizadas, armadas, auspiciadas por la derecha y organismos de inteligencia que vienen desde organismos de EE. UU.”, y los responsabilizó del violento asedio a Nicaragua desde abril último.
“Si aquí vamos a hablar de paramilitares, los únicos son los grupos de la derecha. Tenemos fuerzas armadas, ejército, policía, que son constitucionales. Y a la par hay una fuerza clandestina, armada, que se ha convertido en el instrumento de muerte del golpe de la derecha”, aclaró.
Hace 11 meses, y con el pretexto de una reforma al sistema de seguro social, derogado de inmediato tras las primeras movilizaciones públicas, la oposición nicaragüense, pagada por Washington, organizó violentas acciones en las que incluso buscaban a miembros del partido oficialista para asesinarlos.
En aquellos momentos la Iglesia católica también auspició un diálogo nacional que hizo aguas en junio último por los desacuerdos internos.
Sin embargo, el apoyo mayoritario de los nicaragüenses al gobierno nacional, la organización de milicias populares para proteger los barrios y las denuncias en organismos internacionales del accionar terrorista paralizaron a los opositores.
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