El fraude electoral en las elecciones presidenciales en Honduras era una acción prevista por analistas internacionales, que ponían como argumento, entre otros puntos, la presencia de un Tribunal Supremo Electoral (TSE) integrado por los mismos individuos que en el 2009 avalaron el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya. Pero aun así, los partidos en pugna aceptaron someterse a la voluntad de una entidad reconocidamente oficialista.
La ingenuidad del Partido LIBRE, nacido en la resistencia al golpe durante cuatro años, además de otros que quebraron por primera vez en la historia el bipartidismo en esa empobrecida nación, radicó en considerar que existían condiciones diferentes para unos comicios libres y transparentes. Por supuesto que ocurrió lo contrario, y en qué circunstancias.
Sin deglutir aún el golpe de Estado contra Zelaya –ahora coordinador de la campaña de su esposa Xiomara Castro, dada desde el principio como ganadora de las presidenciales- el pueblo hondureño en su conjunto creía que no volvería a la presidencia un representante del oficialista Partido Nacional con su postulado Juan Orlando Hernández, un adinerado empresario, presidente además del Congreso de la República.
Este individuo de 45 años está acusado por partidos y movimientos políticos de utilizar miles de dólares del órgano legislativo en su campaña pero, como todo lo que ocurre en Honduras con miembros prominentes de la derecha, fue protegido por la oligarquía local.
Aun sin presidente declarado, este martes el TSE consideró irreversible la tendencia que favorece a Hernández, con un 34,7 por ciento, seguido de Castro, con un 28,9, por lo cual no hay dudas de que en las próximas horas el dirigente derechista será dado como triunfador absoluto.
Lo que el TSE oculta es que aún hay un 20 por ciento de actas por contar que, según ese órgano, se sometieron a un escrutinio especial –sin aclarar cuál- pero que representan 400 mil votos que, en opinión del partido LIBRE favorecen a su candidata.
Con seguridad que esas boletas, que decidirían el escrutinio, o no serán tomadas en cuenta o serán la prueba más clara del fraudulento proceso ocurrido en Honduras.
Para medios internacionales, resulta casi imposible la derrota de Castro –integrante del Frente de la Resistencia durante años- a quien durante los últimos meses todas las encuestas, hasta las de la oposición, daban como ganadora de manera irreversible. Siempre acompañada de multitudes en todas las localidades por donde pasó, la candidata del LIBRE recibía las simpatías de una población que vio en ella las posibilidades de un cambio en la política y la vida social nacional.
Sin embargo, a pesar de las declaraciones de observadores internacionales que acompañaron el proceso e indicaron las irregularidades, el Partido LIBRE lo único que ha hecho hasta ahora es brindar conferencias de prensa por parte del expresidente Zelaya, pidiendo a sus compatriotas que actúen en paz para evitar la represión de los cuerpos armados.
Según Zelaya, no aceptarán los resultados oficiales, pero sin indicar movilizaciones públicas ni acciones que demuestren lo contrario.
De manera espontánea, ayer el pueblo de Tegucigalpa se lanzó a la calle en defensa de sus derechos, pero fue rechazado de inmediato por los uniformados.
La realidad es que, hasta ahora, la disconformidad con los resultados oficiales se remiten a declaraciones y conferencias, situación que puede revertirse si los partidos de tendencia izquierdista o disconformes con el régimen de derecha acuerdan acciones contundentes.
Honduras es una nación virtualmente tomada por Estados Unidos, que posee tres bases militares en su territorio, en el que viven ocho millones de personas, el 70 por ciento de ellos en absoluta pobreza.
Para que no haya duda del poder de la Casa Blanca sobre las administraciones hondureñas, la Embajadora norteamericana, Luisa Kubiske, se personó en el TSE y dijo estar de acuerdo con los resultados brindados por ese órgano, como otra muestra de la descarada injerencia de su país en los asuntos internos hondureños.
A este panorama armamentista se une ahora la propuesta del candidato derechista Hernández de crear una policía militar para reprimir el crimen en la considerada nación más violenta del mundo (85 homicidios por cada 100 mil personas).
Un ejemplo del terror en que vive la población ocurrió el pasado domingo, en medio del proceso electoral, cuando la Policía Nacional decomisó 55 armas de fuego, 19 de ellas en centros de votación, cuatro fusiles AK-47 y otros de fabricación casera, y 53 armas blancas, así como la detención de 40 personas.
Estos datos, brindados por la Secretaría de Seguridad Pública- indican que también la Policía intervino en 11 espacios de votación a solicitud de los integrantes de las Mesas electorales, ya que grupos derechistas arremetieron contra simpatizantes del partido LIBRE y miembros de los centros de votación.
Aunque el portavoz de la Secretaría de Seguridad Julián Hernández destacó que estos incidentes no pusieron en riesgo el desarrollo de las elecciones, no informó que ese día cinco personas fueron asesinadas a tiros por hombres no identificados en el este de Honduras, a pocos metros de un centro de votación, sin que hubiera un detenido.
Este es el panorama que vive Honduras, una nación con un pueblo valeroso –y lo demostró en las calles desde el 2009- pero sin un líder que lo dirija de manera correcta para hacer valer su soberanía e independencia, aún en las difíciles condiciones de mantener en su suelo, para beneplácito de la oligarquía local, el fardo pesado de las botas estadounidenses.
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