Guatemala desamparada ante corrupción y violencia

Aún con la presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de Naciones Unidas (ONU) esa nación vivía horrorizada por las redes intocables de corrupción entre los sectores político y empresarial pagadas por la mafia del narcotráfico. Con la salida de esa entidad, a exigencia del saliente presidente Jimmy Morales, la nación centroamericana queda a merced de la llamada podredumbre política. Las mafias y el robo estatal tienen las puertas abiertas.

A principios de este mes, dejando a una población en desamparo, la CICIG fue expulsada a petición de Morales, en tanto el presidente electo, el conservador Alejandro Giammattei, quien asumirá en enero próximo, afirmó que creará un organismo nacional para ventilar los casos de corrupción.

Durante 12 años, la Comisión trabajó en Guatemala y sacó a la luz escandalosas revelaciones del compromiso de las entidades públicas y privadas con el narcotráfico, a la vez que dejó al desnudo las debilidades de un sistema político dominado por esos grupos de delincuentes, que mueven como hilos los poderes del Estado.

Para la población guatemalteca, habituada al desmadre de la pobreza, la injusticia y los abusos desde los círculos de poder, las denuncias y posteriores pasos de la entidad internacional, presidida en su última etapa por el abogado colombiano Iván Velásquez la llegada de la Cicig (a petición del gobierno nacional de turno), vino acompañada de procesos judiciales y encarcelamiento  para quienes se consideran intocables.

Ante lo inevitable, el secretario general de la ONU, António Guterres, elogió el trabajo de la CICIG, la que, dijo, hizo una contribución decisiva para fortalecer el estado de derecho, así como las capacidades de investigación y enjuiciamiento..

El Comisionado Velásquez, quien en Colombia libró una fuerte batalla para eliminar los grupos paramilitares, fue obligado a abandonar Guatemala el pasado año y prohibido su retorno, en una de las medidas más criticadas a Morales, envuelto en un escándalo de recepción de dinero de la banca privada para costear su campaña electoral.

Morales actuó de manera desesperada cuando también su hijo, Manuel Morales Marroquín, y su hermano Samuel Morales Cabrera, fueron acusados de cobro de facturas falsas por valor de 36 000 dólares. Sobrino y tío resultaron absueltos hace unos días luego de ser indicados por el Ministerio Público –que trabajaba en coordinación con la Cicig- de defraudar al erario público.

El caso, conocido como ¨Botín Registro de la Propiedad¨ presumía un delito de simulación de posesiones y la consiguiente presentación de cobros de empresas ligadas a Morales Cabrera. El Ministerio Público había pedido ocho años de cárcel para Manuel y 11 para Samuel, también involucrado en lavado de dinero.

Los parientes del mandatario realizaron los hechos delictivos en 2013 y la investigación de la CICIG y la fiscal Thelma Aldana – a quien de manera descarada impidieron su presentación en las últimas elecciones- habían documentado tres casos en su contra.

El inédito acuerdo de la ONU y el gobierno guatemalteco para ¨limpiar la casa¨ obtuvo notables resultados.

La Comisión identificó 60 estructuras criminales, acusó a más de 1 500 personas, procesó a 669 y consiguió 400 sentencias condenatorias. Entre los corruptos encarcelados figuran el expresidente Otto Pérez Molina y su vice Roxana Baldeti por los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera; siete ministros y varios diputados.

A Morales, un músico evangélico, para nada le convenía mantener en el país a los enviados de la ONU.

Para la analista Carolina Vásquez, ¨la CICIG y el Ministerio Público llevaron expectación y esperanzas a un pueblo agobiado por la pobreza, el narcotráfico y la criminalidad, pero para los grupos mafiosos y políticos corruptos constituían una amenaza para su reino de absoluta impunidad¨, según escribió en su blog personal.

Lo que se avecina en Guatemala, según observadores, es la continuidad del sistema y el empoderamiento acelerado de un sector político dispuesto a regresar a períodos oscuros de los regímenes autoritarios, con la pérdida aun mayor de libertades y derechos ciudadanos.

En esa nación centroamericana, una de las más pobres del mundo, residen 17 247 897 personas, un 60% de ellas en situación de pobreza, y extrema pobreza, según cifras de la ONU. lo que equivale a mas de 10 millones en esa situación y sin posibilidades de mejorar la calidad de vida..

Con un débil sistema democrático,  la impartición de la justicia en Guatemala será mucho más difícil.

Para el abogado Frank La Rue, uno de los negociadores con la ONU del apoyo técnico para la creación de la CICIG,  “llegarán, en primer lugar, la regresión de los casos más emblemáticos, como la liberación de altos funcionarios y, peor todavía, el sentimiento, entre los cuerpos ilegales y el crimen organizado, de que la impunidad prevalece. Esto da un mensaje equivocado y me temo que viviremos un periodo de mucha delincuencia y mucha violencia”.

 La ex fiscal general, Claudia Paz y Paz, coincide en la apreciación: “Sin la CICIG) será un camino muy difícil¨.

Más optimista se manifiesta la activista de derechos humanos, Iduvina Hernández. Para ella, “después de la CICIG, el mayor riesgo es la consolidación del proceso de restauración conservadora, pero también la oportunidad para que una ciudadanía, convencida de la importancia de la justicia independiente y de la lucha contra la impunidad, haga suyo el ejercicio de ese derechos y esa posibilidad¨.

Las mafias que operan en suelo guatemalteco, ante la seriedad y la labor investigativa de la Fiscalía, conscientes de la amenaza que significaba la presencia de la entidad internacional, pusieron en marcha todos sus recursos, incluido el poder presidencial, para proteger sus redes en los estamentos estatales, incluido el sector justicia.

Los 12 años de actividad de la Cicig en Guatemala verificaron como la corrupción política se adueñó del país en las últimas décadas, arrojó luz sobre sus engranajes y puso en evidencia el origen de su creciente poder: el financiamiento de estas mafias a las campañas políticas, lo que les permite manejar a su conveniencia los poderes político, judicial y legislativo.

Lo hecho, hecho está. Y es evidente que la CICIG no retornará a Guatemala.

Son cada vez más los ciudadanos de ese país que emigran de manera regular en caravanas y caminan miles de kilómetros para llegar a la frontera de México con Estados Unidos, una gigantesca nación donde son mal mirados. Su futuro, si sobreviven a los largos viajes, es trabajar como esclavos por sueldos de miseria, en el mejor de los casos. Pero también pueden ser baleados en las calles por xenófobos, delincuentes o psicópatas.