De la Ley FORCE al bloqueo, el terrorismo como política imperial

En marzo de este año el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos (EE.UU.) dio su respaldo a un proyecto de ley para impedir que el gobierno de su país normalice las relaciones diplomáticas con Cuba.

Impulsada por la congresista republicana María Elvira Salazar y presentada en el Senado por sus compañeros de partido Mario Díaz Balart y Rick Scott, la H.R 314 “Fighting  Opression until the Reign of Castro”, conocida también como Ley FORCE por sus siglas en inglés, busca eliminar la posibilidad de que un Presidente o Secretario de Estado retire a la Mayor de las Antillas de la lista de países patrocinadores del terrorismo.

Para ello, de acuerdo con la propuesta de legislación, el ejecutivo cubano debe cumplir con la Sección 205 de la Ley LIBERTAD de EE.UU. que exige, entre otras cosas, la celebración de elecciones libres y justas y la transición a un sistema que garantice los derechos del pueblo y la libertad de expresión.

Más allá de la retórica acostumbrada y de absurdas disposiciones que obligarían a una nación a cumplir con el entramado legislativo de otra, el propio presidente del Comité de Relaciones Exteriores, Michael McCaul, sorprendió por su exceso de sinceridad al “justificar“ el enseñamiento por el estrecho vínculo de la Isla con Rusia, China y Venezuela.

Un argumento, como tantos otros a lo largo del tiempo, tomado por los pelos, que ni siquiera los funcionarios implicados en la política exterior hacia Cuba creen o consideran necesario, pues recordemos que en una serie de entrevistas realizadas en octubre del pasado año por NBC News a exanalistas de inteligencia que trabajaron tanto en administraciones republicanas como demócratas, se aseguró que desde nuestro territorio no se promueve el terrorismo de ninguna manera.

Incluso, Larry Wilkenson, jefe del gabinete del Secretario de Estado de Colin Powel en la gestión de George W. Bush (2001-2009), dijo que la presencia en la tristemente célebre lista se trata de “una ficción para reforzar la lógica del bloqueo”.

Cuba fue incluida por primera vez en dicho documento en 1982 durante la presidencia de Ronald Reagan, quien respaldó la decisión en el apoyo cubano a grupos en América Latina calificados como terroristas por EE.UU. mientras— por solo citar un ejemplo—financiaba un movimiento paramilitar contrarrevolucionario y anticomunista de extrema derecha nicaragüense para su lucha contra el Sandinismo.

En 2015 Barack Obama (2009-2017) reconsideró esa postura como parte del “deshielo” en las relaciones. Pero en enero de 2021 Donald J. Trump (2017-2021) volvió a incluir al país en el listado por rechazar la solicitud de extradición del entonces gobierno de Iván Duque de miembros del Ejército de Liberación Nacional que supuestamente se vincularon a un atentado con coche bomba contra una academia de policía de Bogotá en 2019. 

Hasta la fecha, ni Joseph R. Biden ni ningún otro mandatario estadounidense ha podido mostrar pruebas que avalen la presencia de Cuba entre los países terroristas. De hecho, las tesis empleadas en los últimos años se han ido desmontando de a poco.

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional publicó también en el pasado mes de marzo un informe en el que expertos estadounidenses concluyeron que no existe evidencia para achacar el mal llamado “síndrome de La Habana” a un arma de energía o a un adversario extranjero.

Sin embargo, lo que fue considerado por el director de la Central de Inteligencia Americana, William Barr, como una de las investigaciones más grandes e intensivas en la historia de la Agencia” apenas ha variado una de las principales retóricas que influyeron en el retroceso de las relaciones bilaterales.

Además, el conflicto armado en Colombia y las conversaciones del ejecutivo con los grupos guerrilleros tampoco resulta ahora una excusa viable, puesto que el actual gobernante, Gustavo Petro, ha pedido en reiteradas ocasiones el “cese de la injusticia cometida entre Duque y Trump, porque lo único que hizo Cuba fue ofrecer un espacio para que se desarrollara un proceso de paz.”

No obstante, se sigue sufriendo las consecuencias de permanecer entre las naciones patrocinadoras del terrorismo, una limitante considerable para todo lo relacionado con ayuda humanitaria, negocio, inversión, comercio y transacciones que impliquen la participación del país. Realidad que daña a los ciudadanos y es muy bien sabido por la Oficina en Washington para los Asuntos de América Latina.

Asimismo, a cubanos con ciudadanía extranjera o residentes en la Unión Europea se les ha negado o cancelado los beneficios del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (conocido como ESTA, por sus siglas en inglés) a EE.UU.; y algo similar ha ocurrido con sus cuentas bancarias al considerárseles, por su nacionalidad, clientes de alto riesgo.  

La inclusión selectiva en el listado también ha creado dificultades adicionales para el acceso a financiamientos, ya que muchos bancos, temerosos de arrastrar una acusación por instigar el terrorismo, se niegan a procesar pagos y han congelado los fondos para actividades religiosas y humanitarias permitidas por el derecho internacional.

Se antoja cuanto menos irónico que un país víctima de terrorismo sea condenado como tal por un auténtico perpetrador de acciones que han contribuido a desestabilizar estados y regiones completas en todo el planeta. Sin contar los numerosos intentos fallidos de asesinato contra Fidel Castro, para nadie es un secreto que EE.UU. solo en Cuba ha ideado, financiado y acompañado desde la quema y destrucción de espacios económicos y comerciales importantes hasta la introducción de enfermedades letales. Incluso, arrastra consigo la apatía e impunidad con la que trató el asesinato del diplomático cubano Félix García en su propio territorio.

Por añadidura, el golpe de estado al gobierno de Salvador Allende y el desarrollo de las dictaduras militares tanto en Chile como en el resto de América Latina quedarán en la historia como evidencia irrefutable del carácter imperial e inescrupuloso de la política exterior estadounidense. Porque hasta los lamentables atentados contra las torres gemelas en Nueva York y en otros lugares de EE.UU. le sirvió de excusa a los círculos de poder para deconstruir paradigmas y hacer de Oriente Medio su teatro de operaciones militares en nombre del terrorismo. Más de dos décadas después, al parecer, el fin sigue justificando los medios.