Por: Mirko C. Trudeau
El presidente estadounidense Joe Biden está dispuesto a aceptar medidas antimigrantes extremas exigidas por los republicanos a cambio de obtener su apoyo para la asistencia militar que el mandatario ha solicitado 100 mil millones de dólares para financiar la guerra en Ucrania y el genocidio de Israel contra los palestinos.
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La Casa Blanca no sólo cede a las demandas republicanas, sino que tampoco ha incluido en la negociación el asunto de legalizar a los llamados dreamers, la expansión de la reunificación de familias inmigrantes, la ampliación de protecciones para refugiados o asistencia para ciudades que están enfrentando nuevos flujos de inmigrantes indocumentados.
Biden, en la cuerda floja y con graves problemas para lograr su reelección el año próximo, está ofreciendo nuevas restricciones extremas al asilo y medidas para cerrar la frontera cuando crece el flujo de migrantes similares a las de su antecesor Donald Trump a cambio del apoyo de suficientes legisladores republicanos para lograr la aprobación de la asistencia militar.
Mientras, apretando el cerco, la Cámara de Representantes autorizó la investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden por los turbios negocios de su hijo Hunter en el extranjero, iniciativa que el presidente calificó de artimaña política infundada. Todos los republicanos apoyaron el proceso, a pesar de las preocupaciones entre algunos de ellos de que la pesquisa aún no ha producido pruebas de delito alguno por parte del mandatario.
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Biden, en inusual declaración sobre el intento de destitución, cuestionó las prioridades de los republicanos de la Cámara de Representantes y dijo que en lugar de hacer algo para ayudar a mejorar la vida de los estadounidenses, se centran en atacarme con mentiras. La investigación se prolongará hasta bien entrado 2024, cuando Biden esté en campaña por la reelección, si no desiste antes.
Defensores de los derechos de los inmigrantes, el caucus hispano del Congreso y varios legisladores demócratas en ambas cámaras reaccionaron alarmados ante versiones de que algunas de las restricciones al asilo eran aún más extremas que las impuestas por Trump, como también nuevos poderes ejecutivos que otorgarían el derecho a éste y futuros presidentes de cerrar el ingreso a la frontera sur ante incrementos en el flujo migratorio.
La diputada Pramila Jayapal, presidenta del caucus progresista del Congreso, señaló que sería la legislación más excluyente desde las leyes de exclusión racial de los años 20 del siglo pasado. Sería la legislación más antimigrante y antiasilo en casi 30 años, advirtió Aaron Reichlin-Melnick, director de políticas de la organización American Immigration Council.
El senador demócrata Alex Padilla señaló que “un retorno a las políticas de Trump empeorará la situación en la frontera: detenciones masivas, desbaratar nuestro sistema de asilo, un regreso al Título 42 (medida que utilizó Trump para anular el derecho al asilo retornando a los solicitantes al otro lado de la frontera), todo eso no funcionará. Es inaceptable y no lo toleraremos”.
Legisladores demócratas de origen latinoamericano coincidieron en rechazar la estrategia republicana de usar como rehén la propuesta para la asistencia a Ucrania y negociarla a cambio de sus propuestas antimigrantes y criticaron a Biden por no incluirlos ni avisarles de estas negociaciones con los republicanos.
El diputado Raúl Grijalva, que representa el distrito fronterizo de Arizona, declaró que los inmigrantes y los refugiados “no debemos ser el daño colateral de esta negociación entre la Casa Blanca y el liderazgo republicano en el Congreso”. Su colega Joaquín Castro, de Texas, advirtió que aceptar las medidas antimigrantes extremos sería rendirse ante el racismo de la derecha. El diputado Jesús Chuy García dijo que sería lo equivalente a desmantelar la Estatua de la Libertad.
La Casa Blanca confirmó que el presidente y su equipo han estado negociando con el liderazgo legislativo sobre política migratoria pero rehusaron ofrecer detalles. Por el lado republicano, el senador Thom Tillis confirmó que parte de esas negociaciones abordaron medidas para cerrar la frontera en algunos casos. “Hemos estado inundados con los que están cruzando donde no podemos hacer otra cosa más que liberarlos dentro de este país”, declaró.
Filtraciones a los medios sobre esa medida indican que la legislación establecerá que si el número de cruces de la frontera llega a un tope establecido, permitirá a Estados Unidos suspender toda solicitud de asilo y rechazar a todo individuo no autorizado que haya llegado a la frontera sureña.
Otras medidas incluyen la autorización de detenciones masivas; ampliar la autoridad de las expulsiones expeditas más allá de la frontera; y, una prohibición de tránsito que efectivamente podría anular las solicitudes de asilo para cualquiera que llegue a la frontera estadounidense que no sea mexicano si no han solicitado asilo en el primer país al que migran después de huir de sus propias naciones.
El senador demócrata Dick Durbin confirmó esencialmente que las medidas extremistas están sobre la mesa de negociación, y señaló que Biden entiende que se tienen que hacer cambios a la “insostenible” política en la frontera. “Tener a 11 mil personas cruzando en un día es más que el doble de la capacidad, no podemos continuar así (…) Debemos hacer algo que sea positivo para reducir el flujo de personas que no están legalmente autorizadas (para ingresar)”.
Hay legisladores demócratas que señalan que bien se puede aprobar asistencia a Ucrania sin sacrificar a los inmigrantes. El diputado progresista demócrata de Texas, Greg Casar, señaló que los republicanos sólo están interesados en usar el tema migratorio con fines electorales y que el presidente y los demócratas no deben participar en su juego.
Pero todo indica que el gobierno “demócrata” del anciano Joe Biden está decidido a sacrificar a los inmigrantes y sus derechos en beneficio de las grandes empresas armamentistas y el empeño de avanzar con los conflictos bélicos por todo el mundo, como los sucesos en Ucrania o genocidios como en Gaza.
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