Una pequeña anécdota expuesta en días recientes en la Red de Economistas por uno de sus más activos miembros, Oscar Fernández, encendió las alarmas respecto a ciertas incongruencias en la instalación de paneles solares en el sector residencial de la capital.
Contó que estaban montando en la casa de sus padres estos equipos con las vigas metálicas que suelen acompañar a los kits, pero llegaron dos inspectores de Planificación Física para imponerles una multa por "modificación menor de estructura".
¿Tiene esto algún sentido? se preguntaba Oscar, y a partir de ahí otros economistas y contadores también expresaron sus preocupaciones o criterios.
Al parecer no se trataba de un hecho aislado pues en Facebook la periodista Yuni Moliner, de la emisora Radio 26, contó que hace un par de semanas, en la Dirección Municipal del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (INOTU), de Matanzas, le informaron sobre una disposición interna —que no tenía por qué publicarse en Gaceta— dirigida a ordenar y regular la instalación de paneles solares.
La medida se enfocaba en dos ámbitos: el sector estatal (donde ya existen experiencias) y el sector privado, especialmente en viviendas, edificios multifamiliares y zonas del centro histórico.
Esa misma información, subraya Moliner, comenzó a circular en páginas institucionales de direcciones municipales. La semana pasada, agrega, entrevisté al director municipal del INOTU en Matanzas: una conversación de casi diez minutos donde se aclaraban puntos clave, entre ellos que no se impondrían multas y que el proceso tendría un carácter organizativo, con procedimientos definidos".
Al parecer también en Baracoa, autoridades locales indicaron recientemente que los ciudadanos debían solicitar autorización para instalar paneles solares. La información fue difundida por el telecentro municipal Primada Visión, donde funcionarios de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo explicaron el procedimiento.
El director de la entidad, Yean Tomasén Frómeta, aseguró que se trataba de una medida para regular el creciente uso de estos sistemas y garantizar legalidad. Según dijo, los interesados debían acudir a la oficina con documentos como el título de propiedad y, en algunos casos, un dictamen técnico sobre la resistencia de la vivienda.
Confusión y malestar en la población
En sintonía con todo lo anterior, y expresión de cómo en materia de comunicación social e institucional siguen habiendo vacíos informativos por las correspondientes entidades administrativas, lo cual provocó cierto revuelo en las redes sociales, una Nota Aclaratoria publicada hace varios días en el Periódico Ahora y en el Portal del ciudadano de Banes dice lo siguiente:
"En las últimas horas ha comenzado a circular en redes sociales una información que ha generado confusión entre la población: que ahora en Cuba es obligatorio pedir permisos para instalar paneles solares en los techos de las viviendas.
"Tras revisar lo publicado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, aclaramos lo siguiente:
No existe una disposición que obligue a los ciudadanos a solicitar un permiso general solo por colocar paneles solares en sus casas.
Lo que sí establecen las normativas más recientes es:
- Se promueve el uso de energías renovables en el país
- La importación de paneles, baterías e inversores ha sido facilitada (incluso sin aranceles en algunos casos)
- Existen requisitos técnicos y controles eléctricos que deben cumplirse
Los permisos o autorizaciones se aplican únicamente en situaciones específicas como:
- Cuando el sistema se conecta al Sistema Eléctrico Nacional
- Si se pretende vender energía
- En el caso de empresas, mipymes o grandes consumidores
Pero para uso doméstico independiente, no existe una prohibición ni un permiso obligatorio general como se ha difundido.
Esta aclaración es fundamental para evitar la desinformación en un momento donde muchos ciudadanos buscan alternativas ante la crisis energética, concluye la Nota Aclaratoria, la cual -por cierto- a juzgar por los comentarios en las redes sociales tuvo una amplia aceptación y generó tranquilidad.
Promover la orientación ciudadana y ofrecer oportuna y clara información
Respecto a lo publicado en la Red de Economistas por su colega Oscar Fernández, un usuario llamado jcc5969 opinó que es demasiado para el ciudadano común. Como mismo se publican los avances en las instalaciones de estos medios en lugares que prestan servicios públicos se debe promover la orientación ciudadana, sobre todos aquellos que con esfuerzo y voluntad se imponen a las adversidades.
No todo el mundo puede acudir a los prestadores que brindan estos servicios (de instalación de paneles solares), no tienen economía para ello.
Lo primero que tiene que hacer un inspector es aconsejar dónde mejor se pueden colocar estos aditamentos, señaló otro activo miembro de la ANEC llamado grubiomejias.
Entonces retomo la parte final de lo escrito por la colega yumurina Yuni Moliner:
"Este martes regresé a la DMOTU (de Matanzas). Allí se me informó que el lunes tuvo lugar un encuentro entre el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (INOTU), la ONURE y la Empresa Eléctrica, con el objetivo de esclarecer las regulaciones vinculadas a la instalación de sistemas fotovoltaicos, sobre todo en el sector residencial.
De ese intercambio salieron precisiones importantes y también modificaciones a la indicación inicial.
- Solo se requiere permiso o licencia en viviendas ubicadas en centros históricos (cuando se afecte el ornato público) y en edificios multifamiliares.
- A quienes ya tienen paneles instalados se les realizarán visitas de asesoramiento técnico para corregir posibles problemas de montaje.
- No habrá multas ni sanciones: el enfoque es educativo y de acompañamiento, con el objetivo de fomentar la expansión de la energía fotovoltaica.
En esencia, se trata de una política más flexible y coherente con el contexto.
¿Qué demuestra todo esto?, se pregunta la periodista matancera, y continúa:
"Que seguimos subestimando el papel de la comunicación en tiempos de crisis. No basta con tener una buena intención regulatoria; si el mensaje inicial es confuso, fragmentado o mal gestionado, el resultado es incertidumbre.
"Y en escenarios como el actual, la incertidumbre pesa más que cualquier regulación", concluye diciendo con razón la colega yumurina.
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