Vorágine argentina

El gobierno argentino de Alberto Fernández está en medio de una vorágine política y socioeconómica, resultante del desastre de la administración del derechista Mauricio Macri, mientras la nación sigue castigada por la pandemia global de la COVID-19, ahora en su punto más alto de infestación por día.

Un escándalo de espionaje ilegal a 403 personas, entre ellos: periodistas, figuras políticas, académicos, líderes sociales… durante el régimen del millonario Macri estremece la sociedad argentina, mientras la derecha critica el rescate gubernamental de una empresa fallida, acusa de comunista a Alberto Fernández y de seguir los pasos de Venezuela para crear una matriz de opinión opositora a su gestión, iniciada el pasado diciembre. Todo ello en un país arruinado económicamente, con 45,20 millones de habitantes y más de mil casos diarios, el pasado lunes, de contagiados de COVID-19.

En declaraciones este miércoles, Alberto Fernández, quien llegó a la presidencia por el Frente de Todos (FdT), con Cristina Fernández como vice, advirtió la posibilidad de que el pico de la pandemia esté ocurriendo en estos días, por lo que recordó el peligro de relajar el aislamiento social, preventivo y obligatorio en las zonas de circulación comunitaria.

Las zonas más afectadas del país, como el Área Metropolitana de Buenos Aires, la capital federal, deberían volver, precisó, a la “cuarentena absoluta” debido a la alta circulación de personas, y dio instrucciones para revertir la situación.

Las disposiciones oficiales fueron hechas tras el último reporte de la pandemia que superó la barrera de los mil casos diarios y casi una veintena de fallecidos. El presidente recordó que Argentina estaba casi en blanco y ahora está llena de manchas indicadoras de contagios, debido a gente que se relajó para trabajar o pasear —explicó.

En diálogo con Radio 10, el jefe del gobierno destacó: “La velocidad de contagios que tenemos hoy es la más alta desde el día cero, con lo cual deberíamos estar en la fase uno, que sería la cuarentena absoluta” y precisó que la capital federal tiene igual número de casos que la provincia bonaerense, con la salvedad de que cuenta con un tercio de la población.

ESCÁNDALO POLÍTICO POR ESPIONAJE ILEGAL

Mientras, el escándalo por la red de espionaje ilegal del gobierno macrista avanza a paso firme. Ya comparecieron como testigos ante el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, la expresidenta y vicepresidenta actual Cristina Fernández y el jefe del ejecutivo porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Villena dispuso el allanamiento este miércoles de la cárcel de Ezeiza, uno de los epicentros de las escuchas de la intervenida Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y se espera que cite al anterior presidente, principal responsable de lo que se considera un nuevo desastre de su administración.

Desde que concluyó su mandato para dar paso a Macri, Cristina Fernández fue víctima de una persecución judicial que intentó, infructuosamente por falta de pruebas, encerrarla en la cárcel y anular su presencia política en el país, tal como hicieron en Brasil con el también ex jefe de gobierno Luiz Inacio Lula da Silva y en Ecuador con el ex vicemandatario Jorge Glas.

En el caso de Cristina, el acoso fue tal que involucró también a su familia. Su hija Florencia enfermó y solo ahora, cuando parece que triunfará la justicia y gracias al tratamiento recibido en Cuba por más de un año, está recuperando su salud. La ex jefa de gobierno durante dos mandatos, con un fuerte arraigo popular, fue una de las primeras en presentarse ante la justicia por el espionaje ilegal y declaró que “Macri utilizó narcotraficantes para perseguir a opositores”.

Indicó que Argentina está ante “un verdadero e inédito escándalo”, y acusó a los medios de derecha de ser cómplices de la persecución judicial y a la Corte Suprema de no actuar según su rango. Se conoció que uno de los que recibía información de la AFI era un productor del canal América, identificado como Pirincho, encargado de divulgar las falsas acusaciones.

Durante los cuatro años de mandato del millonario presidente, despedido sin pena tras hundir la economía nacional, hubo operaciones de espionaje de distinta magnitud, entre ellas: vigilancia clandestina de domicilios, infiltrados en partidos políticos progresistas, escuchas telefónicas, seguimiento en motocicletas —según explicó Villena a Fernández sobre el complejo entramado montado desde la AFI, que incluso vigiló a dirigentes macristas.

Con la vicepresidenta comenzó un desfile de los perseguidos del grupo de policías, agentes encubiertos, abogados, periodistas, narcos y barras bravas —grupos radicales— autodenominado SuperMarioBros, el que reportaba a Alan Ruiz, uno de los hombres fuertes de la AFI y este a Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de la nación. Una parte de la información clandestina era pasada a periodistas de medios de derecha.

El grupo se comunicaba de forma habitual con la Casa Rosada. El diálogo era, supuestamente, con Susana Martinengo, coordinadora de Documentación Presidencial, cargo con oficina en la llamada Unidad Presidente. La funcionaria era de absoluta confianza de Macri y tenía fama de cazadora de brujas contra el movimiento kirchnerista, llamado así en recordación de Néstor Kirchner, esposo de Cristina Fernández, quien durante su mandato dejó atrás el neoliberalismo de Carlos Menem, quien también arruinó el país

El periódico Página 12, que da seguimiento al caso, indicó que una buena parte de la evidencia contra la vicepresidenta salió del celular del exagente de la AFI Leandro Areque, conectado con la policía de Buenos Aires y del Servicio Penitenciario, quien guardó por años el material recopilado. Otro teléfono con información es el del abogado Facundo Melo, a quien el narco Sergio “Verdura” Rodríguez señaló como su reclutador para inculpar a distintas personas de delitos no cometidos.

Para Cristina, la causa es “un verdadero e inédito escándalo”, y responsabilizó directamente a Macri por el espionaje, además de señalar la complicidad de la Corte Suprema, en especial el juez Claudio Bonillo, ya fallecido, en la difusión ilegal de escuchas de las que fue víctima.

El juez Villena también dispuso un allanamiento en la cárcel de Ezeiza, donde efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria revisaron distintos espacios en busca de rastros de espionaje en el Módulo 6, en los pabellones C y D, donde estuvieron detenidos ex funcionarios del gobierno de Fernández y empresarios perseguidos por el macrismo.

Había sospechas de que en las celdas pusieron micrófonos, al igual que en salas de reunión de los detenidos con sus abogados y familiares. El teléfono público estaba también intervenido por la AFI.

Además de Cristina Fernández, también figuran más de 60 corresponsales de medios extranjeros en Argentina, entre ellos: DPA (Alemania), Reuters (Reino Unido), Bloomberg (Estados Unidos), EFE (España), AP (Estados Unidos), AFP (Francia), ANSA (Italia), Xinhua (China) y Al Jazzera (Catar); por lo que el caso podría tener repercusiones internacionales.

Otros son Eduardo Duhalde; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz; el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta; el vice Diego Santilli; la ex gobernadora María Eugenia Vidal; el ex jefe de la bancada macrista en Diputados, Nicolás Massot; el ex titular del Ministerio de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo; Graciela Camaño; Luis Barrionuevo; Hugo Moyano. Muchos fueron citados a Lomas de Zamora para reconocerse entre el material probatorio.

LA EMPRESA DE LA DISCORDIA

El presidente Fernández tuvo que esclarecer, ante el ataque de políticos y medios de derecha, que expropiar la empresa de cereal Vicentín es una medida absoluta excepcional para garantizar que siga activa, y preservar así los puestos de trabajo, dada la deuda de 1 350 000 millones de dólares impagable para sus propietarios.

La idea, explicó, no fue de la vicepresidenta, a quien sus enemigos políticos acusaron de querer convertir Argentina en una nueva Venezuela, a pesar de la legitimidad de las nacionalizaciones realizadas en aquel país de compañías trasnacionales que saqueaban las ganancias nacionales.

La disposición surgió en un diálogo con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y reiteró que “No está en la cabeza de ninguno de nosotros andar expropiando empresas”". También expresó que la administración pública “no se puede hacer cargo de la economía privada, pero sí de una situación como esta”. 

Vicentín es una de las principales agroexportadoras del país suramericano, y contrajo una deuda en la que destacan créditos del Banco Nación durante el gobierno macrista. En febrero pasado, Vicentín se declaró en quiebra al no poder afrontar los pagos. Según sospechan las autoridades, al menos 270 millones de dólares se habrían prestado de modo irregular desde la banca nacional. 

Durante una entrevista radial, el jefe de Estado aclaró que el Gobierno “se está haciendo cargo de una empresa en quiebra, no de una empresa próspera”".

Tras la medida anunciada en la noche del lunes, muchos comunicadores compararon la situación de Argentina con Venezuela, e incluso se insinuó que el país va directo hacia el socialismo. Pero Fernández aclaró: “No hacemos esto para salvar accionistas, hacemos esto para salvar una empresa”.

En el caso de otras firmas alimenticias en dificultades, como SanCor y Cresta Roja, se brindó otro tipo de asistencia, sin éxito: “Hubo auxilios financieros que no terminaron bien ni lograron los objetivos que se habían planteado”.

De esta forma, el Estado pasa a obtener el 51 % de la compañía, con lo que se convierte en accionista mayoritario. Esta situación también se generó cuando el Gobierno expropió la compañía petrolera YPF a la española Repsol, para ser administrada nuevamente por las autoridades locales. Se trata, según el anuncio del pasado lunes, que los pequeños productores puedan seguir contando con una empresa a la que venderle lo que ellos producen.

La nacionalización de Vicentín levantó de inmediato las protestas de la oligarquía que, incluso, llamaron en las redes a salir a las calles en señal de protesta por una posible Argenzuela —en alusión a Venezuela—, lo cual carece de sentido común en una nación invadida por la COVID-19 y una economía dejada en ruinas por el neoliberalismo.

Según el periodista argentino Emmanuel Gentile, los simpatizantes del gobierno progresista celebraron el anuncio como una gesta por la soberanía alimentaria y la justicia social, uno de los pilares, recordó, del movimiento peronista (de Juan Domingo Perón). Para Gentile, los “gorilas” —forma despectiva de nombrar a los antiperonistas— tuvieron un mal lunes. Primero la presencia de Cristina Fernández como testigo en la causa de espionaje, y luego el anuncio del rescate de Vicentín.

Muchos recordaron la década de privatizaciones de Menem y la necesaria reestatización realizada por Kirchner de empresas claves para el país, como Aerolíneas Argentinas y Austral, Correo Argentino, las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), Aguas Argentinas y la petrolera YPF. Todas, dijo el analista, fueron cuestionadas desde la derecha.