Uruguay es centro de debates

Uruguay, una pequeña nación suramericana, atrae hoy la atención regional, luego de unas elecciones departamentales en que el izquierdista Frente Amplio (FA) ganó las dos plazas más importantes y el Congreso Nacional debate el desafuero del Senado del exgeneral Guido Manini Ríos, una importante figura de la ultraderecha militar con presencia en el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Los comicios territoriales efectuados el pasado día 27 arrojaron que el FA sigue siendo un partido con fuerzas considerables en Uruguay, —luego de tres mandatos presidenciales consecutivos— en tiempos en que Lacalle Pou implanta políticas ultra-neoliberales, mientras el país es azotado por la pandemia global de la COVID-19. Se confirman 2023 los contagiados hasta el 29 del pasado mes y 48 fallecidos.

El FA ganó con holgura los departamentos Montevideo y Canelones, que concentran la mayoría de la población del país, según el escrutinio.

Ello significa que mantiene su ventaja sobre los actores derechistas en la capital por 30 años. La nueva intendenta, Carolina Cosse, se alzó con un 52,5 % de los votos.

Cosse visitó pocas horas después de anunciarse su victoria al primer intendente montevideano electo de esas filas, en 1989, el expresidente Tabaré Vázquez. Los dos políticos sostuvieron un intercambio sobre los mejores métodos de trabajo en la capital uruguaya.

La intendenta electa también anunció que hará un gobierno unitario de todo el FA, cuyos ejes serán, entre otros, la generación de trabajo y un plan de emergencia ante la crisis económica nacional.

En Canelones, el candidato frenteamplista Yamandú Orsi ganó con 51,8 % de las boletas, y recibió el personal saludo del expresidente José Mujica, quien enfatizó que “ahora viene esta generación” tras anunciar su retiro de la política debido a su edad y estado de salud.

El departamento norteño de Salto también quedó en manos del FA, que reeligió a Andrés Lima, a pesar del despliegue en las redes sociales de los aspirantes del Partido Nacional (PN) y del Partido Colorado (PC).

De acuerdo con la valoración de los resultados, el PN, al que pertenece el mandatario, ratificó su tradicional implantación en el interior del país, al sumar ahora 15 de los 19 departamentos, mientras el PC solo se posicionó en Rivera.

Para los medios políticos uruguayos resultó de interés el 2,5 % de los votos ganados en Canelones y Maldonado por el nuevo partido Cabildo Abierto, que fue fundado por Manini e integrado mayoritariamente por militares y derechistas.

La coalición de gobierno está integrada por el PN, PC, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente.

EL DESAFUERO DE MANINI

El exgeneral Manini Ríos, comandante en Jefe en los gobiernos frenteamplistas de Mujica y Tabaré Vázquez, es indicado por grupos de izquierda como un político que actúa de manera ilegal, ya que fue destituido en el cargo ministerial poco antes de las elecciones nacionales.

Fuera del gobierno izquierdista, se centró en formar el partido Cabildo Abierto, llamado también “el militar” por su dirección castrense, actuante durante la dictadura (1973-1985), e integrante de la coalición multicolor del presidente Lacalle Pou.

De acuerdo con la Constitución Nacional, no se permite a los uniformados retirados actuar en política durante cuatro años, y en el caso de Manini mucho más, ya que se trata de un alto jefe que maneja información estratégica. Sin embargo, luego de tres días de discusión en el Congreso, el caso de Cabildo Abierto fue archivado y legitimado como una nueva agrupación política.

En las elecciones generales, Cabildo ganó 270 000 votos, con lo que consiguió tres senadores y 11 diputados, y una importante presencia en el régimen derechista actuante.

Algunos medios independientes, como el semanario Brecha, indicaron que en los tres mandatos del FA hubo “amparo total de la impunidad”.

Sin embargo, en marzo del pasado año, Vázquez lo destituyó de manera tan fulminante, que tomó de sorpresa a los mandos militares.

El expresidente explicó que pese a que varias figuras de la oposición y referentes castrenses señalaron entonces que Manini Ríos no violó la Constitución al referirse críticamente al proyecto de la reforma de la Caja Militar, el gobierno decidió sancionarlo con arresto a rigor, al entender que hubo “una violación clara a las disposiciones”.

Vázquez argumentó que la sanción fue a causa de “múltiples situaciones que merecieron en su momento algún tipo de apercibimiento y que coliden con reglamentaciones, algunas, y con artículos constitucionales, otras”.

Aclaró que consideró el artículo 77 de la Constitución en su numeral cuatro, que “no permite ni al presidente ni a militares ejercer ningún tipo de actividad política”.

Dijo, además que “comentar públicamente por parte del comandante en Jefe un proyecto que está en discusión del Parlamento es una actividad política”.

A partir de ese momento, Manini Ríos devino un defensor público de la dictadura, en lo que medios políticos consideran un ascenso del fascismo.

Presentó e hizo la propuesta de volver a imponer la ley de impunidad, la cual no es válida porque va en contra de todos los tratados internacionales que Uruguay voluntaria y democráticamente firmó y avaló.

En estos momentos, el Senado analiza el desafuero del exgeneral por temas asociados a crímenes de lesa humanidad del pasado reciente. Fuentes asociadas al Parlamento indican que Cabildo Abierto negocia los votos del presupuesto nacional en discusión a cambio de impedir el desafuero de su líder.

El PN de Lacalle Pou decidió votar contra la impugnación, aunque está dividido a lo interno dado que varios de sus dirigentes fueron asesinados, presos y perseguidos durante la dictadura.

Para evitar una división que debilite a su gobierno, el presidente reunió a los líderes de la coalición en la que hizo prevalecer la disciplina partidista.

Con ese método, logró que pasara en el Congreso la llamada Ley de Urgente Consideración, conocida como LUC, la que generó protestas y manifestaciones en la calle. La LUC es el programa neoliberal impuesto por el mandatario, con 500 artículos referidos a la estructura del Estado, hace perder autonomía a parte del Congreso y la Justicia en beneficio del Ejecutivo y del presidente de la República.

La aprobación de la LUC en solo 90 días, aprobada por el Senado en julio pasado por 18 votos a favor y 12 en contra, levantó recelos en la población, que vio como se fueron por la borda los principios democráticos en el país.

El FA no se opuso en bloque a la Ley, sino que logró que se excluyeran algunos artículos —según sus voceros camerales— para mejorar el proyecto oficialista. Sin embargo, los partidos de la Coalición reincluirán en el presupuesto nacional los puntos sacados de la LUC.

Una de las críticas populares a esa legislación es que empodera a la Policía y a los demás cuerpos represivos, con el argumento de detener el creciente tapete de países de tránsito o de tráfico de drogas, totalmente ausente en anteriores períodos políticos.

El pasado 17 de junio, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, informó sobre su comunicación con la Administración para el Control de Drogas (DEA) del Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE.UU.) con el objetivo de que se instale en el país suramericano.

En un informe, la televisora Telesur aseguró que Larrañaga mantuvo contactos con “otras agencias de seguridad internacionales” para que también abran oficinas en la nación. “Son contactos reservados que se tienen en función de buscar la colaboración de todas aquellas instituciones que permitan dar respuestas en materia de una lucha contra el narcotráfico que evidentemente tenemos que tener y librar en el país”, aseguró.

Al respecto, precisó Telesur, el anterior titular de la cartera durante el gobierno de Tabaré Vázquez, Eduardo Bonomi, indicó que esa agencia estadounidense se marchó del país porque las autoridades y aparatos policiales uruguayos eran capaces de enfrentar por sí mismos al narcotráfico, con la competencia requerida.

En este contexto, todas las señales indican que Uruguay se enfrentan a un difícil período de su historia política contemporánea: neoliberalismo, penetración de agencias estadounidenses, empoderamiento de militares.

Solo los movimientos de masas y la lucha del pueblo donde batallaron contra la dictadura los legendarios Tupamaros podrá volver a la nación de 3 449 299 de habitantes al carril de la democracia inclusiva.