Ticos no quieren saber del FMI

El pueblo de Costa Rica no quiere embrollar más su economía, afectada como en otros países por la presencia de la pandemia de COVID-19, pero más amenazada aun con el anuncio oficial de un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), solución ya pospuesta por el presidente Carlos Alvarado Quesada.

Desde hace semanas, los costarricenses salieron a las calles en rechazo al plan ideado por Alvarado y los técnicos del FMI a cambio de la recepción de mil millones de dólares para —en el supuesto del gobierno, con un año y medio en el mando— alcanzar la estabilidad macroeconómica con el fin de lograr el bienestar de las familias, de acuerdo con la propuesta oficialista.

Las protestas callejeras contra la política económica del gobierno comenzaron en julio pasado, cuando hubo un alza de impuestos en detrimento de la clase trabajadora, ya dañada por el desempleo y el cierre de negocios a causa de la pandemia, que en ese pequeño país centroamericano contagió a 89 223 personas y causó la muerte a otras 1076 hasta el pasado día 12.

Sin embargo, manifestaciones poderosas en las calles comenzaron a partir del pasado 30 de septiembre cuando el llamado Movimiento Rescate Nacional (MRN), organizado por el excandidato presidencial José Miguel Corrales, convocó junto a varios sindicatos a boicotear la idea de pacto con el Fondo.

Alvarado, de 40 años, periodista, narrador y músico, y postulado por el autodenominado centroizquierdista Partido Acción Nacional (PAC), que ayudó a fundar en el 2002, ganó las presidenciales al defender el matrimonio igualitario y transmitir a los eventuales votantes la idea de una nación donde sean concedidos derechos a los grupos LGBTI, el Estado laico y un ejecutivo multipartidista. Es decir, una nueva visión de la política nacional, lastrada por vicios tradicionalistas y salpicaduras de corrupción.

En diciembre de 2017, un mes antes de elecciones nacionales, el candidato del PAC solo tenía el respaldo de 4 % de los votantes, aunque era una figura conocida, pues fue ministro de trabajo de su antecesor Luis Guillermo Solís

Un mes después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos divulgó una opinión consultiva a Costa Rica sobre el enlace gay y otros derechos a parejas del mismo sexo. El mundo conservador del país se movilizó y la mayoría de los aspirantes a la presidencia se les unió para ganarse la simpatía de una gran masa de votantes católicos.

Alvarado aprovechó el momento y se enfrentó públicamente a sus adversarios bajo la bandera de la diversidad sexual. Entonces con 38 años, devino la figura con que se identificó la juventud tica y la comunidad LGBTI. En una de sus intervenciones de campaña, el jefe de Estado afirmó que su prioridad era convertirse “en una bisagra generacional para un mejor entendimiento que saque adelante a Costa Rica”.

Pero además de una heredada economía en recesión y luego de la entrada de la pandemia al país, Alvarado —según sus palabras— se vio obligado a lanzar un primer paquete impositivo, con la justificación de una baja en las exportaciones y en las ventas de productos de primera necesidad. La confianza de los empresarios también cayó, y los inversionistas se alejaron de la antes llamada Suiza de América.

En la actualidad, Costa Rica registra una cifra histórica de desempleo ascendente a 486 000 personas. Aunque en opinión de Alvarado los ajustes fiscales aprobados durante su primer año al frente del Ejecutivo evitaron la quiebra del país, la clase trabajadora no está dispuesta a recibir nuevos paquetazos exigidos por el FMI, lo que ocurriría si se concreta la nueva operación financiera. De ahí que cuando anunciara la noticia del endeudamiento con su acreedor internacional, de inmediato se dispararon los actores sociales.

Si el pasado año hubo 83 días de huelgas parciales, este 2020, aun con una pandemia por medio pero con un mayor rigor organizativo, las fuerzas políticas, entre ellas las sindicales, optaron por la rebelión en las calles. Tanto en la capital, San José, como en otras localidades, hubo bloqueos a vías principales, puertos y aduanas del país. Los manifestantes cerraron incluso el Paso Canoas, la principal vía fronteriza con Panamá. También hubo disturbios con los cuerpos represivos de seguridad, que reprimieron las protestas con bombas lacrimógenas en varios puntos del país.

Entre las demandas principales estaban el fin de las negociaciones con el FMI, suprimir el alza de impuestos y detener las ventas de empresas públicas.

ALVARADO DA MARCHA ATRÁS

Tres semanas antes de presentar la propuesta al país, las autoridades de Costa Rica ya habían enviado al FMI una carta donde solicitaban acceso al Servicio Ampliado del Fondo (SAF). Autoridades gubernamentales informaron el llamado “Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia” el cual establecía nueve medidas fiscales temporales y excepcionales: Aplicación de la regla fiscal, Proyecto de Ley de Marco de Empleo Público, cierre y fusión de órganos desconcentrados, reestructuración de servicios de apoyo de órganos desconcentrados. También congelamiento salarial mientras la deuda sea superior al 60 %, reducción de presupuestos extraordinario 2020, reducción de partidas superfluas 2020, renegociación y recorte de alquileres en el sector público, renegociación y recorte de gastos equipos y programas de cómputo.

En el tema de empleo público, el Gobierno proponía la “movilidad laboral voluntaria”, o sea, que 7000 empleados del sector público dejarían su trabajo. Además, se contempló la venta de propiedades del Estado, como la Fábrica Nacional de Licores y el Banco Internacional de Costa Rica, así como tierras estatales. 

Las normas que intentó imponer el gobierno fueron rechazadas por la mayoría de los partidos en la Asamblea Legislativa —a quienes Alvarado instó a analizarla—, casi de inmediato. Por el contrario, los partidos Unidad Social Cristiana, el de Liberación Nacional, Nueva República y Restauración Nacional, instaron al ejecutivo a elaborar de manera urgente una nueva idea más equilibrada que recogiera las preocupaciones de distintos sectores y constituyera la base para la construcción de un planteamiento sensato. Ello es imprescindible, advirtieron, para construir los apoyos necesarios con vistas a un acuerdo que tendrá implicaciones profundas en el futuro del país, indicaron en un comunicado.

El pasado día 4, al presidente Alvarado no le quedó otra que dar marcha atrás a sus anuncios de medidas que profundizarían las medidas neoliberales; pero dejó caer el balón en el campo opuesto y especificó que no seguiría adelante con su oferta inicial entendiendo, dijo, el sentimiento colectivo, y convocando a un diálogo nacional “para balancear las respuestas que necesita el país para resolver la situación”. El presidente afirmó que en un mes los integrantes del diálogo nacional esperan encontrar las vías de salida a la crisis económica local, aunque advirtió que quería ser claro: “…en los asuntos en los que no haya sido posible una recomendación de la mayoría de los integrantes de la mesa, el poder ejecutivo tendrá la libertad y el deber para proceder según sus criterios. Lo mismo ocurrirá si con los acuerdos no se logran alcanzar demostradamente los objetivos de política que ambos presidentes de los poderes de la República hemos propuesto para que el diálogo resuelva”.

Alvarado y el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, convocaron la noche de este domingo a una mesa de diálogo multisectorial a fin de buscar acuerdos para atender la situación fiscal y la crisis económica. Este nuevo proceso, que durará cuatro semanas, se instalará el sábado 17 con la presencia de la sociedad civil y bajo la moderación del Programa del Estado de la Nación.

Después que se logren los acuerdos, la presidencia convocará a una segunda reunión para tratar los temas de empleo, crecimiento y recuperación económica. Por la sociedad civil habrá 25 representantes, entre ellos empresarios, sindicatos, asociaciones de solidaridad y comunales, agricultores, mujeres, iglesias, estudiantes, y agencias de desarrollo. El ejecutivo estará representado por cuatro ministros del equipo social y económico, es decir, Hacienda, Trabajo, Desarrollo Humano y Planificación y Política Económica. Miembros del legislativo acompañarán las conversaciones como observadores permanentes.

Este grupo negociador está bajo la mirada escrutadora de los partidos políticos y las fuerzas progresistas de la nación centroamericana, dispuestos a volver a la vía pública si fallan los parámetros discutidos.