Puerto Rico a elecciones primarias en medio de tragedias

Puerto Rico, la llamada Perla del Caribe, vive en medio de tragedias, desde las naturales hasta las políticas —la peor de ellas ser colonia de Estados Unidos (EE.UU.) — mientras afina detalles para celebrar elecciones primarias el próximo día 9 como preámbulo de las generales tres meses después.

Hace poco, y para que se conozca el lastre de pertenecer a una potencia a la que no le interesa, el presidente estadounidense Donald Trump lanzó la idea de vender su Estado Libre Asociado (ELA) tras el devastador paso del huracán María en 2017, que dejó arrasada la tierra y más de 4 000 fallecidos.

Antes las grandes necesidades públicas, en gesto arrogante, lanzó a un grupo de necesitados isleños varios rollos de papel higiénico. Los comentarios de Trump sobre deshacerse de la isla se conocieron recientemente.

La actitud del ultraderechista mandatario fue una mayúscula grosería a un país que tiene himno, bandera y cultura propias, tres basamentos nacionalistas intactos hasta ahora, a pesar de la penetración ideológica de su metrópoli.

Los boricuas viven bajo la dictadura de Washington, que maneja sus asuntos a través de una Fiscalía Especial. Aunque pertenece por la fuerza a EE.UU. desde 1898, sus habitantes carecen de los derechos de los residentes en los 50 Estados continentales de la Unión.

Puerto Rico posee una gobernación aparte —que ignora el interés de independencia de la isla— la que desde hace unos 50 años recae en solo dos partidos: el oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP, de derecha) y el Partido Popular Democrático (PPD, de centro).

El día 9, en lo que se considera una situación inusual, las agrupaciones inscriptas, algunas muy nuevas, realizarán primarias para elegir sus postulados a las generales del 3 noviembre, cuando se conocerá al próximo gobernante, así como los ganadores de 27 escaños en el Senado, 61 en la Cámara de Representantes, 78 alcaldías, y el Comisionado Residente, representante de la ínsula en el Congreso estadounidense, pero sin derecho al voto.

Las primarias ocurren en medio de circunstancias extremas de diversa índole.

Las consecuencias del huracán María e Irma en 2017 aún son visibles en Puerto Rico. El gobernador en aquel momento, Ricardo “Ricky” Roselló poco hizo para ayudar a los damnificados, que sobreviven en barracones.

Roselló, del PNP, renunció debido a su mala gestión 16 meses antes de concluir su mandato, en medio de protestas populares, pues —se dijo— robó parte del presupuesto entregado por la Junta para la recuperación.

Incapaz de manejar el pago de una deuda pública acumulada de más de 68 000 millones de dólares —EE.UU. se negó a una contribución federal como hace con sus otros Estados— se burló en un chat difundido por redes sociales de sus compatriotas, en especial de los perjudicados por los huracanes.

Ante su salida, la gobernación fue ocupada por la abogada y exsecretaria de Justicia Wanda Vázquez, ya que el designado, Pedro Pierluisi, estuvo involucrado en la conversación del jefe del Ejecutivo.

Para el analista político Hiram Guadalupe —según dijo a la agencia EFE— la relevancia está dada ahora por el PNP, que por primera vez en su historia acude a primarias para escoger a su candidato, lo que indica una división interna.

En su opinión, y aunque en la práctica la victoria se alterna entre los grandes partidos, desde hace unos 15 años se muestra una tendencia a democratizar los comicios, y puso como ejemplo al Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

MUCHOS CANDIDATOS, POCAS POSIBILIDADES

En opinión de algunos expertos, como la profesora de Ciencias Sociales Marta Quiñones, aunque concurran a las generales un mayor número de candidatos, son pocos los que tienen posibilidades de ganar.

Parten con ventaja, aseguró, las agrupaciones tradicionales, con altos presupuestos. El resto, puntualizó, carece de apoyo mediático, pues hay una conspiración para evitar que influyan en los votantes, en especial los jóvenes.

El PNP aún siente las consecuencias del megaescándalo de Roselló. Antes de tales sucesos era casi seguro que el joven político fuera reelecto este año.

Ahora Pedro Pierluisi debe medirse con la gobernadora Vázquez, quien está salpicada por un delito cometido durante la pandemia, que el primer día de este mes registraba 17 872 infectados, con 225 defunciones, entre 3 655 559 habitantes. Otros 4,9 millones de boricuas emigraron a EE.UU.

El PPD, aunque tiene mucho arraigo en un conglomerado acostumbrado a solo cambiar de color en la papeleta cada cuatro años, es considerado una colectividad dividida por conceptos ideológicos, entre los de la derecha (seguidores del ELA) y los de izquierda (soberanista/independentistas).

Batallarán para su postulación por el PPD Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de San Juan, la capital, Eduardo Bathia, expresidente del Senado y Carlos “Charlie” Delgado Altieri, alcalde de Isabela. La aspiración de Yulín Cruz genera expectativa en la isla, pues se hizo famosa por enfrentarse a Trump en los medios para exigirle respeto por los puertorriqueños.

El PIP tiene pocos chances de discutir la gobernación. Aunque el senador Dalmau es un político de prestigio, el partido debió ser reinscrito este año, ya que por segunda ocasión en unas generales (2012 y 2016), obtuvo menos del 3 % de los votos.
Con la leyenda del Movimiento Victoria Ciudadana aparece la abogada Alexandra Lúgaro, quien obtuvo un 11% de los sufragios en 2016.

Otro posible candidato es el médico conservador César Vázquez, del Proyecto Dignidad. El único candidato independiente es el joven Eliezer Jiménez, prácticamente desconocido en las lides políticas.

GOBERNADORA EN APUROS

Luego de asumir como gobernadora, de acuerdo con la Constitución de la isla, Vázquez gobierna bajo la presión de la dictadura de EE.UU., una crisis económica brutal, corrupción abierta —de la que no escapa— y eventos naturales que destrozaron el país.

Por su posición geográfica, la isla sufrió desde 2017 el paso de dos grandes huracanes, y este 2020 uno pequeño, terremotos —uno de categoría 6,4 en la escala de Richter— y ahora la pandemia de la COVID-19.

Pero quizás una de las pesadillas de este mujer que aspira a quedarse con la banda de gobernadora es su falta de experiencia política y las acusaciones sobre su indiferencia ante la actuación de Roselló y ahora su eventual corrupción en la compra de insumos para combatir la pandemia.

Vale recordar que para paliar la grave situación dejada por esos eventos hubo ofrecimientos de Cuba, México y Venezuela, entre otros países. Pero la colaboración latinoamericana no pudo entrar, pues la administración estadounidense impuso su sistema de ayuda en caso de emergencia que resultó ineficiente. En una isla que ocupa unas 110 por 40 millas, el Cuerpo de Ingenieros enviados por Washington indicó que el trabajo era muy difícil y dejaron al territorio sin energía eléctrica durante meses.

Vázquez enfrenta una investigación de la Oficina de Ética sobre su conducta durante la prestación de ayuda humanitaria tras el paso de María. Solo este mes las autoridades boricuas afirmaron que están casi listas las 45 primeras casas construidas por el llamado Plan R-3, pero ninguna está completa.

Vázquez, además, junto a otros altos funcionarios de su Ejecutivo serán objeto de otra indagación por recientes acusaciones de corrupción, indicó el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente hace unos días.

“Es un asunto muy serio”, dijo Edgardo Román, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. “Ella podría ser llevada a un juicio político”, informó la agencia AP.

Sin embargo, y en un año electoral, Vázquez afirmó ante la prensa que los alegatos son “vengativos” y “amañados”.

Son numerosos los medios políticos que consideran muy frágil la posición de la gobernadora, pues el fantasma de la corrupción rodea el tratamiento oficial dado a la pandemia de la COVID-19, al detectarse la tentativa de defraudar 38 millones de dólares al gobierno.

De acuerdo con la agencia de noticias Prensa Latina, quedó demostrada la concesión de un contrato la semana pasada a una empresa de construcción para la compra millonaria de pruebas de detección de la COVID-19, sin vínculo alguno con la rama de la medicina.

La compañía beneficiada, Apex General Contractors, recibió 19 millones de dólares de un contrato de 38 millones, para adquirir pruebas de detección del nuevo coronavirus.
Según PL, se han comprobado los vínculos de ejecutivos de Apex con el anexionista PNP, al que aportan dinero, así como la falsedad de la documentación, según constató el empresario Aaron Vick.
El producto, a un coste de 38 dólares la unidad, tiene un valor de diez centavos en el mercado.

Aunque Vázquez defendió con fiereza la transacción, que comprometió a funcionarias de su entorno, ignoró a la ministra en funciones de Salud, Concepción Quiñones de Longo, quien dimitió de inmediato ya que se le quiso forzar a firmar en 21 minutos un contrato que desconocía.

Esta situación indignante movilizó a los boricuas a las calles, pese al cierre de emergencia y el toque de queda, para exigir atención a la COVID-19 y contra el delito.