La acción de inconstitucionalidad para determinados artículos del Código Penal que sancionan la práctica del aborto en Bolivia, presentada por la diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Patricia Mancilla, ha generado múltiples polémicas en la sociedad del país sudamericano.
El aborto está penalizado allí, excepto para casos de embarazos producto de violación, rapto no seguido de matrimonio, incesto y cuando la vida de la madre está en riesgo; aunque, para practicarlo en alguna de estas situaciones es imprescindible recibir un permiso judicial.
Los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional no llegaron a un consenso para emitir un fallo sobre la petición de Mancilla y optaron por devolver el caso a un nuevo magistrado relator. El presidente del Tribunal, Ruddy Flores, valoró como muy complejo el caso, ya que las posiciones y el análisis de la constitucionalidad tendrían efectos sociales en Bolivia.
En el Ejecutivo existen diferentes posiciones ante el aborto. El presidente Evo Morales lo consideró como un delito, pero anunció más conversaciones con su gabinete y que se asesorará con sus ministras, que, al ser mujeres, tienen mayor conocimiento sobre el asunto. “No soy experto en temas de aborto, tenemos que debatirlos. Claro, cualquier aborto es un delito, así entiendo, pero de manera oficial quiero decir que analizaremos en el gabinete los debates que están sosteniéndose en la opinión pública para que el Gobierno tenga una posición”, aseguró el mandatario en rueda de prensa.
La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, reconoció, a título personal, que era partidaria de la iniciativa. “Hay un intenso debate en el gobierno sobre este tema, particularmente yo estoy de acuerdo con la despenalización del aborto, ese es un derecho de las mujeres y no existe ninguna instancia oficial del Estado que debería regir nuestro derecho a tener o no hijos”, aseveró la funcionaria.
Una posición similar asumió la ministra de Autonomías, Claudia Peña. “Yo personalmente estoy de acuerdo con legalizar el aborto, pero no solo con eso, sino también con redoblar los esfuerzos para que la gente tenga más acceso a la información respecto de sus derechos sexuales y reproductivos, que haya acceso irrestricto a métodos para cuidarse y no embarazarse”, declaró.
Mientras, el jefe de la bancada del MAS en el Senado, Eugenio Rojas, dijo también, a título personal, que no era necesario despenalizar en el país el aborto, por lo cual reclamó un mayor cuidado de la vida, así como la adopción de otras políticas de Estado para evitar la interrupción del embarazo.
Diversas organizaciones feministas han expuesto su respaldo a la despenalización; aunque, como era de esperarse, la Iglesia Católica ha criticado fuertemente la iniciativa de Mancilla y lanzó una campaña para que la población rechazara cualquier tipo de debate sobre el aborto.
La despenalización ha generado un gran interés en Bolivia, aunque esta acción está sujeta no solo a los aspectos jurídicos que deberán resolverse, sino también a los morales, religiosos y hasta de salud y derechos de las mujeres.
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