Piñera sigue en apuros

Si el pasado año fue símbolo de la rebelión estudiantil en Chile, un fenómeno que resurgió luego de 20 años de silencio, el 2012 aparece de alta complejidad para el gobierno del derechista Sebastián Piñera, quien sufre hoy la crisis interna de la coalición partidista que lo llevó a La Moneda, además de elecciones municipales, ínfimo apoyo popular y otras amenazas a la estabilidad oficial no menos graves.

En el 2011 dos millones de chilenos marcharon por las principales ciudades del país austral en condena a la política gubernamental. El saldo fue de varios muertos, cientos de detenidos, golpeados y abuso sexual contra muchachas.

Para el año que comienza ya se anunciaron grandes movilizaciones estudiantiles, en marzo próximo, amén de las protestas esporádicas de ese sector, que ya dejaron en enero más de 20 detenidos.

La situación interna de la oficialista Coalición por el Cambio, una alianza derechista que llevó a Piñera al poder, subió de tono este lunes, en lo que algunos especialistas consideran una crisis irreversible. 

Uno de ellos, la Renovación Nacional (RN), del presidente, dio un ya esperado paso, al suscribir un acuerdo político con la opositora Democracia Cristiana (DC) para reformar el sistema binominal de 1990, el cual critican por su sesgo excluyente en términos de participación política.

El alcalde y vicepresidente de RN, Manuel Ossadrón, afirmó que el pacto con la DC sobre la propuesta de una reforma electoral y política busca instaurar un gobierno semipresidencial, y terminar con el sistema binominal, que impide a la población sentirse representada en la toma de decisiones.

Ossadrón recordó — citan medios de prensa internacionales- que más de un millón de ciudadanos tomaron las calles el pasado año reclamando cambios, y solicitó a la UDI “no seguir actuando como hace 30 años, porque si no vamos a terminar mal”.

Este signo de rebelión en las filas del gobierno era previsible. Hace poco, Piñera solicitó a los partidos de la alianza un clima de acuerdo. “De lo contrario, esta es una profecía autocumplida. Porque he visto los debates de los últimos días, en que prácticamente las partes piensan que, o se hace todo como ellos quieren, o simplemente no se hace nada”.

Lo cierto es que las poderosas agrupaciones de la alianza poco respaldan al mandatario en lo que son sus caballos de batalla de este año: las reformas al sistema binominal y la tributaria, con el aumento de impuestos a empresas. 

Pero lo que se veía venir no dejó de sorprender a la ultraconservadora Unión Democrática Independiente (UDI) - la otra pata fuerte de la Alianza-, cuyo secretario general, Víctor Pérez, afirmó que la RN debilitó al gobierno por un lado y generó dificultades profundas en la coalición, lo que calificó de “grave error político”.

AMBICIONES PARTIDISTAS

Analistas consideran que detrás de tales acuerdos están las ambiciones partidistas con respecto a las elecciones municipales de fines de este año- un balón de ensayo de las presidenciales-, en las cuales, si las encuestas continúan marcando la baja popularidad de Piñera y lo que él representa, otros partidos podrían alcanzar lugares importantes en las urnas.

Para ir creando condiciones con vistas a los comicios de este año y el próximo, el Ejecutivo dispuso una reforma electoral con la Ley de Inscripción Automática y voto voluntario, promulgada este lunes en La Moneda, la cual permitirá que un 55 por ciento de nuevos votantes participe, o sea, casi cinco millones de personas, la mayoría jóvenes desinteresados en la actual política y que no aparecen inscriptos en el padrón electoral. 

Durante la ceremonia, Piñera reconoció que el propósito de su administración es “rejuvenecer la democracia, ante una pérdida de confianza, y un distanciamiento entre los ciudadanos y las instituciones”.

A este panorama, de por sí delicado, se une esta semana la fuerte controversia en el Congreso Nacional por la llamada Ley de Resguardo del Orden Público en Chile — denominada por la ciudadanía Ley antitomas.

Esta regulación con evidentes tintes dictatoriales pretende criminalizar la protesta social y con ello impedir las ya anunciadas manifestaciones estudiantiles y de otros sectores, que acusan al gobierno, entre otros males, de una pésima distribución de la riqueza nacional.

Algunos diputados, como Felipe Harboe, del Partido por la Democracia, consideran que la Ley no saldrá, pues “socialmente es inaceptable y políticamente es lesivo a los derechos ciudadanos”. 

La regulación enviada por el gobierno a los parlamentarios tipifica la toma de colegios e instituciones como delito, y penaliza con la cárcel expresiones pública de protesta, en tanto responsabiliza a los dirigentes de las manifestaciones de cualquier “desmán” —léase brutal actuación de las fuerzas públicas, que hasta han organizado autoagresiones- a fin de debilitar los movimientos sociales y sindicales. 

Conocida también como Ley Hinzpeter, por el apellido del autor del proyecto, el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, un hombre vinculado a la dictadura pinochetista, la propuesta se une a las ya vigentes Ley Antiterrorista y Ley de Seguridad del Estado, y al decreto que obliga a solicitar autorización para movilizarse en las calles.

Desde que asumió como titular, Hinzpeter no oculta su admiración por Pinochet — cuya dictadura dejó miles de muertes y desaparecidos-, lo cual demuestra en homenajes oficialistas a represores y polémicas, como la Ley antitomas, en tanto ha dicho en público que pretende crear una “nueva derecha” junto al Mandatario.

El TEMA ECONÓMICO

A estos problemas se une el del crecimiento económico. Chile sufre una desaceleración, acompañada del alza de la inflación. La crisis europea, que se pensaba afectaría menos al país debido a su sociedad comercial con China y permitiría un crecimiento anual de un seis por ciento —ahora imposible- , impide también la promesa presidencial en la asunción del 2010 de crear un millón de empleos y acabar con la miseria en 2013, cuando habrá elecciones presidenciales.

El 77 por ciento de los chilenos considera que el alza de un 6,6 por ciento el pasado año sólo favorece a los ricos, entre ellos Piñera y varios representantes de su gabinete.

Todavía Chile sufre las secuelas de un terremoto, ya que 204 mil 562 familias viven en tiendas de campañas desde febrero del 2010, y el reciente incendio de 55 mil hectáreas en el sur de la nación, con la muerte de 10 brigadistas, ha despertado las críticas de la sociedad civil. El ministro de Agricultura, Luis Mayor, es señalado como principal responsable en la supuesta demora en el enfrentamiento del siniestro.

Asimismo, el gobierno enfrentó una férrea oposición de hasta algunos representantes de centro-derecha cuando trató de cambiar en los textos escolares el término “dictadura militar” —referido al sangriento período de la dictadura de Augusto Pinochet, de 1973 a 1990- por el de “régimen militar”, un intento fallido de borrar la memoria histórica de la población, que reconoce cada vez más el ideario del presidente socialista Salvador Allende, en especial las nuevas generaciones chilenas.