Piñera busca tabla de salvación

El presidente chileno Sebastián Piñera, a quien la pandemia de la COVID-19 con su carga de muerte y cuarentena salvó de las protestas nacionales contra su gobierno, procura, sin embargo, agarrarse de cualquier tabla para mantenerse a flote en el Palacio de La Moneda.

La enfermedad global, que se acerca a los 400 000 fallecidos, también tocó a las puertas de Chile el 3 de marzo y desde entonces —según reportes oficiales— hasta el 3 de este mes había registrado 1 188 fallecidos, y 108 686 contagiados.

La subsecretaria de Salud Pública de Chile, Paula Daza, aseguró que el último boletín informativo del pasado martes confirmó 4 942 nuevos infectados y 87 decesos en 24 horas, con lo que Chile volvió a superar el máximo diario de fallecidos por la dolencia.

Medios de prensa locales estiman que la cifra de muertos podría ser superior, pues son cientos quienes no reciben atención médica por carencia de dinero.

Organizaciones sociales y comunidades de Chile critican la gestión de Piñera por el manejo inadecuado de la emergencia sanitaria. El mandatario, que en octubre del año pasado fue blanco de gigantescas protestas populares, no ha podido controlar la COVID-19 y garantizar la alimentación y los subsidios a las familias pobres.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Chile señaló esta semana que son insuficientes las iniciativas del Gobierno derechista del multimillonario Piñera, y reportó que hay 3 107 trabajadores de la salud de 219 centros asistenciales estaban contagiados con la COVID-19 hasta el pasado día 1.

La CUT confirmó que su Secretaría de Salud elaboró un Plan Nacional de Emergencia con numerosas iniciativas para enfrentar la crisis sanitaria, económica y social que afecta al país andino, ante el desacierto oficial. Entre otras medidas, solicitan corregir la estrategia del Ejecutivo en el plano social y sanitario ante el avance de la enfermedad.

Solo tres de 25 servicios de salud (incluyendo al Ministerio de Salud, Minsal) cuentan con insumos, siendo las mascarillas N95 las que “mayoritariamente” faltan en los centros de atención, explicó la organización sindical.

Sobre ese menester, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, resaltó que mientras unos sectores aumentan sus ingresos a causa de la crisis, otros caen en la pobreza como resultado de las malas políticas de protección social.

AYUDAS SOCIALES EN VEREMOS

Para convertirse en el presidente “bueno” que protege a los vulnerables de la pandemia, Piñera prometió entregar más de 2,5 millones de cajas de comida a familias pobres.

Pero hasta ahora, la ayuda está en el aire, según afirmó El Diario Financiero, que a fines del pasado mes titula: “Anuncio de entrega de alimentos se convierte en un dolor de cabeza para el gobierno”, y en el bajante agrega “la gente se agolpó en algunos municipios buscando alimentos, pero ni los alcaldes ni nadie sabía los detalles”.

Para defender su plan de ayuda, el mandatario debió precisar que el despacho será a domicilio, pero según el mercado “no hay capacidad para repartir 2,5 millones de cajas rápidamente”.

Lo cierto es que el derechista mandatario recibe críticas por su anuncio de la distribución de alimentos de emergencia sin tener, según se evidencia, nada preparado, ni las cajas ni la intendencia para distribuirlas.

En opinión de especialistas, como el chileno José Mas Sampedro, “hubiera sido más rápido distribuir el dinero en que se valora cada caja en depósitos o cheques o que los recursos sean entregados a los municipios”.

Los hechos indican que la supuesta ayuda devino un negocio para el empresariado. El régimen valora una caja en 30 000 pesos (moneda nacional), pero los expertos indican que solo cuesta 19 070, por lo cual los vendedores se embolsan 10 930 pesos por cada depósito.

Una cuenta sencilla indica que por 2.5 millones de caja, la sobreganancia para el empresariado privado asciende a 47 675 000 de pesos.

Tampoco todos los necesitados accederán a ese presunto beneficio. Se estimó —de acuerdo con las cuentas del mandatario— que los alimentos llegarían al 70 % de las familias, lo cual es una cifra ridícula, pues en Chile hay más de 18 000 000 de habitantes, según el último censo. O sea, cerca de 5 800 000 de familias de 3,1 integrantes.

Entregar una caja al 70 % de las familias significa que es necesario repartir más de 4 000 000 de ellas. Los números no dan.

Piñera tiene desde hace muchos meses una imagen de derrota. Durante las protestas de octubre último su popularidad ascendía a solo un 6 %. El fracaso de las cuarentenas parciales que no detuvieron la pandemia y la falta de dinero de una gran parte de los chilenos para comer y pagar cuentas básicas, y ahora lo que se considera un nuevo engaño, hizo que a pesar del confinamiento cientos de personas salieran a las calles a protestar.

La desesperación ha llegado a un alto número de familias chilenas. Más de un millón de trabajadores están desempleados, despedidos y suspendidos sin ninguna compensación debido a la mal llamada Ley de Defensa de Empleo, aprobada por el Congreso Nacional.

Ellos cobran un porcentaje de sus anteriores salarios, pero solo hasta que dure el dinero que habían ahorrado en sus fondos de cesantía, lo cual podría durar unos tres meses. Otro 23 % de individuos empleados en labores informales ahora carecen de ingresos. La bomba de tiempo social acorta la mecha por días.

PIÑERA QUIERE QUE LA CULPA CAIGA EN TODOS

La situación en Chile es crítica. Los números demostraban que aun cuando existían grandes bolsones de pobreza debido a su política neoliberal —al igual que los anteriores gobiernos— ahora la miseria envuelve a millones de personas, o sea, un 35,5 % en 2020.

Piñera hizo lo mismo que otros países latinoamericanos. Pidió un crédito al Fondo Monetario Internacional por 23 9830 millones de dólares, en medio de la pandemia, destinado, dijo, a proteger al país “contra choques externos”.

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, destacó que pese a que Chile tiene “fundamentos y políticas muy sólidas”, su economía abierta está expuesta a “riesgos externos sustanciales como resultado del brote de la COVID-19”.

Entre los peligros observados por el órgano prestamista mundial por la pandemia están el deterioro en la demanda global de exportaciones, una fuerte disminución de las entradas de capital hacia mercados emergentes y un endurecimiento abrupto de las condiciones financieras mundiales.

A estos riesgos se une ahora que Chile tiene una deuda con el Fondo, que no perdona y cobra altos intereses por sus préstamos. Que lo digan Argentina y Ecuador, por situar solo dos ejemplos.

LA CULPA ES DE TODOS

El gobierno de Piñera no es tonto. Sabe que hay un rechazo a su gestión ante la crisis sanitaria y social desencadenada por el cierre de la economía.

Hace unos días, el presidente y su ministro de salud, doctor Jaime Mañalich, se autocriticaron por el manejo de las proyecciones epidemiológicas. “Con franqueza, navegamos en una suerte de oscuridad en que cada día vale: cuántos pacientes nuevos hay, fallecidos, hospitalizados, el número de ventiladores…”, dijo el titular de Salud ante una atónita concurrencia en la Universidad Católica de Chile.

El mandatario, conocido por su arrogancia, admitió que habían cometido errores, “pero también me siento orgulloso por lo que hemos hecho los chilenos en los últimos meses, donde hemos construido una red de salud para todos y una red de protección social para todos”, argumentó.

De inmediato, y para que cuando se hagan las cuentas él salga lo menos perjudicado posible —políticamente hablando— llamó a un nuevo acuerdo nacional, alegando que “mientras más exigentes los desafíos, más acuerdos, más colaboración necesitamos en este país”.

Lo que pretende el régimen con el eventual pacto es una transferencia de mayor poder para afianzarse en el cargo, y barrer la basura de su desastrosa gestión de la pandemia bajo la alfombra. “Hoy es tiempo de colaboración y no de confrontación”, advirtió. O sea, si algo sale mal, la culpa es de todos.

Quizás otros grupos políticos entren en la nueva componenda de los neoliberales, pero el Partido Comunista (PC) —que no es invitado— descartó una alianza con el gobierno mientras este no adopte las medidas de fondo propuestas por organizaciones sociales y sectores de la oposición.

El presidente del PC, diputado Guillermo Teillier, aseguró que la propuesta oficialista es hecha cuando está claro que las medidas del Ejecutivo en general fracasaron, y lo que pretende es diluir la responsabilidad propia.

En entrevista al semanario El Siglo calificó el acuerdo como “un llamamiento demagógico, oportunista, que no presenta soluciones ni llama al mundo social”.

El pasado jueves Piñera anunció cambios en su gabinete ministerial, en específico, en el llamado Comité Político del gobierno, pero no tocó a su criticado ministro de Salud, a quien la mayoría culpa por el desastre sanitario.