Pecado electoral en República Centroafricana

Los últimos comicios del año previstos en África se realizarían el  27 de diciembre en un ambiente complejo: una oposición política que rechazaba su ejecución, facciones armadas amenazando marchar contra la capital, un contingente de la ONU tratando de garantizar la seguridad de la consulta y la posición oficial inamovible de celebrarla.

Esas elecciones, cuyos resultados deberán conocerse en enero del 2021, recorrieron un trecho marcado por las tensiones y un fuerte debate sociopolítico respecto a que si lo mejor para el progreso institucional del país –uno de los más pobres del mundo- era mantener la administración del presidente Faustin-Archange Touadéra.

Touadéra, del Movimiento Corazones Unidos (MCU) se postuló para buscar un segundo mandato y tras ser la figura pública  más favorecida con el proceso de paz, cuando acercó el Gobierno a 14 grupos guerrilleros con los que pactó en febrero de 2019, aunque en realidad la RCA apenas conoce una distensión real y efectiva.   

Los problemas del país se concentran en la lucha por el poder y su trayectoria incluye varios golpes de Estado y revueltas; los mandatarios se sucedieron casi siempre mediante la fuerza, y todo eso obstaculizó históricamente resolver las difíciles  contradicciones entre sus comunidades, ni entre formaciones políticas asociadas a estas.

Esa situación se reprodujo en la carrera electoral en la cual compitieron 17 aspirantes a la jefatura del Estado y se elegiría también al nuevo Parlamento; una consulta ciudadana a la que las autoridades convocaron asistir a alrededor de 1,8 millones de votantes.  .

Además de Touadéra, en el poder desde 2016, la nómina aspirantes incluyó a la expresidenta Catherine Samba-Panza, los exprimeros ministros Martin Ziguelé y Anicet-Georges Dologuélé, y los hijos de dos exmandatarios --Sylvain Patassé,  de Ange Félix Patassé, y Jean-Serge Bokassa, de Jean Bedel Bokassa.

No obstante, de los 22 expedientes presentados, el Tribunal Constitucional (TC) excluyó a cinco, entre ellos al exgobernante Francois Bozizé, sujeto a una orden de arresto internacional por cometer supuestos crímenes de lesa humanidad, y el otrora rebelde Armel Sayo Ningatoloum, jefe del movimiento Justicia Revolucionaria.

La inhabilitación de Bozizé respondió a que sobre el político, quien gobernó de 2003 a 2013, pesa una orden de detención y también a que durante sus 10 años de mandato se realizaron detenciones arbitrarias, secuestros y torturas, según el portal digital Africa News que citó el dictamen judicial para argumentar la decisión.

Con las invalidaciones, bien acogidas por el electorado de República Centroafricana, el TC trató de preservar el amenazado desarrollo de las presidenciales,  las cuales los críticos representados por la Coalición de Oposición Democrática (COD-2020) quisieron posponer.

Sobresalió en el “pulseo” la actuación de un nuevo componente de la beligerancia la denominada Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC), que bajo un mando unificado llamó a postergar la consulta, luego decretó un cese al fuego unilateral y más tarde reanudó sus operaciones.

Las últimas elecciones de 2020 en el continente africano realizadas bajo la  presión de una escalada de violencia que preocupó a Naciones Unidas, cuya misión de paz asentada en Bangui, la capital, movilizó a sus efectivos para evitar que los comicios se ahogaran en sangre, cual masivo pecado político.

Concluido el año, habrá que esperar para conocer plenamente el comportamiento de los acontecimientos electorales y poselectorales en República Centroafricana, donde pocos aciertos y mucha violencia tejieron una tradición de dificultades en un continente decidido a romper los eslabones de esa cadena.

Pero el nuevo escenario y los posibles cambios que trasciendan de los comicios se verificarán en la RCA en 2021, solo resta aguardar…