El 14 de marzo de 2018, la concejala Marielle Franco entró a su automóvil conducido por Anderson Gomes. Salían de un acto político efectuado en Río de Janeiro en defensa de los derechos humanos. De momento, una andanada de disparos alcanzó a la pareja. Marielle murió el instante. Su cabeza quedó destrozada por cuatro balas de 9 mm usadas por la Policía Militar.
Dos años después del atentado que estremeció a la ciudadanía brasileña, en especial en Río, donde nació y murió la izquierdista de 38 años, la justicia sigue un lento trabajo, sin grandes resultados, que impide desenmascarar al autor intelectual de la criminal acción, pensada por una política de odio contra lo que ella representaba: una de las figuras más prometedoras del mundo político del gigante suramericano.
Lo que sí indican las hipótesis de fuerzas de izquierda es que quien organizó el asesinato de Marielle opera en las sombras bajo la protección de las altas esferas y de las milicias paramilitares dedicadas a matar a figuras que se han atrevido a desafiar a los dos últimos regímenes derechistas brasileños.
La concejala del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), era pobre, nacida en una favela, barrio donde viven los grupos sociales más pobres del millonario balneario del sur del país. Era conocida por su acusador verbo y su defensa de los derechos de las mujeres, los negros y los humildes.
Mestiza, muy atractiva, había actuado como relatora, hasta poco antes de su muerte, de la comisión creada en el Concejo Municipal para monitorear la intervención federal en la seguridad pública de Río de Janeiro, ordenada por el expresidente derechista Michel Temer para, dijo, proteger a la población de la guerra entre narcotraficantes de ese Estado.
El asesinato sigue envuelto aún en una lentísima investigación que ahora decidió pasar el caso a un jurado popular y no mantenerlo a un nivel judicial importante, como es correcto en el caso de un político ultimado.
Dos años más tarde, solo algunas cuestiones quedaron esclarecidas. Una es que Franco fue ultimada por dos miembros de la milicia paramilitar que actúa libremente bajo la dirección de importantes figuras políticas, entre ellos Flavio Bolsonaro, hijo del presidente Jair Messias Bolsonaro, según demostró el portal Brasil do fato.
Hasta ahora, la justicia solo encarceló a los ex policías militares Ronnie Lessa y a Élcio Vieira, quienes —indican medios judiciales— son los principales sospechosos de la ejecución de Marielle y Anderson desde un auto en marcha. Testigos afirmaron que el vehículo de los dos hombres estuvo estacionado varias horas cerca del lugar donde la concejala participaba en un acto público, y que para escapar les apagaron cinco de las 11 cámaras de tránsito de la Alcaldía de Río, según se comprobó después..
Cuando presuntamente cometió el crimen, Lessa vivía en un condominio de lujo en el exclusivo barrio Barra de Tijuca, donde era vecino del entonces diputado y hoy presidente Jair Bolsonaro, con quien conversó una hora antes del suceso.
Este individuo fue miembro del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE), - tropa élite de la Policía Militar de la ciudad-balneario y, según medios de prensa alternativos- , posee un cargado historial en la consumación de crímenes ordenados por los mandos paramilitares.
Élcio Queiroz, sospechoso de conducir el coche, fue expulsado de la Policía Militar en 2016 por trabajar ilegalmente como guardia de seguridad en una casa de juegos de azar en Río de Janeiro, donde actuaba con mano dura.
Aunque el arma del delito sigue desaparecida, en un apartamento alquilado por Lessa las autoridades encontraron un arsenal de armas pesadas que, se considera, eran empleadas por grupos criminales integrados por agentes y exagentes de cuerpos militares.
Se constató que la munición hallada (lote UZZ18) pertenecía a una parte de la adquirida por la Policía Federal de Brasilia en 2006. Ese armamento fue utilizado en diversos crímenes e, incluso, en la Masacre de Osasco (una de las mayores de la historia de Brasil).
Otro hecho que llama la atención porque aleja la posibilidad de descubrir la identidad del autor intelectual del atentado, fue la muerte violenta del exoficial de la Policía Militar, Adriano Magalhaes de Nóbrega, conocido como Capitán Adriano, mano derecha de Flavio Bolsonaro, quien comandaba un grupo de asesinos a sueldo al que pertenecía también Lessa.
La caída de Nóbrega ocurrió en el estado de Bahía, en el noroeste del país, en una operación armada que silenció a una de las personas que podría desenmascarar a quién mandó a matar a la izquierdista. Este individuo trató de ocultase en la zona rural de Esplanada, según la Secretaría de Seguridad Pública de Bahía, y estuvo bajo vigilancia constante.
Acusado de apropiación ilegal de tierras, extorsión a la ciudadanía y recepción de bienes robados, era el líder de la llamada Oficina del Crimen en Río.
El abogado del fallecido, Paulo Preta, explicó al periódico Jornal do Brasil que intentó convencerlo de que se entregara. “Pero me dijo que no lo haría porque estaba seguro de que lo matarían para eliminar pruebas.
Este ex policía militar está involucrado también en el escándalo que salpica a Flavio Bolsonaro, investigado por corrupción y acusado de quedarse con parte del salario de los empleados de su gabinete cuando era diputado estatal en Río. Dato de interés es que su madre y su ex esposa eran supuestamente empleadas fantasmas del entonces diputado y hoy senador.
Para el ministro extraordinario de la Seguridad Pública, Raul Jungmann, el camino de la investigación señala, sin dudas, la responsabilidad de las milicias.
“Ese caso también tuvo impacto internacional. Lo que pasa es que este es un crimen complejo de develar. Evidentemente, indicó, hay indicios que señalan con claridad a las milicias”, afirmó el ministro.
La vicecoordinadora de la comisión externa de la Cámara de Diputados, creada para acompañar las pesquisas del caso, la diputada federal del Partido Comunista de Brasil (PCdoB) Jandira Feghali estimó que también encuentra extraña la demora en la resolución del crimen.
Feghali precisó que no hay noticias concretas y objetivas sobre las investigaciones: “Nos hemos reunido varias veces con autoridades policiales y de la intervención, y ya hicimos reuniones con entidades de la sociedad civil, reuniones cerradas con criminalistas y peritos y ahora vamos al Ministerio Público”, señaló.
La diputada federal comunista refirió que el atentado contra Marielle constituye un crimen político y destacó que coincidió con la intervención (federal/militar), lo cual posee una complejidad mayor desde el punto de vista del simbolismo y de lo que involucra”.
Es evidente que la politizada justicia brasileña no está interesada en descubrir la verdad que se esconde tras el asesinato de la concejala carioca, en cuyo homenaje se desborda el pueblo de la ciudad, donde exigía justicia y era una líder querida y respetada.
¿Qué se puede esperar de una nación donde un concejal es asesinado por mes, en condiciones oscuras y sin castigo para los ejecutantes?
Términos y condiciones
Este sitio se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social. Recomendamos brevedad en sus planteamientos.