México: corrupción institucional en la mira

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es considerado un hombre de palabra y antes de asumir su cargo hace casi dos años prometió combatir la corrupción en medios institucionales, administrativos y políticos. “Caiga quien caiga”, advirtió en su discurso de asunción.

Esa tarea es difícil en una nación donde campean el narcotráfico y los grupos paramilitares que azotan las zonas campesinas en especial. Pero AMLO, un veterano político de izquierda, desconoce, según se proyecta, la palabra miedo, y, aunque cauteloso, y en cumplimiento de lo prometido, envió al Senado una solicitud para la realización de una consulta popular con el fin de enjuiciar a los exmandatarios Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes gobernaron al país de 1988 a 2018.

El delito de estos políticos asociados a los grandes capitales fue cometer sucesivos actos de corrupción en contra de los intereses del Estado, antes durante y después de sus respectivas gestiones.

Los años en que ejercieron sus mandatos bajo la mirada cómplice de Estados Unidos coinciden con las tres décadas de gobierno neoliberal que buscaba desaparecer el Estado. Con la firma de tratados de libre comercio con los norteamericanos y Canadá empobrecieron más al país y arruinaron, entre otros sectores, al de los agricultores, obligados a importar productos que ellos mismos antes cosechaban.

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En un reciente mensaje a la nación, López Obrador señaló que los males no ocurrieron de manera fortuita, sino que fueron consecuencia de la aplicación, durante cinco sexenios, de un modelo político y económico elitista, antidemocrático, antinacional y antipopular.

Además, destacó, “se vivieron procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional. Esa etapa trágica en la vida del país se denomina periodo neoliberal o neoporfirista”.

Treinta años en que los mexicanos vieron como aumentaba la concentración de la riqueza, privatización de los bienes públicos, disminución del erario y corrupción generalizada. Los narcotraficantes se convirtieron en los únicos líderes válidos en algunos Estados. Es notorio el caso de Guerrero, uno de los más contaminados, donde el alcalde y la policía entregaron a la mafia 43 estudiantes detenidos y luego desaparecidos en Ayotzinapa.

La idea original del mandatario era que los ciudadanos solicitaran la consulta con un millón 800 mil firmas, pero con fecha tope del 15 de septiembre. Debido al auge de la pandemia de la COVID-19 resultó imposible cumplir con la fecha, aunque se reunieron más de un millón de peticiones.

Era de esperar que la prensa hegemónica mexicana abriera fuego contra el plan gubernamental —uno de los 50 puntos anunciados en 2018—  pero, dijo el periódico El Universal, nueve de cada diez ciudadanos quisiera que se juzgue a exfuncionarios que hayan cometido algún tipo de delito y un 95,6 % consideró que López Obrador debe llevarlos a juicio.

La pregunta que deberán contestar los votantes —es posible que de aprobarse la consulta se realice el mismo día de los comicios municipales el 6 de junio del próximo año— es la siguiente: ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, antes durante y después de sus respectivas gestiones?

Un ejercicio de democracia participativa poco vista en América Latina y el Caribe —método sí utilizado por varios ex gobiernos inclusivos— que recobra los valores de permitirle al pueblo decidir en asuntos de política interna.

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Tras aprobar la solicitud presidencial, la Cámara Alta deberá remitirla a la Suprema Corte de Justicia, para que esta dé validez constitucional o no a la interrogante formulada a la población.

Ese órgano dispone de 20 días para decidir sobre la constitucionalidad o no de la petición y de la pregunta. El Instituto Federal Electoral organizará, desarrollará, computarizará y declarará los resultados de la consulta popular que, en principio, habrá de celebrarse el domingo 6 de junio de 2021, pandemia mediante, de acuerdo con la planificación oficial.

¿DE QUÉ SE ACUSA A LOS EX MANDATARIOS?

Desde que se instauró el neoliberalismo en México, y se observó el crecimiento de la riqueza capitalista en detrimento de la popular. En el país existían —y aún los hay— poderosos grupos mafiosos conviviendo con los gobiernos estaduales y federal.

Sin embargo, antes de AMLO, aunque existían protestas populares y denuncias de corrupción, estas siempre chocaron con un sistema de justicia en manos de elementos al servicio de la derecha, que engavetaban los documentos incriminatorios.

De acuerdo con el muestreo de El Universal debían ser enjuiciados Enrique Peña Nieto, (89.4 %); Carlos Salinas 88.5 %; Felipe Calderón, 82 %.
Las pruebas están sobre el tapete. El acusador fue —además de otros delatores— el exdirector de la petrolera estatal mexicana Pemex entre 2013 y 2016, Emilio Lozoya, también bajo proceso judicial, quien acusó al grupo de exmandatarios y otros políticos, la mayoría del partido de derecha Acción Nacional (PAN) de ser partícipes en varios casos de corrupción.

Extraditado desde España, el exjefe de Pemex recibió 10,5 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht como asesor de la campaña presidencial del 2012, y después otras ventajas al frente de la petrolera y otros dineros por la compraventa irregular de una planta de fertilizantes.

En su deposición ante los magistrados, Lozoya señaló a 16 políticos, entre ellos los ex jefes de Estado, de sobornar a legisladores para aprobar leyes energéticas y favorecer a la empresa Braskem, filial de Odebrecht en una millonaria construcción estatal.

Sobre sus antecesores, López Obrador detalló que Salinas de Gortari fue “impuesto mediante un fraude electoral”, una época en que crecieron más las diferencias económicas y sociales entre ricos y pobres, “y no es casual que al mismo tiempo se entregó a particulares nacionales o extranjeros una cantidad sin precedentes de bienes públicos”.

Ernesto Zedillo continuó las políticas de su antecesor y “las llevó hasta sus últimas consecuencias; privatizó bienes nacionales como los ferrocarriles, pero además adjudicó al conjunto de los mexicanos deudas privadas por un monto de 552 000 millones de pesos en el marco del llamado rescate bancario de 1998”.

AMLO recordó que “A la fecha, aunque el país ha pagado a los bancos 700 000 millones de pesos por bonos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), esa deuda pública asciende a cerca de dos billones y no terminará de saldarse sino hasta el año 2070”.

Sobre Vicente Fox Quesada apuntó que “intervino indebida e ilegalmente en el proceso electoral, a fin de impedir el triunfo de la oposición”.

Felipe Calderón, precisó, desde el inicio de su sexenio, “embarcó al país en una estrategia militar que supuestamente era orientada a combatir el narcotráfico, exacerbó la violencia y multiplicó la zonas del territorio nacional bajo control de las bandas delictivas”. Lo más grave, “colaboradores suyos y periodistas independientes le señalaron los indicios de que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, era cómplice de una de las facciones del narcotráfico, pero el gobernante no hizo absolutamente nada.

”A la luz de la detención y del enjuiciamiento de García Luna en Estados Unidos, la actitud de Calderón sólo puede explicarse como fruto de una extremada irresponsabilidad o de complicidad activa o pasiva con la delincuencia organizada”.

Peña Nieto tuvo una presunta complicidad “en las cuantiosas sumas de dinero que se entregaron a los legisladores del PAN para obtener los votos y la aprobación de la llamada Reforma Energética, así como en la compra fraudulenta de la planta de fertilizantes agronitrogenados, operación que causó al erario un quebranto superior a 200 millones de dólares.

El pasado día primero, en su mensaje en Palacio Nacional, antes de que se entregara el segundo informe de gobierno, AMLO precisó que “Ya está en marcha la nueva política económica sustentada en la moralidad, la austeridad y el desarrollo con justicia”, de acuerdo con los principios económicos que regirá el presupuesto de 2021.

AMLO ganó con el voto de 31,1 millones de personas, y hoy lo respaldan 47 millones, lo que demuestra que aunque sus críticos le piden que gobierne de manera distinta, sin su proyecto matriz y su ideario político, él no cambiará sus principios de justicia para el empobrecido y dolido pueblo de México.