Maduro, contra la guerra económica en Venezuela

El presidente venezolano Nicolás Maduro, quien ya había comenzado a dar pasos firmes contra la guerra económica de la oligarquía, firmó los dos primeros decretos en la misma línea, apenas horas después de que le fueran otorgados poderes especiales mediante la Ley Habilitante. En tanto, continúa la intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos del país.

El Mandatario adoptó dos decretos fundamentales para proteger al pueblo de la usura y la especulación, flagelos que en los difíciles momentos que atraviesa la Revolución Bolivariana constituyen elementos de moralización y credibilidad para las masas chavistas.

Maduro firmó en el Estado Zulia las nuevas medidas, con rango, valor y fuerza de Ley: una dirigida al control de costos, precios y ganancias de la nación y otra para regular el comercio exterior, en lo que se considera el inicio de una ofensiva revolucionaria más radical, para contrarrestar los planes de  derrocamiento de la derecha venezolana aliada de Washington.

La ordenanza promulgada para el Control de los Costos, Precios, Ganancias y Protección de la Familia Venezolana protegerá a la población de quienes practican la usura y la especulación –indicó el Presidente-, la que causa un desabastecimiento comercial ficticio de grandes proporciones. Su carácter orgánico deberá ser ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia.

La otra disposición crea un nuevo mecanismo gubernamental que regula las importaciones y fomenta las exportaciones y el manejo de las divisas que ingresan a Venezuela, en un alto porcentaje, procedentes de la venta de petróleo.

El Centro Nacional de Comercio Exterior establecerá –entre otros cambios- un "contrato de fiel cumplimiento" de las empresas, las cuales deberán respetar sus obligaciones de servicios o de importaciones, tras recibir las divisas otorgadas por el Estado mediante el sistema de asignación por un valor de un dólar/ 6,3 bolívares (moneda nacional).

Para que nada quede a la improvisación, los deberes del empresariado serán verificados con posterioridad para evitar la corrupción, un flagelo que corroe al proceso revolucionario.

Las disposiciones se firmaron en tono de emergencia, pues hay coincidencia política en torno a la necesidad de profundizar mucho más para solidificar la economía socialista, en momentos en que la derecha apuesta por derrocar al Gobierno sin disparar un tiro. Criticados por los opositores de derecha y sus testaferros de la comunicación, los nuevos pasos han sido muy bien recibidos por el pueblo, el más castigado por la guerra económica.

Estas, y las futuras regulaciones, apuntan a que la oligarquía aliada a Washington no robe o malbarate los recursos que pertenecen al pueblo, declaró el jefe de Estado, quien apuntó que las inspecciones realizadas por el Gobierno en el país arrojaron que solo mil 400 empresas importadoras comercializaban sus productos en el mercado interno a precios justos.

Analistas coinciden en que la Revolución Bolivariana vive uno de sus momentos más difíciles y que de los resultados de las nuevas medidas que se tomen dependerá en gran medida su desempeño futuro.

Desde hace años, los grandes grupos económicos –los mismos que dieron el golpe de Estado al presidente Hugo Chávez en el 2002, rápidamente neutralizado por militares leales y el pueblo- están unidos en estas acciones con sectores mediáticos que, a falta de líderes y partidos creíbles, tratan de crear el pánico,  la inseguridad, la resignación y el fatalismo en la ciudadanía, minando la legitimidad del gobierno y la credibilidad de la población.

El pueblo bolivariano precisaba de esta arremetida revolucionaria contra sus enemigos, que durante meses abusaron de la paciencia de la Revolución.

“La estrategia informativa sobre la “crisis” inocula un miedo difuso, y, pasivamente, la población se va haciendo cómplice de un golpe de Estado silencioso”, afirma el destacado periodista uruguayo Aram Aharonian”, fundador de la cadena Telesur y su primer director.

Hace poco más de una semana el gobierno dictó la intervención de los comercios que vendían a precios demasiado altos y dispuso de las mercancías –la mayoría sobrevalorada- a los precios justos reclamados por la ciudadanía. La designación de civiles y militares que inspeccionaron facturas, determinaron el porcentaje de ganancia y la rebaja inmediata de los precios de los productos, la mayoría esenciales, dieron oxígeno político al Gobierno, que puso mano dura en la práctica contra sus depredadores.

En medio de la ofensiva revolucionaria, Estados Unidos volvió a entrometerse en los asuntos internos de Venezuela, apenas un mes después de que tres de sus diplomáticos acreditados en Caracas fueran expulsados, al comprobarse sus represiones con la ultraderecha opositora. En una acción represiva, pues no había motivos para ello, la Casa Blanca adoptó una similar actitud con tres funcionarios de la Embajada venezolana en Washington.    

Ahora, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que Estados Unidos “está preocupado” por la Ley Habilitante aprobada por mayoría en el Parlamento, en cumplimiento de la Constitución Nacional.

Paski afirmó que “no es bueno”, aunque constitucional, el poder otorgado al Presidente, que junto a su gabinete y las Fuerzas Armadas libra una batalla contra la llamada guerra blanda –económica, psicológica, mediática- que justamente lleva adelante Estados Unidos con sus aliados internos, tal como está acostumbrado a accionar en América Latina, su patio trasero, como la denominó el Secretario de Estado, John Kerry.

En un comunicado, la Cancillería acusó a Estados Unidos de “utilizar a la oposición para ejecutar un plan de desconocimiento del orden constitucional”, y de "una nueva muestra de la intromisión de las autoridades (…) en los asuntos internos de nuestro país".

"La República Bolivariana de Venezuela denuncia ante el mundo que el Gobierno de Estados Unidos utiliza a su tarifada oposición venezolana para ejecutar un plan de desconocimiento del orden constitucional venezolano", dice el texto, citado por AVN.

Venezuela suspendió las posibilidades de diálogo con el régimen de Barak Obama en marzo pasado, luego de las  injerencistas declaraciones de la secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica, Roberta Jacobson, quien hizo fuertes críticas al sistema electoral venezolano.