La jugada de Argentina

El gobierno argentino presidido por Alberto Fernández decidió, en una reunión de unidad nacional con todos los gobernadores y el Congreso Nacional, un nuevo programa para el pago de su deuda externa sin hacer algún desembolso en los próximos tres años, a fin de evitar la destrucción del futuro de millones de personas, ya empobrecidas por el neoliberalismo.

En su intervención de apertura, Fernández indicó, tal como había dicho en entrevistas y discursos, que “Para nosotros, una deuda sostenible es que podamos pagarla sin posponer las necesidad de millones de argentinos y argentinas, que ya las tenían en diciembre y se han incrementado con la pandemia”.

El presidente aludía a referencias publicadas por distintos organismos nacionales para el último trimestre del pasado año, cuando el país era dirigido por el derechista neoliberal Mauricio Macri.

Un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) indicó que el nivel de pobreza ascendía a un 40,8 % de los ciudadanos del país, y un 8,9 % de indigentes. La mayoría de esas personas, precisó, no tenían esa situación en el 2014, cuando finalizó su mandato la presidente Cristina Fernández, actual vicepresidenta y titular del Senado.

El documento de la UCA, circulado en Internet, refiere también que en el 32 % de los hogares argentinos hay hambre. No era extraño que en los últimos cuatro años los movimientos y activistas sociales prepararan las llamadas ollas populares para repartir comida entre los más pobres en este país de enormes riquezas y donde viven 44 560 000 de personas.

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Ese es el escenario que encontró el Frente para Todos, el movimiento que llevó a los Fernández a la Casa Rosa cuando ganaron por mayoría abrumadora las elecciones presidenciales en octubre del pasado año y que, según dijeron en su campaña, revertirían de inmediato, pero primero tenían que resolver el tema de la gigantesca deuda externa dejada por Macri, situación empeorada con la aparición mundial del nuevo coronavirus a nivel planetario.

En una estrategia destinada a convencer a sus acreedores de que cuando tenga las condiciones el país abonará los 66 328 millones de dólares que debe a prestamistas internacionales y bonistas extranjeros, los más altos dirigentes del país solicitaron la reestructuración de la deuda que en las actuales y agravadas circunstancias es impagable.

La jugada del Ejecutivo, presentada a los gobernadores oficialistas y de oposición y los líderes del Congreso Nacional, se hizo, en opinión de analistas, en tiempo y forma, sin especulaciones sobre la Covid-19 y la consiguiente crisis sanitaria, y sobre la base de la imprudencia de Macri de comprometerse con la banca mundial para tratar del salir del rollo en que se metió por su política neoliberal dictada por Estados Unidos.

Con un gran sentido de responsabilidad política con la sociedad que en los últimos cuatro años quedó empobrecida, con millones de desempleados, Fernández dijo que “no estamos regateando nada, la oferta presentada es realista”.

Los bonistas hubieran preferido que el aviso se hiciera cuando el mercado se estabilizara, o sea, postergarla en el tiempo en concordancia con el paso de la pandemia, con lo que ganarían más dinero con los intereses. Pero, según el periódico Página 12, el presidente dijo que “en río revuelto ganancia de pescadores, y yo quiero ser el que tenga la caña”.

La jornada de este jueves fue fructífera. Flanqueado por su vicepresidenta Cristina Fernández, también en la jefatura del Senado, y el opositor jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el mandatario y su ministro de Economía, Martín Guzmán, explicaron ampliamente la propuesta. Las variables de quita de capital e interés y un período de gracia de tres años para empezar la variable da un respiro a Argentina en este difícil período de prueba para un gobierno que asumió hace apenas cuatro meses y recibió un país en absoluto desequilibrio económico.

Guzmán precisó que la sugerencia de Argentina era de una quita del 5,4 % del capital y del 63 % de los intereses de deuda. El límite en la negociación, apuntó, es esta propuesta y los prestamistas tendrán 20 días para responder.

La cita en Olivos deparó un consenso que aliviará las tensiones fomentadas por la enorme deuda en dólares que, según había advertido Fernández, era absolutamente impagable, aún mucho antes de la pandemia.

El gobierno conoce que la negociación con los bonistas, en especial los extranjeros, resultará difícil y que encontrarán resistencia, pero a su favor tiene dos antecedentes favorables, ya que su mayor prestamista, el Fondo Monetario Internacional (FMI) había planteado, antes de la Covid-19 que la deuda argentina era insostenible, en tanto los líderes del G-20, con los que conversó el mandatario en video-conferencia, indicaron que esta administración no contrajo el compromiso y buscaría la manera de pagarlo, pero sin más sacrificio para la población.

Por tanto, el terreno estaba abonado, al menos para una parte de los capitalistas internacionales.
Importante era lograr la unidad de los integrantes de gobierno federal. Una muestra la dieron el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien expresó un apoyo contundente a la reestructuración, al igual que su par de Jujuy, el opositor Gerardo Morales, por medio de un tuit.

El equipo económico dirigido por Guzmán sabe que a partir de ahora se abre un período de 20 días en que los fondos de inversión harán una campaña en los medios hegemónicos de comunicación contra el gobierno, pero tiene confianza, comentó, en que ganarán esta batalla o de lo contrario, esas fuerzas llevarán al país al default o declaración de no pago.

El margen de negociación con los bonistas es pequeño. El titular de Economía, antes de ser nombrado, no convenció a los grupos de bonistas con los que conversó antes del anuncio del pasado jueves. Nunca se apartó de su discurso de que no habría ningún desembolso más en divisas hasta el 2023.

Esos grupos le reclamaron un mayor ajuste fiscal, que equivale a un sacrificio de gastos en otras funciones de gobierno para destinar más recursos al pago de la deuda, como hizo Ecuador hace pocos días, en detrimento de la salud pública.

La respuesta de Guzmán fue clara y contundente: “No hay ninguna posibilidad”, según recuerda Resumen Latinoamericano.

Esa publicación también plantea que en los próximos días el debate se centrará sobre si la reestructuración no es demasiado agresiva y precisa de una flexibilización con un mayor ajuste fiscal para dejar contentos a los acreedores.

“Seguir el sendero de un mayor ajuste fiscal le destruiría el futuro a millones de personas, sería un problema para todo el territorio nacional y es algo que no vamos a permitir; el límite es esta oferta”, advirtió Guzmán ante el conjunto de gobernadores. Una política de crecimiento y desarrollo en estos próximos años es posible con un acuerdo de deuda sostenible, incluso con un default. Pero, reiteró, con una política de ajuste “amigable” con los bonistas, no.

Poco después del anuncio en Olivos, decenas de personalidades políticas, sindicales, religiosas, de la educación, el periodismo, la cultura, la ciencia y unas 50 organizaciones de la sociedad civil de América Latina y Europa convocaron al respaldo mundial a Argentina y exhortaron a los gobiernos de esas regiones a declarar el “estado de necesidad” ante la crisis sanitaria y a priorizar la salud antes que el pago de la deuda externa.

Argentina ya trazó su camino. Hay que esperar por la respuesta de los bonistas, siempre pensando en el dinero por sobre el bien común.