Justicia ilegitima en Argentina (+Audio)

Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta de Argentina y ahora vice del mandatario Alberto Fernández, es el blanco del sistema judicial vinculado a la derecha tradicional, que busca su proscripción política aun cuando carece de pruebas creíbles.

Fernández (2007-2011 y 2011-2015), representante del ala izquierdista del peronismo, es víctima de una persecución judicial desde que terminó su segundo mandato. La han sentado en el banquillo de los acusados por diez supuestos cargos delictivos para buscar su proscripción política y evitar su influencia pragmática en el destino de su país.

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En los últimos días, la vicepresidenta y también líder del Senado, se pronunció sobre las evidencias de la amistad de al menos dos integrantes de la Corte Suprema de Justicia Nacional (CSJN) al frente de las impugnaciones en su contra con el ex mandatario Mauricio Macri, un millonario derechista que dijo en público sentir odio hacia ella, protagonista de páginas brillantes de larga data en la política nacional, junto a su esposo, el fallecido ex dignatario Néstor Kirchner.

Abogada de profesión, esta mujer de figura menuda y verbo afilado, demostró ser víctima de un plan para desprestigiarla, al igual que a sus hijos. Cuando quedaron demostradas las relaciones personales de sus actuales acusadores con Macri en su época presidencial, al extremo de jugar fútbol en la cancha de su residencia de campo Los abrojos.

En una fotografía donde aparecen 14 personas vestidas con camisetas de fútbol con el nombre Liverpool están abrazados Diego Luciani, fiscal que dirige  el proceso contra la expresidenta por el supuesto montaje de una asociación ilícita para defraudar al Estado, y el juez federal Rodrigo Giménez Iriburu, jefe del Tribunal que debe decidir su supuesta culpabilidad.

“Todo hace juego con todo. El Poder Judicial argentino apesta¨ escribió la jefa del Senado en la red digital Tuiter cuando hizo referencia a la nota de Página 12 titulada ¨Juicio contra Cristina Kirchner: Los partidos de fútbol del fiscal Luciani y el juez Giménez Uriburu en la quinta de Macri¨, con imágenes comprometedoras.

También criticó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y afirmó que hay ¨un Poder Judicial devenido en partido político, protector del macrismo y perseguidor de las fuerzas políticas que se le oponen, lo que coloca ¨a los ciudadanos y ciudadanas en situación de libertad condicional¨.

Al siguiente día, sus abogados pidieron que tanto el fiscal Luciani como el juez Giménez Uriburu fuesen apartados del actual juicio que se le sigue.

El Código Penal argentino establece que “el juez deberá inhibirse de entender en la causa” si “tuviere amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados”. El diario Página 12 publicó la foto de los futbolistas con el titular “Compañeros, siempre fuimos compañeros”.

La evidente complicidad de los magistrados con Macri desde hace años prueba, según el rotativo, que la asociación ilícita es la de los fiscales y jueces.

 “Esta relación personal, que se mantuvo en todo momento bajo reserva, debió haber sido formalmente comunicada a las defensas -y en rigor de verdad, a toda la sociedad- una vez que este proceso, de singular relevancia institucional y trascendencia mediática, quedó radicado ante este Tribunal”, escribió el abogado defensor de la exmandataria.

“Impulsar una causa como fiscal para que la resuelva un juez amigo no es un comportamiento inocuo desde el punto de vista legal, máxime cuando se trata de un representante del Ministerio Público que tanto hincapié hace sobre la necesidad de resguardar la transparencia en el ejercicio de la cosa pública. ¿Les parece razonable, se preguntó, que el fiscal que acusa y el juez que debe juzgar a Cristina Fernández de Kirchner jueguen partidos de fútbol nada menos que en la quinta de Mauricio Macri, cuyo Gobierno promovió esta misma causa y se constituyó como querellante?”.

La intención de la defensa es que tanto la parte acusadora como el juez se retiren de la causa y se anule la investigación.

Hay más. El actual ministro de Justicia, Martín Soria, aseguró que "Cada funcionario judicial que interviene en la persecución contra Fernández entraba a escondidas al despacho de Fabián¨Pepín´ Rodríguez Simón, el operador judicial del régimen derechista. No es coincidencia".

Soria reveló que el segundo fiscal Sergio Mola visitó la sede del gobierno el 16 de junio de 2017 cuando gobernaba el líder de la alianza derechista Cambiemos.

Mola, con menos protagonismo pero igual cuota de maldad, en esa época era fiscal federal en Lomas de Zamora. Es conocido como un magistrado supuestamente opaco, por lo que su paso por las oficinas de la CasaRosada causó sorpresa entre algunos colegas, igual que algunas de sus expresiones en el alegato.

En opinión del ministro, a ambos fiscales se los vio "más preocupados por ver cómo adjetivaban a la expresidenta que por exponer pruebas”.

"El único objetivo, precisó, es la persecución contra Cristina Kirchner", señaló. y pronosticó que tarde o temprano "esto va a terminar como las otras causas que se cayeron a pedazos: Dólar Futuro, Memorándum con Irán o la bendita carta de San Martín”.

DURO CONTRA CRISTINA

Luciani es especialmente duro contra Fernández, quien luego de concluir su segundo mandato fue imputada de inmediato por el ya fallecido juez Claudio Bonadio, en un evidente plan preconcebido por los conservadores en el poder. Este magistrado instruyó una decena de causas contra la presunta corrupción de Fernández, reconocida por la población por su valentía política y su enemistad con las élites derechistas del país.

Cristina siempre vinculó a Bonadio con una presunta maniobra del gobierno de la alianza derechista Cambiemos para sacarla de su carrera política.

Apenas cinco meses después de su salida de la primera magistratura, ya el juez macrista la acusó de perjudicar al Estado en una operación de venta de dólares durante su mandato. La llamada causa ¨dólar futuro¨ fue la primera de una extensa relación. Por su cargo de senadora, el juez chocó con la negativa de ese cuerpo legislativo de retirarle los fueros que la protegen de la prisión preventiva, pero eso no le impidió avanzar en sus investigaciones.

Más de una decena de causas llevaba Bonadio contra Fernández, a la que siempre intentó encarcelar, según dijo a la prensa. Había elevado a juicio oral cinco causas, la había citado a ocho indagatorias en un solo día, y le dictó nueve prisiones preventivas, seguidas de pedidos de desafuero al Congreso. Investigó también a sus dos hijos, Florencia y Máximo, por presunta riqueza ilícita.

Sin embargo, el juez que se consideraba peronista, arrastraba una imagen oscura desde que en 1993 fuera designado por el expresidente derechista Carlos Menem, tras haber ocupado varios cargos en su administración.En esos años, había acumulado docenas de denuncias, algunas por robo, que trataron sin éxito de apartarlo de la carrera judicial.

La vicepresidenta, que juega un rol fundamental en la vida política argentina –su última muestra de liderazgo fue el nombramiento de Sergio Massa como ministro de Economía- alertó sobre la ¨casualidad¨ de que sus expedientes cayeran en el juzgado de Bonadio, por quien sentía gran enemistad, mucho más después de que involucrara a sus hijos en supuestos delitos.

Esta abogada, defensora siempre de la población más vulnerable de Argentina, continúa, a pesar de las acusaciones en su contra, con un altísimo número de seguidores, al extremo de que pocos dudan que si se postulara para la presidencia en 2024 ganaría de nuevo.

Luego del fallecimiento de su acusador, Fernández de Kirchner fue sobreseída por los jueces que lo reemplazaron o por la Cámara Federal. Lo mismo ocurrió con su procesamiento en la causa que investigaba sobreprecios en la compra de gas natural licuado.

Analistas políticos consideran que ella es víctima de una persecución judicial y política, primero por Bonadio y luego por Luciani, para evitar que retorne como dignataria, tal como hicieron con otros líderes progresistas de América Latina, entre ellos Luiz Inacio Lula da Silva, de Brasil, Rafael Correa, de Ecuador, y Evo Morales, de Bolivia.

La sorpresiva divulgación de la foto del fiscal Luciani y de Giménez Uriburu demostró la complicidad de la CSJN con Macri y como las imputaciones contra la vicepresidenta forman parte de un complot de la reacción contra figuras políticas que implantaron sistemas políticos inclusivos y pudieran retornar al poder.

En opinión del mandatario Alberto Fernández, quien fuera jefe de gabinete de Kirchner,  “Durante el macrismo, la Justicia Federal construyó “doctrinas” que resultaron patéticos instrumentos para perseguir opositores y aplicar prisión preventiva como penas anticipadas. Imputaron responsabilidades objetivas y aplicaron el derecho penal de autor sin vergüenza alguna”.

Fernández sostuvo que “la Vicepresidenta ha afirmado que en una causa en la que se la enjuicia y en la que el fiscal aún no ha formulado su acusación, su sentencia ya está escrita. Esa afirmación pone en crisis la objetividad del sistema de justicia y la idoneidad moral de los miembros del tribunal”.