El gobierno de Sebastián Piñera, el que analistas consideran que está agonizante, enfrenta la rebeldía de la nación mapuche, discriminada y explotada durante siglos, que exige justicia para sus 27 presos políticos en huelga de hambre desde hace mas de 90 días, entre ellos el machi y autoridad espiritual Celestino Córdova. La respuesta es una brutal represión en comunidades del sur del país.
Los mapuches son el pueblo indígena más numeroso de Chile, y más de un millón 500 mil personas se consideran miembros de esa cultura que habita en comunidades rurales en el sur del país, fundamentalmente.
La cifra, revelada por el último Censo del 2009, da respuesta a la identidad de los entrevistados con algún pueblo indígena y originario.
Solo en la región Metropolitana residen 614 881 personas que se declararon mapuches. Se considera que en esa zona se concreta la mayor cantidad de esa población autóctona, superior incluso a La Araucanía, con casi 300 000 habitantes.
La sociedad chilena, en especial la burguesía, se siente más unida a la añeja Europa que a sus raíces indígenas y sus poblaciones, a los que tratan de desaparecer mediante la discriminación, la marginalización y la pobreza.
El pasado día 22, y luego de más de 70 días en ayuno voluntario, el machi Córdova inició una huelga de hambre seca con el objetivo de presionar a las autoridades para que apliquen el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y se le permita cumplir la condena en su domicilio mientras dure la pandemia de la COVID-19 en el país.
Aunque siempre negó estar relacionado con el asesinato del matrimonio de agricultores Werner Luchsinger y Vivianne Mackay en un incendio al parecer provocado, Córdova, el único acusado, fue condenado a 18 años de cárcel. En el momento del suceso se encontraba en otro lugar.
La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso de amparo a favor del machi, quien solo aspira a salir de la cárcel para pasar la pandemia en su hogar. El fallo fue ratificado por la Primera Sala del Tribunal de Alzada.
En solidaridad con el líder espiritual, otros 26 presos políticos mapuches se unieron a la huelga de hambre. Córdova estuvo internado en el hospital Intercultural de Nueva Imperial debido a un descenso de la frecuencia cardíaca normal y una hemorragia interna.
Este no es la primera huelga realizada por esa comunidad originaria. Nunca han logrado una victoria sobre el Estado debido a la profunda incomprensión de la presencia y vitalidad de esa comunidad.
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Desde la colonización europea, los pueblos autóctonos —mapuche, aymara y diaguita— son despojados de sus tierras, ahora en manos de ricos hacendados. Este siglo XXI encuentra a Chile con gobiernos debilitados que tienen, entre sus muchos problemas, buscar soluciones a sus ancestrales querellas con los pueblos indígenas que ya no están solos en sus luchas, en las que son acompañados por sindicatos y asociaciones estudiantiles.
Durante meses se han venido desarrollando jornadas solidarias con los 27 detenidos políticos de esa etnia en las cárceles de Temuco, Angol y Lebu, que exigen la aplicación del Convenio 169 de la OIT, la cual establece, entre otros, el deber del Estado de Chile de consultar las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios, a través de sus instituciones representativas y procedimientos apropiados, de conformidad a sus características. Este sería el caso de Córdova, que proclama su inocencia y le es negado un alivio en tiempos de pandemia.
Para los mapuches y organizaciones políticas y sociales y ante el silencio del gobierno de Piñera, es hora de pasar a una nueva fase de apoyo a los presos y su lucha.
En solidaridad con los detenidos, grupos de comuneros en las municipalidades de Curacautín, Victoria, Traiguén, Ercilla y Collipulli tomaron de manera pacífica instituciones vinculadas al gobierno, de las que fueron desalojadas de manera violenta, luego de la visita a la zona del nuevo ministro del Interior, el ultraderechista Víctor Pérez, unido a la dictadura del general Augusto Pinochet.
El pasado día 1, grupos fascistas encabezados por carabineros, alentados además por declaraciones de Gloria Naveillán, vocera de la fascista Agrupación Popular Revolucionaria Americana (APRA), atacaron esas municipalidades y dejaron centenares de heridos, entre ellos varios niños.
Para analistas, como Jesús Sepúlveda, el reciente atropello es una estrategia estatal que busca quebrar los nexos entre el pueblo de Chile y la comunidad mapuche, y para que la sociedad considere normal la represión selectiva.
Los mapuches actuales son diferentes a los que encontraron solución a sus vidas bajo el gobierno de la Unidad Popular del presidente socialista Salvador Allende, quien consideró válidas sus reivindicaciones. En el año 1971, cuando asumió Allende, ocurrió una transformación con la toma de haciendas, recuperación de las tierras robadas por las transnacionales, apertura de escuelas, nuevas viviendas y respeto a los primeros habitantes de las tierras nacionales.
Esos pueblos del Sur chileno vieron en el gobierno izquierdista un aliado y en el proceso un espacio adecuado para unirse a la creación de una sociedad incluyente. Sin embargo, la ilusión solo duró tres años, el tiempo que duró el gobierno socialista. La traición del general Pinochet y la inmediata implantación de una dictadura dejó su rastro en las comunidades indígenas, con cientos de detenidos y desaparecidos, y una relación altamente represiva por parte del Ejército y la Policía (Gendarmería).
REBELIÓN SIN FIN
Las dos últimas generaciones mapuches, sin renunciar a su cultura e historia, son letradas, tienen acceso a Internet, no viven en chozas sino en viviendas humildes pero confortables y forman parte de los movimientos que no dan tregua al gobierno de Piñera.
El plan de Pinochet de dividir las comunidades indígenas y sus tierras, a las que entregaban un certificado de propiedad privada fue un fracaso, pues la posible debilidad de la sociedad indígena nunca ocurrió.
Por el contrario, en los años 80 del pasado siglo surgieron nuevas organizaciones que reafirman la identidad mapuche.
Voceros de los mapuches alertaron que la gente en las comunidades y en los territorios no bajarán la guardia aunque el Estado utilice a los carabineros, en medio de un toque de queda dictado con motivo de la COVID-19.
La aplicación de la ley 169 que permitiría la liberación de los presos políticos mapuches por determinado tiempo, como solicita Córdoba, no es nada descabellado, teniendo en cuenta que el ultraderechista gobierno —muy al contrario de lo que desea la población— favoreció con el indulto y la libertad a condenados por crímenes de lesa humanidad, como a Raúl Rojas Nieto y Víctor Mattig Guzmán.
Medios locales informaron que el machi Celestino está convencido de su causa y seguirá adelante sin ingerir alimentos ni agua hasta su eventual muerte.
Dirigentes de la nación mapuche hicieron un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos a no permanecer silenciosos ante la grave situación que ocurre en Chile.
Indicaron que hay un incentivo a la violencia por parte del gobierno, en voz de sectores de ultraderecha y latifundistas que actúan con absoluta inmunidad.
El analista Patricio Melillanca expresó en Resumen Latinoamericano que el nuevo ministro del Interior Pérez —identificado con la política de Pinochet, y nombrado por este alcalde de Los Ángeles en la región de Bio-Bio— visitó Temuco y afirmó allí que “en Chile no hay prisioneros políticos”, tal como argumentaba el general que dio el golpe de Estado militar a Allende en 1973.
Pérez afirmó que “estamos frente a grupos con capacidad militar, con financiamiento, capacidad cooperativa y logística, que están decididos a que no exista paz, ni tranquilidad”, a los que además calificó de terroristas.
Ante tales declaraciones, el profesor de la Universidad de Chile y doctor en temas legales, Salvador Millaleo, señaló que el nuevo titular “está usando una estrategia de criminalización, en lugar de llamar al diálogo, y persigue a los indígenas en vez de modificar las causas del conflicto”.
Para José Millalen Paillan, consejero Mapuche ante la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), “no es un buen augurio para el movimiento social chileno y para el movimiento mapuche, la nominación de Pérez como ministro del Interior, teniendo en cuenta su trayectoria de apoyo irrestricto a la dictadura, de su cercanía con la Colonia Dignidad, y ser parte de los sectores más conservadores y ultraderechistas como miembro de la Unión Demócrata Independiente (UDI)”.
Respecto a lo que se viene en los territorios mapuches, Millalen afirmó que “siempre hemos sostenido que la única forma de enfrentar al Estado y especialmente en momentos tan críticos como el actual, donde se imponen los sectores más conservadores, más duros, mas militaristas, es con unidad”.
En otra crítica, Ana Llao, jefa de la organización mapuche Admapu dijo que “el gobierno está dando sus últimos pataleos, y Pérez vino a reforzar las acciones de los policías, la represión y los montajes. No quiso siquiera conversar con los alcaldes y mucho menos con los líderes mapuches”.
Luego de la visita del titular del Interior ocurrió el ataque fascista en La Araucanía. Un día después, los indígenas y grupos sociales se manifestaron en las calles, bloquearon carreteras y quemaron neumáticos, y se enfrentaron a los carabineros que trataron de imponer el orden con armas de fuego.
Un nuevo frente de batalla quedó abierto hace meses contra Piñera, que ahora cobra más fuerza ante la tozudez de su recién estrenado ministro del interior y la firmeza de un pueblo indígena habituado a la resistencia.
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