El teatro de Álvaro Uribe

El expresidente y exsenador Álvaro Uribe, uno de los políticos más poderosos de Colombia, es el principal actor de un teatro en que la obra gira sobre eludir la justicia por cualquier medio, mientras mantiene dividido un país que destaca por su comunión con el narcotráfico y el paramilitarismo.

Principal protagonista de esta puesta en escena, el derechista Uribe, mentor político del mandatario Iván Duque, acumula el mayor número de acciones criminales en la historia contemporánea colombiana. Sin embargo, solo se le acusa ahora de manipulación de testigos. Pero el caso de este declarado enemigo del gobierno venezolano es más profundo y complicado.

Duque, llamado el subpresidente, y sin una relación pública —al contrario de su padrino— con el narco y el paramilitarismo, fue declarado por Estados Unidos (EE.UU.) líder de la ultraderecha en la región latinoamericana. Hoy se mueve en terrenos peligrosos en medio de masacres y asesinatos selectivos de líderes políticos y comunitarios, y la pandemia de la COVID-19, que deja hasta el pasado domingo 21 412 fallecidos y 666 521contagiados, sin respaldo sanitario estatal.

Uribe ocupó la primera magistratura durante ocho años (2002-2010) y antes gobernó el departamento de Antioquia, donde fomentó la creación de las llamadas Brigadas de Autodefensa de las haciendas —tanto él como su padre millonarios terratenientes—, o grupos paramilitares encargados, en la práctica, de proteger el narcotráfico existente en la zona y darle batalla a las guerrillas de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP).

La fiscalía nacional de Colombia registró 2 284 ejecuciones extrajudiciales entre 1998 y 2014; un 97 % de ellas en los dos períodos del expresidente (2002–2010).

El pasado 4 de agosto fue un día histórico en Colombia. La Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria de Uribe (1952), investigado hasta ese momento por posible comisión de fraude procesal (manipulación de testigos contra el senador izquierdista Iván Cepeda, del partido opositor Polo Democrático Alternativo, acusado de falsos delitos).

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Uribe, de baja estatura, delgado, aún posee un significativo poder político y algunos analistas consideran que en realidad está jugando con la opinión pública, pues mantiene importantes contactos con el sistema judicial y la lealtad de Duque, a quien situó con sus influencias en el Palacio de Nariño. Por tanto, de cárcel nada. Pura puesta en escena.

Luego de dictarse su detención, sus seguidores anunciaron en la prensa derechista que incendiarían el país, sin muchas aclaraciones.

Comenzó entonces el recrudecimiento de las masacres y el sistemático asesinato de líderes sociales y excombatientes, con lo que buscan intimidar a la sociedad y aniquilar los liderazgos al interior de la comunidad, para favorecer la apropiación de los territorios por las multinacionales y los empresarios de los monocultivos, indicó el Semanario Latinoamericano.

En su Informe de Masacres en Colombia durante el 2020, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), reporta 46 hasta fines de agosto con 185 víctimas fatales, incluidos adolescentes y niños. Las ejecuciones fueron realizadas en diferentes zonas del país, siendo las más afectadas Antioquia con 10, Norte de Santander, Cauca y Nariño con 7.

Uribe nació en Medellín, la tierra del narcotraficante Pablo Escobar (donde es venerado como Dios). El ex gobernador electo en 1984 es cuestionado por entregar licencias de vuelo para traslados de cocaína, de la que Colombia es la principal cosechadora y distribuidora a nivel mundial. Antes había sido director de la empresa Aerocivil.

El Uribe de entonces usó “mano dura” y promovió las Cooperativas de vigilancia y seguridad privada para la defensa agraria (Convivir), una fachada para la expansión de los grupos irregulares integrados por policías en activo y retirados, miembros de las Fuerzas Armadas y asesinos a sueldo.

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El Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá señaló que gracias a Convivir “los paramilitares consolidaron y expandieron sus redes criminales y sus nexos con sectores económicos, políticos y estatales”.

Durante la gobernación del ahora líder del partido Centro Democrático, Antioquia fue escenario en 1997 de masacres campesinas, como las de El Aro y La Granja. El ex comandante paramilitar Salvatore Mancuso acusó directamente a Uribe de usar equipos militares del Estado para cometer los crímenes.

En 2016, el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín solicitó a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que lo investigara por esos asesinatos, considerados crímenes de lesa humanidad, que no prescriben.

Dos años después otro proceso fue abierto en su contra por la masacre de La Granja, a petición de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.

Fiel aliado de las administraciones de EE.UU., con quien llevó adelante el Plan Colombia, apoyó la candidatura del expresidente Juan Manuel Santos, su ministro de Defensa, del cual se distanció después por, dijo, “incoherencias en las políticas adoptadas frente a las propuestas en campaña”. De esa separación surgió el derechista Centro Democrático en 2014.

Desde esa agrupación lideró en 2016 la campaña por el NO al plebiscito por el Acuerdo de paz, firmado ese año por Santos y las FARC-EP, el cual ganó y forzó la modificación parcial de lo pactado en La Habana, Cuba, uno de los países garantes de las negociaciones entre las partes.

Luego respaldó a Duque para la presidencia, quien de manera continua viola el Acuerdo, en tanto despliega, como su padrino, la guerra contra el gobierno legítimo de Venezuela. Colombia es plataforma política y militar de las agresiones militares sufridas por el vecino país, pero hasta ahora ha fracasado en sus planes injerencistas.

EL CASO CEPEDA

Uribe es un camaleón político. Aunque acusó al senador Cepeda de utilizar sobornos en su contra quedó demostrado que fue al revés, según confesaron ex paramilitares encarcelados por asesinatos cometidos por ordenes del antiguo jefe de gobierno. Así quedó demostrado y el caso dio un giro de 180 grados cuando cerraron el caso contra el senador e iniciaron un proceso contra el líder derechista.

Para evitar ser enjuiciado en el Congreso Nacional, renunció a su escaño en el Senado, lo que levantó una polvareda de críticas y apoyos en el país.

Su actual abogado, Jaime Granados, solicitó a la máxima instancia judicial que delegara el caso a la Fiscalía colombiana, pues con la estratagema la Corte perdía jurisprudencia para procesarlo. La máxima autoridad judicial, donde el ex senador posee importantes amistades, comunicó que el traslado del caso a la Fiscalía procede “por tratarse de delitos comunes y, además, por no encontrarse vínculo alguno de los hechos con la actividad funcional de legislador, o que fueran su necesaria consecuencia”.

¿POR QUÉ AHORA?

Desde hace más de una década el senador Cepeda conduce la elaboración de un expediente para demostrar las responsabilidades de Uribe en crímenes de civiles inocentes, relaciones con el narcotráfico y creación de grupos irregulares.

Uno de los referentes del paramilitarismo colombiano de la década de los 90 y principios del siglo XXI, Mancuso es pieza clave en la situación de Uribe. Procedente de una familia de ganaderos acaudalados, ingresó al mundo del paramilitarismo en 1985, cuando armó un pequeño ejército privado para “defender” sus propiedades, dijo en 2011 a la revista colombiana Semana.

Más de mil crímenes fueron atribuidos al devenido uno de los máximos líderes del narco-terrorismo, luego de que aceptara en 2002 la desmovilización de sus grupos. Extraditado a EE.UU. en 2008, fue acusado de relaciones con el mundo del narco, no reveló pruebas que comprometieran la imagen del expresidente.

El gobierno de EE.UU., donde cumplió 12 años de cárcel, decidió devolver al antiguo jefe criminal a Colombia. El prisionero advirtió que “hay actores poderosos en mi país que quieren desaparecerme”.

En un testimonio de Cepeda ante la Corte Suprema, en 2019, se conoció que había visitado a Mancuso en una cárcel norteamericana durante cinco horas, en las que este reveló sus reuniones con el entonces jefe de gobierno, quien habría pedido a la Casa Blanca que detuviera a sus antiguos socios para evitar que “implicaran a figuras de renombre en la vida política nacional, a empresarios y altos mandos militares”.

Con su retorno a Colombia, esos testimonios de hace una década serían determinantes si decide declarar contra Uribe.

Para caldear más el ambiente, se conoció mediante documentos desclasificados por el Departamento de Defensa de EE.UU., a los que el Archivo Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) tuvo acceso, que desde 2004 altos funcionarios de Washington estaban informados sobre las relaciones entre Uribe y las agrupaciones irregulares paramilitares.

Algunos cables destacan las comunicaciones entre el fallecido Peter Rodman, funcionario del Pentágono, y Donald Rumsfeld, para entonces secretario de Defensa del primer gobierno de George W. Bush, con el político colombiano, en el que es indicado como nexo con los narcotraficantes. Sin embargo, esa notificación no debilitó las relaciones entre los dos países.

Uribe y Bush hijo se convirtieron en los principales rostros del Plan Colombia, una estrategia que, al contrario de aquellas proyecciones del Pentágono, fortaleció al narcotráfico y al paramilitarismo.

Según el portal Misión Verdad, la droga es vital en el comercio entre Washington y Bogotá y valdría la pena preguntarse, apunta, si Uribe todavía es una pieza de valor para el Norte.