Dominicanos elegirán nuevas autoridades este domingo

Este 5 de julio, República Dominicana celebra elecciones generales extraordinarias para escoger un nuevo presidente, su vice y los miembros de la Asamblea Nacional, en medio de la pandemia del COVID-19 —que ya causó su suspensión el pasado mayo— y bajo la petulante sombra de Estados Unidos.

Del resultado de los votos de casi siete millones de dominicanos podría producirse un cambio político en el gobierno después de 16 años en poder del Partido de la Liberación Dominicano (PLD), según auguran fuentes políticas.

Los electores elegirán también a 32 senadores y 190 diputados.

Aun cuando el gobierno del presidente Danilo Medina levantó el Estado de Emergencia el pasado día 30, por la pandemia, en lo últimos 10 días el número de nuevos contagios varía entre los 400 y los 900 cada 24 horas. Las sumas desde que la COVID-19 asomó en la isla caribeña en febrero último indican que hay más de 35 000 contagiados y cerca de 800 fallecidos, aunque las cifras fluctúan.

En medio de críticas de algunos sectores sociales y políticos, los decisores de los comicios determinaron su celebración luego de su suspensión por la Junta Central Electoral (JCE) hace poco más de un mes debido a la pandemia. Si hubiese una segunda vuelta será el venidero 26 de julio.

Las elecciones vienen marcadas por la COVID-19 y la división interna del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) entre sus principales jefes, el presidente actual Danilo Medina y el ex, tres veces en el mismo cargo, Leonel Fernández, ahora con una agrupación propia. De ahí que exista la convicción, hasta cierto punto, de que el fraccionamiento del PLD pueda ser su ruina política, ante una evidente disminución en las intenciones de votos. En el mejor de los escenarios podría estar en una segunda vuelta, lo que no ocurría desde 1996.

Cuatro son los postulados con mayores posibilidades de ganar en una primera vuelta o de pasar a la segunda, aunque los porcentajes de intención, al parecer, ya decidieron el futuro mandatario. La mayoría del apoyo popular recaería —según encuestas realizadas hasta el pasado miércoles— en Luis Abinader (1967), político, economista y empresario que representa en la lid al Partido Revolucionario Moderno (PRM). Basó su campaña en la creación de un modelo económico que no etiquetó pero que promete “equilibrio entre el aumento material del crecimiento y la felicidad humana que causa el desarrollo”.

Aspirante por segunda vez a la primera magistratura, Abinader es presidente ejecutivo del Grupo ABICOR, encargado de desarrollar en el país proyectos turísticos, principal renglón económico de la República Dominicana. Tras denunciar una campaña sucia en su contra, dijo a sus seguidores que bajo su mandato, si gana, “construiré una visión innovadora de la democracia, centrada en el pluralismo, la diversidad y la participación, reforma y modernización de las instituciones estatales, fortaleciendo la transparencia, profesionalización, rendición de cuentas y eficiencia administrativa de todos los órganos del Estado”.

Abinader aseguró que ganaría en primera vuelta con un 69 % de las boletas favorables, tal como indican las encuestas de última hora.

El segundo colocado en intenciones de voto es Gonzalo Castillo Terrero (1960), titulado en Electrónica Industrial por el Instituto Politécnico Loyola. Inició su vida política en el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por el cual fue postulado. Tiene el respaldo del presidente Medina. Propietario de empresas, como el grupo de aviación Helidosa Aviation Group, y la empresa con servicios de aeroambulancia, con aviones y helicópteros, fue ministro de Obras Públicas entre 2012 y 2019.

Castillo aseguró que si obtiene la banda presidencial se enfocará en superar la crisis económica acrecentada por la COVID-19 mediante un sistema tributario simple con menos impuestos para atraer la inversión a ese país, que comparte con Haití la isla La Española.

Este aspirante también enfoca su política administrativa hacia los programas sociales, el sector de la salud, la calidad educativa y la seguridad ciudadana.

También lucha en la contienda Guillermo Moreno García, abogado y político que ocupó la procuraduría fiscal del distrito nacional, y lidera el partido Alianza País (ALPAIS) fundado en 2011, el que, según sus estatutos, “lucha por la justicia social, enfrentando las causas que prohíjan la desigualdad”. Ha intentado en cuatro ocasiones alzarse con la victorial presidencial desde el 2008. Moreno hizo una grave acusación a los restantes contendientes, ya que, opinó, él es el único que no es “financiado por grupos oligárquicos, corruptos ni por el narcotráfico”. Sus propuestas van encaminadas a la universalización del seguro familiar de salud, la reactivación de la economía a través de los recursos internos, la eliminación de los impuestos a las exportaciones y la potenciación de actividades económicas como la agropecuaria y la agroindustria.

Por último, pero sin muchas oportunidades —indican los números—, aparece el ex tres veces presidente del país Leonel Fernández Reyna, abogado, escritor, quien a los 67 años y tras abandonar el PLD por discrepancias con Medina fundó el partido Fuerza del Pueblo (FP). Posee, siempre según encuestas locales, el 15 % de preferencia popular.

Fernández propone en su plan de gobierno fortalecer el sistema sanitario mediante la prevención, frenar la propagación de la COVID-19 con el aumento de pruebas, construir y reparar viviendas, acueductos, plantas de tratamiento de aguas residuales y pozos pluviales. En su campaña afirmó que su país necesita que las elecciones las gane un líder que “guíe emocionalmente” y que hay “tareas inconclusas, hay que volver a trabajar en el fortalecimiento institucional del Estado social y democrático de Derecho”. Considera que República Dominicana “debe iniciar una nueva etapa de transformaciones, entre ellas combinar un modelo de trabajo intensivo con uno de capital fuerte y una poderosa base tecnológica”.

BAJO EL OJO DE ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos siempre ha sido una espada de Damocles sobre República Dominicana, como para el resto de las naciones de Latinoamérica y el Caribe. En 1916, los marines estadounidenses ocuparon esa nación e impusieron un gobierno militar que se prolongó hasta 1924. En 1965, la potencia mundial envió más de 40 000 soldados para reprimir un movimiento que buscaba restaurar el gobierno del derrocado presidente progresista Juan Bosh. El enfrentamiento dejó cerca de 3000 dominicanos muertos en desigual combate con los invasores.
Ahora, y de manera oficial, la presencia estadounidense se hace sentir de nuevo en los comicios de este domingo. En enero pasado, la embajada norteamericana en Santo Domingo divulgó un comunicado muy escueto: “Al gobierno de los Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) le complace apoyar a la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES, por sus siglas en inglés) para que provea asistencia técnica a la Junta Central Electoral”.
La IFES surgió hace más de 30 años y desde entonces supervisa los procesos comiciales en América Latina y el Caribe siempre que lo soliciten —advierte.

En su intervención en los asuntos internos de los dominicanos, el ente supervisor advirtió luego de la suspensión de las elecciones municipales por fallos técnicos, también este año, que en República Dominicana “el enfoque sigue siendo mejorar la transparencia e integridad del proceso”.

El 71 % de los recursos financieros de esta entidad supervisora y manipuladora procedió en 2018 de EE. UU. (unos 38 millones de dólares). La IFES forma parte de un consorcio, junto al Instituto Republicano Internacional y el Instituto Nacional Demócrata, y opera como un proyecto de la USAID, con oficinas en 81 países y acciones en 140. Se mueve con perfil bajo y un enfoque técnico y garantista, lo cual fue corroborado —aun sin referirse en específico a ese ente— en el discurso del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, el pasado 22 de enero en Jamaica, en el que dejó claro el papel de su país en el Caribe.
Pompeo indicó: “Siempre hemos estado así de cerca físicamente, pero los nuevos desafíos a nuestra soberanía y seguridad exigen que nos acerquemos aún más (…). Nuestras naciones tienen la obligación de trabajar en el interés de nuestra seguridad compartida”.

No podía faltar tampoco, para garantizar los intereses de la Casa Blanca, una misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, eficaz colaboradora en la renuncia del presidente legítimo y reelecto en Bolivia, Evo Morales, en noviembre pasado. Esta misión trabajará de manera virtual desde distintas naciones y está encabezada por el exmandatario chileno Eduardo Frei, y en el terreno será liderada por el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia, Francisco Guerrero.
Estas serán unas elecciones diferentes, bajo la crisis de la COVID-19, el presunto fin de la época del PLD —que gobernó de manera consecutiva desde 1996— y la mirada siempre peligrosa de EE. UU. Las urnas dirán la verdad en este singular proceso electoral.