Crisis social en Colombia impulsa paro nacional

El paro nacional que vive Colombia, nación suramericana aliada de Estados Unidos, es el resultado del impago de la inmensa deuda social de los gobiernos neoliberales y sus medidas económicas implantadas en las últimas décadas, sin que el gobierno de Juan Manuel Santos haya dado pasos concretos para pagarla.

Por el contrario, Santos, quien aspira a la reelección —exministro de defensa de su antecesor, el derechista Álvaro Uribe—, fomentó en su país la reciente reunión de la Alianza para el Pacífico, auspiciada por Washington en su afán de contrarrestar las organizaciones integracionistas surgidas en América Latina y el Caribe en los últimos 15 años, con provechosos resultados para gobiernos y pueblos de la región.

Cinco millones de campesinos, miles de mineros y cuatro millones de afrocolombianos integran el Movimiento para la Paz que convocó al paro nacional iniciado este lunes, al que se sumaron otros miles de trabajadores de diferentes sectores, incluido el estudiantil, afirman voceros de esa entidad.

Los hombres del campo solicitan acceso a la propiedad de las tierras que cultivan y viven y mejoras en la pésima situación de infraestructura para las familias rurales. Otros gremios y organizaciones sociales, unidas en esta protesta pública, reivindican sus derechos laborales y humanos.

El martes, millares de colombianos en representación de diversos sectores políticos y grandes movimientos sociales volvieron a las vías en medio de la huelga nacional empezada la víspera.

Al menos en cinco localidades de Bogotá, la capital, hay movilizaciones esta jornada. Aunque procedentes de distintas ramas de la economía y los servicios, las manifestaciones solicitan lo mismo: un cambio en la política económica gubernamental que, dado el compromiso de Santos con su aliado norteño, será imposible de cumplir, al menos por ahora.

También están previstas protestas en las localidades de Nariño, Santander, Cauca, Huila, Boyacá, Norte de Santander, Cartagena, y en el sur del Bolívar, donde las fuerzas sociales están en las calles desde que comenzó el paro nacional.

El actual estallido viene precedido de las protestas de los gremios cafetalero, de camioneros, y de los campesinos de Catacumbo, en el departamento Valle del Cauca, que hoy reanudan el diálogo con el oficialismo en aras de evitar que sus tierras les sean entregadas a las trasnacionales, luego de 54 días de protestas con saldo de varios muertos y heridos.

La fuerte represión ordenada por Santos, que a cualquier costo pretende mantener abiertas las carreteras del país, mantiene en las calles a miles de uniformados con órdenes de usar la fuerza para que las manifestaciones vayan más allá de protestas pacíficas.

Los llamamientos de los sindicatos y las organizaciones sociales han llevado a las vías también al personal de la salud pública —a los que el gobierno no paga salarios desde hace 36 meses— campesinos, camioneros, mineros, obreros, docentes, estudiantes que reclaman educación gratuita y otras ramas en las cuales se perciben con más fuerza los nefastos resultados del neoliberalismo en Colombia.

La Central Unitaria de Trabajadores emitió un comunicado precisando que la gran mayoría de los ciudadanos exigen un cambio en la situación que el gobierno "ha sumido al país por la imposición de sus nefastas, antisindicales y antipopulares políticas que en todos los órdenes no hace más que aplicar el recetario neoliberal imperialista".

A pesar de que el mandatario declaró que las protestas no han tenido consecuencias graves, en el Valle del Cauca hay detenidas 50 personas, según el movimiento Marcha Patriótica, que agrupa a más de dos mil organizaciones sociales. Entre los presos hay tres periodistas de la oficina de prensa de Marcha y de la Alianza de Medios y periodistas por la Paz.

En los departamentos de Meta y Huila, las autoridades públicas ofrecen recompensas de cinco mil dólares a aquellos que identifiquen a los jefes de las protestas, en tanto el Partido Comunista Colombiano denunció en Bogotá las continuas amenazas que reciben varios miembros de esa organización en el norteño departamento de Bolívar por parte de grupos paramilitares.

El sector de la Medicina es uno de los más golpeados por la política económica gubernamental. Aunque continúan prestando servicio para evitar el sufrimiento de la población, más de doscientos mil médicos, enfermeras/os y trabajadores de la salud, además de no recibir sus salarios en el último año y medio —alrededor de dos millones de dólares— también denuncian fraudes en los contratos, ignorancia oficial en los casos de corrupción en el sector y favorecimiento de empresas privadas gestoras de salud, además de carencia de medicamentos y equipos.

Las peticiones en el sector agrario son claras. Cafetaleros, paneleros, ganaderos, paperos y arroceros solicitan la implementación de medidas y acciones frente a la crisis que viven millares de personas dependientes de ese renglón fundamental de la economía.

Este grupo económico también solicita que se hagan inversiones sociales en las áreas rurales y urbanas en la salud, la educación, la vivienda, servicios públicos y vías, así como la garantía de sus derechos políticos.

Los transportistas, importante sector de la economía, exigen una política definida en cuanto a los combustibles. Ellos reclaman que los precios de la gasolina y los peajes cuestan más del doble de lo que el sector puede pagar. También instan al gobierno a que descentralice la Intendencia de Puertos y Transporte, un aparato burocrático que solo, dicen, causan problemas al ramo.

De nuevo llama la atención que las llamadas Mesas de Concertación instauradas por el gobierno durante estos últimos meses para tratar de llegar a acuerdos con los sindicatos y organizaciones políticas no consiguen un diálogo fructífero con sus interlocutores, por lo cual la única solución viable para estos grupos es la movilización callejera que obligue al oficialismo a la toma concreta de decisiones.

Mientras, la gran prensa colombiana oculta la realidad de lo que está ocurriendo en la nación, pero las organizaciones políticas y sociales han roto el bloqueo mediático de las grandes corporaciones de la prensa mediante el uso de las redes sociales, que llevan al mundo la realidad colombiana.