¿Crisis sin fin en Haití?

Haití es una nación donde las crisis políticas son casi continuas, debido a la situación económica y social en que vive la mayoría de sus 11 millones de habitantes, y la actual coyuntura mantiene en zozobra a una población que se niega a abandonar las protestas hasta que renuncie el presidente Jovenal Moïse.

Desde hace varias semanas, miles de haitianos tomaron las calles de las principales localidades del país, y en especial Puerto Príncipe, la capital, donde la represión ya dejó numerosos heridos.

A pesar de la presión ejercida por diversos sectores para que Moïse (1968), del derechista Partido Haitiano Tet Kale (PHTK), abandone el gobierno, puesto que el pasado 7 de febrero se cumplía, según la Constitución Nacional, el tiempo marcado para ser sustituido, ese día el mandatario declaró que no dejaría el cargo y viajó tranquilamente para asistir a una festividad.

Las manifestaciones públicas en Haití son cíclicas, pues la mayoría de los empleos son informales y la subsistencia de la población depende de las ventas. Por tanto, detienen sus actividades unos días y luego vuelve a prenderse la chispa de la rebelión por otro tiempo.

En esta última etapa, sin embargo, la población lleva en protesta más de tres semanas, hizo una huelga general de dos días y promete mantenerse el mayor tiempo posible en las calles. Hay que considerar que el Parlamento está cerrado desde hace un año por órdenes presidenciales.

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Según se esperaba, el pasado día 7 el mandatario debía, según partidos de oposición, organizaciones gremiales y la población en general, abandonar la presidencia, puesto que se cumplían cinco años de su asunción. Sin embargo, Moïse se negó a entregar el bastón de mando y a aceptar una comisión de transición gubernamental hasta tanto se efectúen elecciones generales. Por el contrario, afirmó que querían darle un golpe de Estado comandado por el sistema judicial, que le advirtió debía salir del Palacio de Gobierno.

El abogado haitiano Samuel Madistin aseguró hoy que el expediente por el cual apresaron a un juez, acusado de conspiración contra la seguridad interna del Estado, carece de fundamento jurídico.

Haití, que comparte con República Dominicana la parte más deprimida de la isla caribeña La Española, ha sufrido varias intervenciones militares de Estados Unidos — en gesto de injerencia absoluta sacó por la fuerza al exmandatario Jean-Bertrand Aristide— y carece de posibilidades de desarrollo propio. Ahora, se solidariza con Moïse, el infractor político.

Las contradicciones políticas, la desigualdad social, la pobreza que afecta a más de la mitad de sus 11 millones de habitantes, una naturaleza agreste, su posición geográfica que la ubica en el paso de huracanes, dictaduras de larga data, lo convierten en el país más pobre de América Latina.

Nunca llega la ayuda humanitaria a Haití. Ni cuando el terrible terremoto de 2010, que dejó miles de víctimas, se entregó a las autoridades el dinero prometido por grandes potencias y pequeños países. Tampoco salió bien la llegada de los soldados de Naciones Unidas, compuesta por elementos de varios países (cascos azules), que además de violar a mujeres y niñas haitianas, introdujeron el ébola en el país, con el resultado de miles de muertos.

El adinerado empresario agrícola, conocido como “platanito”, por exportar ese producto, se niega a abandonar la riqueza que le deja la presidencia de Haití y la que puede acumular más, pues la nueva Carta Magna daría sustanciosas prebendas al presidente.

Haití vive un nuevo período crítico en medio de la desesperanza de la miseria. Cada año escapan sus habitantes en busca de una perspectiva de vida. Sin embargo, son rechazados por su bajo nivel escolar, o por el hecho de ser negros, dado el racismo existente.

El interés presidencial en mantenerse en el máximo cargo político de la nación es alargar su estancia hasta 2022, para transformar la Constitución Nacional y delinear nuevos mandamientos que beneficien a la oligarquía y a la clase política de derecha. En primer lugar, para su propio beneficio.

Moïse se siente respaldado. El sábado pasado, según publica Le Nouvelliste, el jefe de la comisión de Exteriores del Congreso de Estados Unidos, Gregory Meeks, envió una carta firmada por otros seis representantes demócratas al jefe del Departamento de Estado, Antony Blinken, pidiendo que se le retirara el apoyo al presidente haitiano. Sin embargo, la administración de Joe Biden ya había dado su visto bueno a un año más del mandatario.

REPRESIÓN EN EL PALACIO

Moïse no se retiró de Palacio y con la presencia del jefe de la Unidad de Seguridad del edificio arrestó a 23 personas, entre ellas al juez de Casación Ivickel Dabrésil y a una inspectora policial, acusados de participar en un intento de golpe de Estado en su contra. Los arrestados fueron acusados de “conspiración contra la seguridad interna del Estado” y trasladados hacia la prisión civil de Croix-des-Bouquets, a unos 10 kilómetros al este de Puerto Príncipe.

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La víspera, los abogados defensores del juez obtuvieron una orden de liberación que no fue cumplida. La confirmación fue hecha por Marie-Yolène Gilles, integrante de la fundación de derechos humanos Je Klere.

El primer ministro, Joseph Jouthe ofreció de inmediato su versión a una radio local. Los detenidos, aseguró, habían contactado con altos cargos de la Policía del Palacio Nacional. La idea era detener al presidente, llevarlo a una casa de Petit Bois y facilitar la instalación de un sustituto provisional que hiciera la transición. Informó que se habían incautados cuatro fusiles M4, un mini Uzi y tres pistolas de nueve milímetros, junto a municiones, dos mil dólares y 30 mil gourdes (unos 400 dólares), un armamento risible para ejecutar un plan contra el mandatario.

Las asociaciones de magistrados haitianos exigieron al gobierno que libere a los detenidos, mientras organizaciones sociales acusan al ejecutivo de represión política.

La respuesta del mandatario fue la jubilación de tres jueces de la Corte de Casación, la mayor instancia judicial del país, entre los que figuraba Dabrésil y otros dos relacionados con la administración transitoria propuesta por la oposición, una acción que cuestionan expertos, pues los mandatos de los letrados son inamovibles.

Para los partidos opositores, aun con la actitud del presidente, la instalación del gobierno transitorio es inminente.

Con las fuerzas militares a su favor, observadores coinciden en que la situación política haitiana es muy peligrosa, ya que puede desatarse un alto nivel de represión y enfrentamientos entre las partes.

La agencia de noticias Prensa Latina aseguró este jueves: “Es solo cuestión de tiempo que Jovenal Moïse sea evacuado del Palacio Nacional y que el poder efectivo sea ejercido por el Joseph Mécène', dijo Danio Siriac, portavoz de la Dirección Política de la Oposición (Dirpod)”.

Dirpod consideró que el ciclo del jefe de gobierno ya concluyó, y sin la celebración de elecciones generales, Haití carece de un gobierno legítimo. Este grupo opositor está integrado por varios partidos políticos, organizaciones sociales, religiosas y el Poder Judicial, todas de acuerdo con la retirada de Moïse.

“No hubo elecciones cuando eran necesarias y, ahora que el mandato de cinco años del presidente terminó, hay que cubrir la vacante”, aseguró a una radio local el también integrante del partido Organización del Pueblo en Lucha. Para el abogado y presidente de la Fundación Je Klere, las acusaciones esgrimidas para encarcelar a los opositores carecen de fundamento jurídico y exige su liberación inmediata.

La oposición anunció en los últimos días que pretendía darle la presidencia interina a un juez de la Corte de Casación, una vez que lograran que Moïse renunciara al poder. Entre los magistrados citados estaba Dabrésil.

La crisis en Haití podría alargarse mientras el mandatario insista en seguir en el Palacio de Gobierno.

Este jueves, manifestantes marcharon para reclamar el fin de la dictadura, y fueron sistemáticamente reprimidos por la policía con gases lacrimógenos y disparos.
Al menos un periodista resultó levemente herido, al tiempo que agentes gasearon directamente a un equipo de prensa televisiva.

A pesar de que Haití es lo que puede catalogarse un país arruinado y violento, Moïse le cogió el gusto al poder, sin importarle, al parecer, el terrorífico panorama que deja la pandemia de la COVID-19, sin siquiera un sistema sanitario que la detenga o al menos atienda a los enfermos.

Hasta el pasado día 10 en Haití, sin un respaldo sanitario, la COVID-19 había contagiado a 11 969 personas y otros 246 habían fallecido.