Contexto peligroso en elecciones de El Salvador

El Salvador, el país más pequeño de América Latina, va a elecciones de medio tiempo el próximo día 28, envuelto en una crisis política entre poderes, mientras el asesinato de dos miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) recuerda los peores tiempos de la guerra civil y el odio.

Al frente del gobierno, Nayib Bukele, joven empresario que militaba en el FMLN, del cual fue expulsado —aunque por ese partido había ganado dos alcaldías— por discrepancias internas, desde entonces, se le consideraba un líder popular nato.

Un país agotado por la corrupción, los homicidios, la pobreza y otros males cuya génesis —coinciden analistas— hay que buscarla en la guerra librada en esa nación entre 1980 y 1993 que dejó 75 000 muertos y desaparecidos, más de 250 000 heridos, además de los desplazados forzosos.

El conflicto entre el FMLN y los sucesivos gobiernos salvadoreños del derechista partido ARENA comenzó, según indican varias fuentes, luego del asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero Arias, mientras oficiaba misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia.

 El asesinato es atribuido al exmayor Roberto d'Aubuisson, fundador del derechista ARENA. Al menos 16 religiosos de la Orden de los Jesuitas, entre ellos varias monjas, murieron de manera violenta en ese período por los llamados Escuadrones de la Muerte.

Después de tantos años de contienda y el retorno a una democracia precaria, pues durante años continuaron gobernando los conservadores, el FMLN ganó las presidenciales y colocó en la presidencia al periodista Mauricio Funes, luego acusado de corrupción.

Le sigue en el poder el presidente Salvador Cirén también del ex organismo militar, quien se vio atropellado por el Congreso Nacional que le evitaba legislar como estaba previsto en su programa de proyectos socio-económicos.

Para los salvadoreños, que buscaban como otros pueblos latinoamericanos un cambio en las políticas internas, apareció un joven (1981) con experiencia política que militó en el FMLN, y que había hecho notables gestiones en las dos alcaldías que ganó por ese partido izquierdista.

El 1 de junio de 2019 asumió Bukele como presidente, con un programa de transformaciones que deseaba escuchar el pueblo. Desde sus primeros meses mostró su desacuerdo con el Congreso Nacional, donde apenas su partido Nuevas Ideas posee 10 escaños, lo que le impedía legislar, aseguró, a favor del pueblo.

Las discrepancias con el cuerpo legislativo aumentaron e, incluso, tuvo diferencias con la Corte Constitucional, a la que acusó de servir a la Asamblea Legislativa al anular un decreto ejecutivo para regular la reapertura económica del país, cerrada a causa de la pandemia de la COVID-19.

Unos 1 760 salvadoreños murieron a causa del nuevo coronavirus, y 58 000 fueron contagiados hasta mediados de este mes.

En febrero del pasado año ocurrió la hecatombe. Un domingo de asueto, el mandatario citó a reunión al Parlamento y nadie apareció. En un rasgo de autoritarismo entró a la sede del órgano legislativo rodeado de soldados, y luego de rezar y ante un público que lo esperaba en las afueras, advirtió, entre sollozos, que le había consultado a Dios y este le había pedido paciencia.

No perdió oportunidad para acusar a los legisladores de querer darle un golpe de Estado y de desobedecerlo. Cuando salió a la calle, sus seguidores pedían la disolución del Congreso. Se dijo entonces que el mandatario había procurado eliminar el poder legislativo, pero lo pensó mejor y reculó.

Tales sucesos originaron que las relaciones entre los dos poderes se hicieran muy tensas. El estallido ocurrió este mes, a pocos días de los comicios, y cuando Nuevas Ideas marca el rumbo de los ganadores, varios diputados solicitaron a la presidencia la impugnación presidencial por insanidad mental.

Aunque la idea no prosperó, por la cercanía de los comicios y el número de afectados por la COVID-19, quedó pendiente para cuando culmine el proceso electoral, en el que serán designados los 84 diputados a la Asamblea Legislativa y los miembros de los Concejos Municipales de las 262 demarcaciones en las que está dividido el territorio nacional y que conforman los gobiernos locales.

Aunque Bukele confía en que su agrupación se hará de la mayoría de los cargos. Otro incidente, además del pedido de impugnación, salpica su imagen de manera negativa:

Hace poco más de una semana, dos miembros del FMLN murieron y cinco resultaron heridos tras ser tiroteados desde un automóvil, una acción inédita desde la firma de los acuerdos de paz, lo que dejó entrever una política de odio manejada por el mandatario contra la izquierda. Manifestación de esas ideas fue su separación del grupo de naciones que apoya al gobierno de Venezuela y su presidente legítimo Nicolás Maduro.

Desde el primer momento, la diputada del FMLN, Nidia Díaz, culpó de ello al “odio” fomentado por el dignatario, quien días antes había criticado los acuerdos de paz de 1992 entre el Ejército y el FMLN que pusieron fin a 12 años de guerra civil.

Tampoco calló el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz. El líder del FMLN llamó “mesiánico desquiciado” y “maniático” a Bukele y señaló que si volvía a haber un episodio como el del domingo, podría haber una reacción más directa. “Es como que yo esté parado aquí y de repente venga alguien. Yo no sé si voy a esperar a que me amenacen tres veces”.

Bukele, por su parte, acusó en Twitter al principal partido de oposición de politizar el tiroteo, lo cual resulta poco creíble.

Respecto a la maniobra de los parlamentarios para destituirlo, el mandatario está convencido de que “hubo un intento de golpe de Estado; en otros países solo lo llaman destitución del presidente, yo lo llamo golpe de Estado, pues están tratando de utilizarlo para resolver desavenencias políticas”.

Indicó también que “la Asamblea Legislativa está tratando de remover al presidente electo democráticamente. La oposición está retrocediendo a esos tiempos de guerra, nosotros no”, y añadió que “fue tanta la indignación de la gente por el intento de golpe de Estado, y por otro lado también fue grande el silencio: todos los que tenían interés en El Salvador desaparecieron en ese momento”.

De hecho, como si se tratara de una nave protectora, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el desprestigiado Luis Almagro, anunció que enviará una misión especial a El Salvador para evaluar la tensión política que vive el país de cara a la liza del 28.

“La Secretaría General de la OEA acepta las solicitudes de la República de El Salvador de enviar una misión especial a los efectos de evaluar la situación político-institucional y contribuir con la preservación y fortalecimiento del estado de derecho”, indica Almagro en sus redes sociales en las que asegura “su disposición a que la misión especial contribuya a facilitar el diálogo político”, lo cual significa un mensaje injerencista a los salvadoreños.

El pasado día 11, el mandatario aseguró en un encuentro privado con el cuerpo diplomático acreditado en San Salvador, que “no se puede confiar en los medios internacionales”, al desmentir a la agencia de noticias Associated Press (AP) que informó sobre su presunto viaje a Estados Unidos para solicitar una reunión con su homólogo Joseph Biden, quien no lo recibió.

“Eso es mentira, aquí está el jefe de misiones de Estados Unidos y lo puede corroborar”, afirmó Bukele, según la cuenta de Twitter de la Casa Presidencial que compartió las declaraciones del jefe de gobierno.

Este proceso electoral, en opinión de observadores, puede marcar un antes y un después para el presidente que verá fortalecidas o no sus bases partidistas, y alertan del peligro de un régimen autoritario, aunque disfruta de altos porcientos de popularidad, tal como indican incluso las encuestadoras.

En un país de esencias violentas hubo una buena noticia para una población asustada siempre por las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, y los escuadrones paramilitares: el 2020 cerró con 1 322 homicidios, casi la mitad de los ocurridos en 2019.

Las estadísticas fueron divulgadas por la Policía Nacional Civil, que estimó un promedio de 3.6 muertes diarias, por debajo de 2019, cuando se cometieron 2308 homicidios, con un promedio diario de 6,6 homicidios. Cuando Bukele asumió, la cifra ascendía a 8,91 muertes violentas cada 24 horas.

Las autoridades de seguridad atribuyen la baja a un plan de “control territorial” lanzado el pasado 20 de junio, basado en la concentración de más 7 000 miembros de la Policía y del Ejército en las localidades controladas por las pandillas para tratar de cortar las fuentes que las financian.

En este clima de tensión, si no ocurre otro incidente político, se celebrarán las elecciones que, según el jefe del gobierno, espera con ansiedad, pues él aspira, dijo, a ser el jefe político único de El Salvador.

Mientras, en el llamado Pulgarcito de América, miles de personas esperan con desesperación la llegada de la vacuna contra la COVID-19, que al menos aliviará los temores de morir por una pandemia.