El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, busca su reelección para los próximos cinco años y para ello cuenta con un altísimo apoyo popular gracias a determinadas medidas, criticadas por algunas voces e instituciones, pero que significan un cambio radical en el llamado Pulgarcito de América.
Aunque respaldado por una resolución de la Corte Constitucional para postularse, el fundador del partido Nuevas Ideas encontró una solución para cumplir con la ley. Su equipo legal anunció que en el último semestre anterior de su mandato Bukele pedirá una licencia o renunciará a su cargo para no contradecir ese inciso del artículo 152 de la Carta Magna.
Una encuesta de la Universidad Francisco Gavidia sobre preferencia electoral indica que Bukele y su compañero de fórmula, el actual vicepresidente Félix Ulloa, cuentan con casi el 87% de las intenciones de voto y pueden subir más.
Mientras, los candidatos de partidos tradicionales como la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el izquierdista FMLN –siempre según la investigación- cuentan con 4,3% y 2,8% respectivamente, en tanto otros como Nuestro Tiempo posee el 2% y Fuerza Solidaria el 1,5 % de posibles votantes.
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Mientras el oficialista Nuevas Ideas presenta varios programas respaldados por una población hasta hace más de un año sumida en la inseguridad y la violencia, la oposición salvadoreña no la logrado unirse y aunque lo hiciera la proporción de los eventuales sufragios es baja.
El partido liderado por Bukele inscrito bajo el estatuto ¨sin ideologías obsoletas¨ debe ganar, según previsiones, los próximos comicios, a pesar de las protestas de agrupaciones que, opinan observadores, en su momento no consiguieron resolver problemas puntuales del país, como propiciar seguridad a una ciudadanía hostigada por las pandillas Mara y Salvatrucha, ahora con más de 70 000 de sus miembros encarcelados luego de que se dictara el régimen de excepción.
Aunque esa medida levanta inquietudes en organizaciones de derechos humanos y algunos regímenes considerados democráticos por los posibles inocentes que cayeran en redadas, el gobierno ya liberó a más de 7 000 personas detenidas por confusión o exceso de los órganos militares. Asimismo, los órganos de justicia continúan la revisión de los casos.
Con el uso de las redes sociales que difunden el mensaje del gobierno "Los opositores quieren regresarnos al pasado, ¿lo vas a permitir?", el partido oficialista trata de captar a los 5 500 000 de votantes salvadoreños en los próximos cuatro meses.
A su favor también tiene Bukele y su Ejecutivo la felicitación de su pueblo y de organismos internacionales por las disposiciones adoptadas durante la pandemia de la Covid-19 y sus efectivos planes masivos de vacunación que salvaron millares de vidas.
¿QUIENES SON LOS OTROS CANDIDATOS?
No será Bukele el único candidato en los comicios que marcan significativos cambios en el sistema de gestión conocido hasta ahora.
Un año antes de que comenzara a funcionar la maquinaria renovadora, los legisladores –que también serán removidos o reelectos- aprobaron la modificación de la división política y administrativa del país. El número de municipios pasó de 262 a 44 y los asambleístas de 84 a 60. La población salvadoreña es de unos 6 000 000 de personas. Se estima que más de 2 500 000 emigraron antes del gobierno de Bukele a Estados Unidos (EE.UU.).
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Con la reforma solicitada por el Ejecutivo, y aceptada por el Parlamento, solo accederán a ese órgano los candidatos más votados, excluyendo a los antes favorecidos por el llamado ¨sistema de residuos¨ que beneficiaban a partidos pequeños con representación minoritaria.
A la presidencia aspiran, entre otros, por el derechista ARENA –que gobernó durante 20 años- los empresarios Joel Sánchez e Hilcia Bonilla, con un mensaje pro democracia considerado poco convincente.
El izquierdista FMLN lleva en su chapa a Manuel Flores, exalcalde y exdiputado de la Asamblea Legislativa; y Werner Marroquín, empresario residente en EE.UU..Esta fórmula se pronuncia a favor de las libertades y el Estado de Derecho, pero carga con los señalamientos de corrupción de sus únicos dos expresidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, quien niega las acusaciones en su contra.
Nuestro Tiempo, el más nuevo en la contienda, lleva en su tolda al abogado Luis Parada y a Celia Medrano, defensora de los derechos humanos.
RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN
En 2015, El Salvador fue catalogado como el país más violento del mundo, con una tasa de homicidios de 105 por cada 100 000 habitantes.
Veinte días después de asumir en 2019, el presidente impulsó el Plan Control Territorial respaldado por 575 000 000 de dólares, que logró un cambio en el manejo de la seguridad pública pero aún con los pandilleros Mara y Salvatrucha en las calles. En 2021, el ministro de Defensa nacional, René Monroy, afirmó que los homicidios descendieron a 18 por 100 000 ciudadanos.
Aunque reducidas, las matanzas de civiles continuaron. El 25 de marzo del pasado año, cuando el plan oficialista cumplía casi tres años, los pandilleros realizaron 87 asesinatos en un día. Cuarenta y ocho horas después, el mandatario solicitó a la Asamblea Legislativa que decretara el régimen de excepción y la depuración del órgano judicial, al que calificó de ¨cómplice del narcotráfico¨.
La medida permite la detención sin orden judicial, la ampliación del tiempo máximo de detención administrativa hasta 15 días, la intervención de las telecomunicaciones y varias reformas penales. Los homicidios a fines de 2022o cayeron a 7,8 % por cada 100 000 personas.
Este 2023, la tasa ronda 2,2 %, lo que define a El Salvador como uno de los países más seguros de América Latina, de acuerdo con datos oficiales. El pasado Julio fue el mes más seguro de la historia nacional.
A su vez, hubo un despliegue del Ejército y la Policía Nacional Civil en las comunidades de mayor peligro. Tras las rejas quedaron quienes poseían antecedentes penales pero también cualquiera sospechoso de pertenecer a pandillas.
Mientras sigue buscando delincuentes en los reductos, el gobierno anunció que habían 71 976 capturados, lo que permite a los salvadoreños mantenerse en los barrios donde antes era incluso imposible entrar. Ante los intentos de reagrupación de los bandidos en algunas zonas rurales, el gobierno intervino con cercos de seguridad.
A su vez, la Asamblea Legislativa creó 10 centros especializados en juicios colectivos a elementos de una misma célula terrorista y así agilizar los procesos probatorios de los delitos. Las penas de prisión también aumentaron hasta 30 años a los miembros de esos grupos y 60 años a sus líderes.
Ante el alto número de condenados, el gobierno inauguró en fecha reciente una megacárcel con capacidad para hasta 40 000 presos.
Una investigación de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en marzo último determinó que al menos ocho de cada 10 salvadoreños aprueban la continuidad del régimen de excepción.
Luego de la celebración perfecta de los recientes XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, Bukele anunció que su Plan de Control Territorial entra en una nueva fase estratégica para cerrar la brecha de pobreza en el país. Esta sexta parte denominada Integración está enfocada en las necesidades a medio y largo plazo de la población desfavorecida, con una inversión anual de 30 millones de dólares.
El mandatario anunció la creación de la Dirección Nacional de Integración, bajo el mando del argentino Alejandro Gutman, quien encabeza la organización no gubernamental Fundación Forever. Gutman tiene una experiencia de dos décadas en labores humanitarias en las comunidades más desfavorecidas de El Salvador, ayudando a miles de jóvenes a encontrar oportunidades de crecimiento.
El ministro de hacienda, Alejandro Zelaya, afirmó que el presupuesto de este año asciende a 8 902 700 de dólares, y de ellos más de 3 000 000 fueron destinados a la educación, la salud y la seguridad, o sea, el 39 %, y un 11,4 % del Producto Interno Bruto.
Parte de los programas sociales están respaldados con fondos procedentes de la Ley Crecer Juntos, la cual estableces que los recursos asignados para la primera infancia, niñez y adolescencia se incrementarán cada año.
También continuará la entrega de computadoras y tabletas digitales para todos los estudiantes del sistema público. También se ejecuta el proyecto Mi Nueva Escuela, con la construcción de centenares de aulas y centros de educación técnica y superior.
Aunque criticado en círculos económicos por el uso del bitcoin como moneda comercial y por EE.UU. por sus decisiones contra el terrorismo urbano,-incluidas sanciones a funcionarios locales- Bukele sigue contando con un respaldo público poco visto en la región centroamericana, infelizmente reconocida como epicentro de pobreza y violencia contra la que luchan ahora varios gobiernos de esa zona geográfica.
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