Bolivia ante huelga general indefinida por postergación de elecciones

El pueblo boliviano advirtió al gobierno de facto, presidido por la exsenadora Janine Áñez, que comenzará el próximo lunes una huelga general indefinida en rechazo a la nueva postergación de las elecciones generales que permitirán, según todo indica, el retorno del país a la legitimidad y la democracia.

El paro nacional fue acordado el pasado día 28 luego de una masiva concentración en la simbólica Senkata, en La Paz, la capital, lugar donde el 19 de noviembre pasado fuerzas militares realizaron una masacre contra los que protestaban por el golpe de Estado cívico-militar al presidente indígena Evo Morales, quien había renunciado días antes para evitar acciones violentas contra su pueblo.

Aunque en otras naciones no se comprende cómo miles de personas se someten a la posibilidad del contagio, los bolivianos refutan que ellos viven en dictadura, y por lo tanto sin posibilidades de sobrevivencia.

La concentración marchó de Senkata a la región de Ceja, donde celebró un cabildo multitudinario que acordó el paro nacional, sin fecha de terminación, en lo que analistas consideran el inicio de una nueva etapa en la lucha por el retorno de la democracia, organizado bajo la batuta de la poderosa Central Obrera Boliviana (COB), junto a las organizaciones sociales.

Ese día cobró fuerzas un pacto de unidad de las organizaciones obreras, indígenas y vecinales contra el régimen derechista de Áñez, quien se autoproclamó presidenta bajo el amparo de los fusiles de las Fuerzas Armadas y la biblia de la Iglesia Católica, instituciones que cooperaron de manera activa contra la institucionalidad del país.

Combativos, dispuestos a recobrar el sistema del buen vivir en las urnas, grandes sectores de la población se mantiene en las calles de las principales ciudades, en especial en La Paz, en espera de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) retroceda en su decisión de postergar los comicios del 6 de septiembre para el 18 de octubre.

Para la analista política Verónica Zapata, cada vez que se establece una fecha electoral, en simultáneo se hace pública una proyección de contagios por COVID-19 con picos que casualmente coinciden. Zapata precisó que la oficialista Agencia Boliviana de Información y el periódico Bolivia, que administra el gobierno, indicó en una nota que “Bolivia llegará a los picos máximos en septiembre, octubre y noviembre”.

La COB anunció que el paro solo concluirá el 6 de septiembre en las urnas, una jornada que marcará el fin, dicen encuestas, del régimen de facto.

Cuando asumió, sin votos y sin público, la autoproclamada dignataria dijo que una de sus primeras medidas sería la convocatoria a elecciones generales. El pronunciamiento fue una farsa. No solo se proclamó candidata, sino que en tres ocasiones, y para mantenerse mas tiempo en el Palacio de Quemado va postergando las elecciones mientras despliega la estrategia de proscribir al Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales y tratar de encarcelar, bajo falsas acusaciones, a su postulado a la presidencia, Luis Arce, y a su vice, David Choquehuanca.

Las encuestas realizadas hasta ahora indican que ese binomio ganará con ventaja frente a otros candidatos, entre ellos Áñez, con solo 4 % de preferencia entre los votantes.

Impedir que estos dos políticos, exministros en los gobiernos de Morales iniciados en 2005, resulten victoriosos es la prioridad de los asesores de Estados Unidos (EE. UU.) asentados en Bolivia, quienes orquestaron, dirigieron y financiaron el golpe de Estado.

El mandatario indígena y su equipo lograron que el Estado Plurinacional fuera uno de los más prósperos de América Latina y el Caribe, antes era considerado, hasta que asumió 14 años atrás, el segundo país más pobre de esta región, solo superado por Haití.

La victoria de Arce y Choquehuanca es la única posibilidad de la vuelta a una gobernación inclusiva, humanitaria, con grandes beneficios para la parte más vulnerable del pueblo, además de un farallón para impedir que EE. UU. y algunos de sus socios capitalistas roben el litio boliviano, altamente cotizado a nivel mundial.

Es muy posible que los involucrados en el golpe quieran ganar tiempo para articular un gran fraude al estilo de lo ocurrido en Honduras, dar un autogolpe militar y si no pueden cerrar la Asamblea Legislativa, gobernar solo mediante decretos y brindar una eventual fachada “democrática” a una dictadura. Se trata de evitar, con cualquier método, que el MAS retorne a la presidencia.

El objetivo estadounidense es consolidar allí un proyecto político neoliberal y un Estado terrorista, policial y militar a punta de pistola; con represión, persecución política y judicial, tortura, secuestros, encarcelamientos ilegales de dirigentes, militantes y todo aquel que reclame sus derechos o piense diferente.

Es muy posible que ante la resolución de la COB y sus federaciones y las organizaciones populares, EE. UU. y sus secuaces internos lleven a cabo planes de violencia con grupos militares, e incluso el asesinato de los principales líderes progresistas.

La huelga general indefinida, si el TSE sigue en sus trece, coincidirá con una semana de festejos prevista para celebrar el 195 de la independencia del país andino, en medio de la pandemia que mantiene los hospitales colapsados indicó el rotativo Los Tiempos, pero sin que ello reduzca, afirmó, los ánimos de los bloques de mujeres y hombres que preparan el bloqueo de carreteras.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, aseguró que el paro nacional terminará cuando el TSE acepte el 6 de septiembre como fecha máxima para los comicios, en los que el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales aparece como ganador.

Huarachi instó a la ciudadanía a que se abastezca con productos de la canasta familiar ante el cierre de las vías, aunque, precisó, las federaciones obreras coordinarán para evitar el desabastecimiento. Igualmente, el secretario de la COB expresó que está dispuesto a dialogar y escuchar al TSE, pero sin retroceder en el plan unitario que garantizaría, precisó, la recuperación de la democracia.

El TSE tuvo 72 horas para decidirse, y al no pronunciarse, al menos hasta el pasado jueves, dará paso a la rebeldía en los nueve departamentos de Bolivia.

Para Orlando Gutiérrez, secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros: “…están empezando a sonar los tambores de lucha y va a empezar a sonar el clarín de la victoria de los movimientos sociales del país”, expresó a una emisora local.

Ratificó que lo ocurrido el día 28: “Es una pequeña muestra de que los trabajadores estamos más unidos que nunca en contra de estos gobernantes, que son el peor error político de la historia de Bolivia”.

Para especialistas de salud, el problema interno más grave de Bolivia no es la COVID-19, que se manifiesta a nivel global, sino la incapacidad gubernamental de brindar la atención a la pandemia en el momento oportuno. A más de cuatro meses del inicio de la cuarentena, el 22 de marzo pasado, Bolivia aún espera los 500 respiradores prometidos por los distintos ministros de Salud que pasaron por el gobierno de facto. No hay medicinas y la población acude al uso de yerbas medicinales como el wira wira y el eucalipto, y la medicina ancestral, según fuentes médicas.

El pasado día 29 de julio, había 72 327 casos de infectados y 2720 fallecidos a causa de la letal enfermedad.

El régimen de facto politizó la COVID-19 y ahora acusa a los dirigentes políticos opositores de organizar marchas para expandir el contagio.

Sin embargo, hay coincidencia en medios sanitarios de que Áñez y su equipo no abastecieron de insumos y respiradores a los hospitales en el momento adecuado, carentes además de médicos, enfermeros y técnicos para atender a los enfermos.  Incluso, sus huestes amenazaron de muerte a esos profesionales y mantuvieron bajo arresto varias horas a la dirección de la brigada médica caribeña.

Especialistas en el tema electoral consideran que el TSE solo cumple órdenes de la usurpadora, pues según la Constitución del Estado, el camino legal para un cambio de fecha electoral debe pasar por la Asamblea Nacional Plurinacional, y esta promulgar una ley para modificar otra. La decisión del Tribunal fue unilateral y, por tanto, carece de validez.

La historia de Bolivia demuestra que es la nación suramericana que sufrió más dictaduras en su historia, pero también demuestra que sus habitantes, en especial sus pueblos indígenas, poseen una cultura de resistencia de más de 500 años. Áñez y sus jefes del norte no serán quienes rompan esa tradición.