A menos de un mes de asumir el gobierno progresista del Frente para Todos (FpT), Argentina vive días de esperanza, tras conocerse un despliegue de medidas oficiales dirigidas a aliviar la tensión del tejido social de la nación, agobiada y traumatizada por cuatro años de fallido neoliberalismo.
El nuevo gobierno de los peronistas Alberto Fernández, como presidente, y su vice Cristina Fernández, —política de gran experiencia con dos mandatos al frente de la nación— está tratando desde el pasado 10 de diciembre, cuando ocurrió el cambio de mando, de resolver los problemas más acuciantes de la economía para garantizar, al menos, la alimentación de los empobrecidos y sacar al país del atolladero donde lo incrustó el derechista Mauricio Macri.
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Muchos se han sorprendido de la rapidez de la dupla, que en sus primeras acciones buscaron inyectar dinero en los sectores más vulnerables y devolver la recuperación del poder adquisitivo a la clase media. A ello se unen las acciones a favor de las pequeñas y medianas empresas. Es una cadena: el consumo se dispara y los llamados emprendedores vuelven a general los miles de puestos de trabajo perdidos debido a las bajas ventas.
Una de las primeras acciones de los Fernández, como les llama el pueblo que les dio los máximos cargos con un 48 % de los votos en las elecciones generales del pasado 27 de octubre, fue dictar la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, constituir un pacto social de los sectores provechosos, grandes empresarios, sindicatos, organizaciones sociales. Se estima que pronto habrá nuevos anuncios que seguirán marcando la diferencia.
Macri dejó el país, otrora llamado el granero del mundo, en las peores condiciones económicas posibles, con una deuda de 56 000 300 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), una inflación del 50 % anual, 15,9 millones de pobres —según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica—mientras el desempleo afecta a casi dos millones de ciudadanos.
Una de las más sólidas economías suramericanas quedó despedazada por el fracasado proceso neoliberal, el que se detuvo cuando el fallecido presidente Néstor Kirchner debió hacer en 2006 lo mismo que ahora Alberto y su viuda Cristina: eliminar la deuda y en cuatro años, si no hay reelección, equilibrar la economía y restaurar las pérdidas económicas y sociales acumuladas por el multimillonario exmandatario.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un informe para analizar las medidas de los primeros días del gobierno progresista y calcula que un volumen absoluto de 102 000 millones de pesos (moneda nacional) irán al consumo a partir de los bonos a los jubilados y los beneficiaros de asignaciones familiares, el programa de tarjeta de alimentos, y el bono para los asalariados del sector privado y público.
El CEPA recordó que este primer impulso económico busca la recuperación de los empleados despedidos en el llamado sector Pyme (son en conjunto cerca de 92 000 empresas pequeñas y medianas) con menos de 100 trabajadores.
Estos dictados gubernamentales, que permitieron un respiro a las familias más pobres en las fiestas navideñas y la esperanza en el futuro cercano, van asociados a un esquema de recaudación diferente para mejorar la progresividad tributaria, como son la revisión de los impuestos por derechos de exportación, bienes personales, compra de divisa extranjera y contribuciones patronales.
Tanto Alberto —que fue jefe de gabinete del presidente Kirchner— como Cristina aseguraron durante la campaña electoral que trabajarán para la gente más pobre, y así lo hacen en medio de una compleja escena económica.
Uno de cada dos niños argentinos es pobre, según dijo el presidente, y pasa hambre, lo cual, expresó, no debía ocurrir cuando el país produce para unas 400 millones de personas y la población argentina es de 40 millones.
Los jubilados, entre los más perjudicados por el neoliberalismo, recibieron un bono de 5 000 pesos de la mínima en diciembre y enero. Esta acción beneficiará a 2 765 708 ciudadanos. A quienes cobren hasta 19 068 pesos, otras 580 000 personas, se les asignará un monto proporcional.
Por ese concepto, el Estado erogó 15 282 millones de pesos.
Otra disposición ampara a otros casi 4 000 000 de favorecidos por la Asociación Universal por Hijo, con un aumento de 2 000 pesos.
En estos primeros días de gobierno, también quedó implantada la tarjeta de alimentos —solo se usará para artículos en ese rubro— que recibirán quienes tienen hijos menores de seis años. El monto es de entre 4 000 y 6 000 pesos, según el número de descendientes. El Estado destinó 4 410 millones de pesos mensuales a este rubro.
Además, todos los agraciados de planes sociales recibirán 700 pesos por concepto de devaluación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el congelamiento de las tarifas de servicios y transporte público por seis meses, y la retracción de un 8 % para gastos en medicamentos.
La clase media también salió ganando en estas partidas, pues las medidas del macrismo también les perjudicaron, en especial, en la pérdida de empleos.
Aunque sin fecha precisa de aplicación, se calcula por organismos económicos que los ocupados por el sector privado registrado cobrarán entre 6 000 a 9 000 pesos más en el primer trimestre de este año.
Otras iniciativas gubernamentales para darle un impulso al consumo social es la reducción de la tasa de interés desde el Banco Central argentino, que impactará en el costo de financiamiento de las tarjetas de crédito y la reimplantación de la devolución del IVA en las de débito.
AYUDA A LAS EMPRESAS MÁS PEQUEÑAS
Las pyme —acrónimo de pequeña y mediana empresa— fueron uno de los sectores más castigados por el neoliberalismo de Macri. Y ahora son rescatados por el gobierno progresista que asumió hace menos de un mes.
Estas entidades —más de dos millones en Argentina— recibieron una moratoria gubernamental para condonar multas de intereses de deudas impositivas y de seguridad social por valor de 440 000 millones de pesos.
A ello se adiciona que el Banco Central redujo la tasa de interés de referencia para ese sector, y otra medida es que las empresas con menos de 25 trabajadores recibirán una detracción en sus contribuciones patronales de hasta 10 000 pesos mensuales.
Otra situación favorable ocurre con muchas agrupaciones de las economías regionales e industriales, que tendrán una alícuota del 5 % para derechos de exportación, un monto inferior al tributado hasta ahora.
Es decir, además de elevar el nivel de vida de millones de ciudadanos, el gobierno también da un respiro por seis meses a las empresas en sus costos.
Aunque este año Argentina y su nuevo gobierno estarán signados por las lógicas tensiones de los muchos objetivos planteados, analistas coinciden en que la dirección del Frente para Todos posiblemente usará el consenso como mecanismo de su política.
El anterior régimen de derecha utilizaba lo que llamaba diálogo no vinculante a las decisiones que tomaba, además de que dejaba fuera a los distintos sectores de la sociedad.
COMPROMISO CON EL PUEBLO ARGENTINO
Sin perder un minuto desde que pisó la Casa Rosa como presidente, Fernández promulgó días después de su asunción la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, tras ser aprobada en el senado que lidera su vice Cristina Fernández.
El documento decreta emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y delega facultades al Poder Ejecutivo para hacer cambios en todas esas áreas.
Mediante esa norma, el Ejecutivo podrá revisar el cuadro tarifario del sistema energético e intervenir los entes reguladores del gas y la electricidad. Uno de los mayores rechazos al gobierno de Macri fue la subida excesiva de esos servicios básicos, imposibles de pagar por gran parte del tejido social.
La ley contempla un Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria que regirá durante cinco años y consiste en un tributo para la compra de dólares para atesoramiento, compras en el exterior, compra de servicios que operan en el extranjero, y compra de pasajes para viajar fuera del país.
El 70 % de esa carga —afirmó el diario La Nación— será destinada a la seguridad social y el otro 30 % a obras de infraestructura.
El gobierno se blinda para llevar adelante las nuevas medidas y para que tengan buen término se reunió con distintos actores políticos y sociales para fomentar un pacto que priorice la alimentación de todos los argentinos.
De manera unánime, los sindicatos y empresariado conversaron con el mandatario. Entre los presentes estaban el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, el presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, y el cotitular de la Central General de los Trabajadores, Héctor Daer. Al finalizar el encuentro, esos tres grandes grupos mostraron su satisfacción por la firma del acuerdo multisectorial “Compromiso Argentino por el Desarrollo y la Solidaridad”.
En la cita también participaron referentes de organizaciones sociales, que mantuvieron un firme rechazo en las calles a las reformas neoliberales mientras aliviaron la pobreza en los barrios marginales con las ollas populares.
Resumen Latinoamericano refirió que en conferencia de prensa Arroyo destacó que la firma del documento es el primer paso para la construcción del Consejo Económico y Social que tendrá como principal objetivo alcanzar acuerdos para el combate contra el hambre y la falta de trabajo, a partir de apuntalar el desarrollo y generar solidaridad para atender los temas centrales a resolver y que no pueden esperar más tiempo.
Daer, según la publicación, afirmó que “Es un hecho inédito en los últimos años de la Argentina y es que estén en una misma mesa todos los que tienen que ver con la producción, el trabajo y la organización social, los que le ponen el cuerpo para trabajar en la Argentina, y el Estado, y que hayan firmado un compromiso con un conjunto de lineamientos significativos”, y señaló que a partir de ahora, se inaugura formalmente una “etapa de diálogo y trabajo conjunto” para “atender y resolver lo urgente” de la agenda social y productiva.
Respecto a la deuda contraída por Macri con el Fondo Monetario Internacional, incluso antes de asumir Fernández estableció contacto con los jefes de ese organismo y les dejó esclarecido que pagará la deuda del país, pero sin afectar a la población.
Según la cadena multinacional Telesur, el mandatario expresó que “No me presten más plata, pero déjenme desarrollarme, para poder pagarles (...) discutamos el tiempo que necesito para volver a poner en marcha la economía, pero no me den más plata”, en alusión a los 12 000 millones de dólares pendientes de desembolsar por el FMI, en el marco del crédito concedido al régimen anterior.
En declaraciones públicas, Fernández aclaró que “No voy a firmar acuerdos que no podemos cumplir. Eso ya lo hizo Macri. Con el FMI voy a firmar un único acuerdo y la primera regla es dejar de pedir dinero. Necesitamos reactivar la economía para poder pagar y resolver el problema de la deuda con sensatez”.
Argentina debe al FMI 44 000 millones de dólares, cifra que desembolsó ese organismo del préstamo solicitado ascendente a 56 000 300 millones de billetes verdes.
Desde el pasado 10 de diciembre, cuando Argentina vio de nuevo la esperanza, retornó la calma a los mercados financieros. Las colocaciones de dólares en las entidades financieras subieron 750 millones y las reservas del Banco Central 1 300 millones.
Otros problemas heredados subsisten, como el alza inflacionaria, la alta cotización del dólar, el riesgo-país, pero con las medidas adoptadas y las muchísimas por venir, está la posibilidad de un equilibrio, si dejan gobernar en paz a la dupla peronista.
El gobierno Fernández-Fernández está consciente de que el camino a recorrer para recobrar índices estables y que permitan una mejor calidad de vida de los más vulnerables es largo y arduo. Pero en menos de un mes la dupla peronista ha removido los cimientos de una nación estancada por un régimen donde lo único priorizado era el enriquecimiento de pocos para sufrimiento de muchos.
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